El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, denunció el lunes que los recientes cambios impulsados en la legislatura en contra de la legislación laboral protectora del trabajo vigente sólo lograrán dejar desprovista y en condiciones de miseria a futuras generaciones.

'Serán nuestros hijos e hijas, nietos y nietas los que se principalmente se afectarán con los recortes en la legislación laboral que impulsa el gobierno. Los primeros que se afectarán serán nuestros jóvenes, quienes esperan terminar de estudiar o hacer una carrera universitaria esperanzados en encontrar un trabajo con buenas condiciones laborales. Pero también se afectarán los actuales empleados, quienes en caso de perder su empleo o moverse a otro empleo tendrán que comenzar con menos beneficios', puntualizó Figueroa Jaramillo en declaraciones escritas.

Según el líder sindical las intenciones de restar cada vez más derechos a los trabajadores como son menos días por enfermedad, vacaciones o bono navideño, entre otros, 'es parte de una visión de mundo que comenzó hace una década y que los políticos de turno desean implementar con mayor fuerza, cuyas consecuencias serán llevar a la miseria a los asalariados para favorecer a los patronos a quienes les otorgan casa vez más beneficios, ya sean contributivos o de garantía de una mano de obra barata y con menos derechos'.

El dirigente de la UTIER instó a padres y madres, abuelos y abuelas a velar por el futuro de sus hijos e hijas, nietos y nietas y a que rechacen esa nueva legislación laboral para que sus descendencias no tengan que sufrir la tragedia de emigrar porque no consiguen un trabajo digno que les ofrezca buenas condiciones de trabajo. Instó además a que de aprobarse estas medidas por encima del reclamo del pueblo trabajador, 'nos organicemos para que sean derogadas igual que lo han sido otras leyes injustas'.

Por otro lado, el presidente de la organización Servidores Públicos Populares, Juan Vega, se expresó indignado en comunicado de prensa por la aprobación relámpago de la reforma en la Cámara de Representantes.

'Para nosotros como organización que reúne a compañeros servidores públicos, muchos de los cuales tenemos familia, esposos, esposas o hijos que laboran en el sector privado, la aprobación por parte de la legislatura PNP de este proyecto es un golpe doble porque sabemos lo nefasto que será el ambiente laboral para los miles de puertorriqueños que trabajan en el sector privado y además esto tendrá unas implicaciones para los servidores públicos aún insospechadas', afirmó el líder de la mencionada organización.

Vega dijo además que, 'Este gobierno hoy deja claro cuales son sus prioridades y lamentablemente los trabajadores y trabajadoras puertorriqueños no estamos en esa lista. Hoy se ha aprobado eliminar derechos que hemos ganado a través de luchas históricas, se ha creado la base para un ambiente laboral totalmente desfavorable y hostil para la clase trabajadora del país. Los compañeros trabajadores del sector privado tendrán más carga laboral, menos espacios para ser compensados y mayores riesgos de perder sus empleos por los beneficios que un 'turn over' de empleados fomentado por esta medida, traerá para los patronos'.

Finalmente, hizo un llamado a todos los trabajadores. 'Todos tenemos el deber de unirnos y combatir por todos los medios el que se continúe atacando nuestra seguridad de empleo y peor aún: el desarrollo económico de Puerto Rico', concluyó.

De otro lado, organizaciones laborales del sector privado también se unieron al reclamo contra la iniciativa de la Administración Rosselló.

El MSS, sindicato que organiza cientos de trabajadores de la empresa privada en Pepsi, Coca-Cola y Partners Business Services, expresó en comunicado de prensa a través de su presidente, José Rodríguez Vélez, que 'los políticos, siguiendo los deseos de la Cámara de Comercio, la Asociación de Restaurantes (ASORE), MIDA, la Asociación de Industriales y demás secuaces, así como los de la Junta de Control Fiscal, nos atacan con fuerza con la intención de hacerse más ricos con nuestro trabajo'.

'Cómo es posible que reducir el bono de Navidad, los días por enfermedad, los días por vacaciones, aumentar el periodo probatorio y despedir sin justificación, entre otras cosas, van a aumentar el empleo y mejorar la economía? Eso no tan solo no es cierto, sino que tendrá el efecto de contraer la economía aún más. Es evidente que este proyecto de ley está hecho a ojos cerrados para el beneficio exclusivo de los patronos en Puerto Rico', indicó Rodríguez.

Por su parte, Ismael Rivera, vicepresidente del sindicato explicó que 'el proyecto enmienda o deroga unas 12 leyes que protegen derechos de las y los trabajadores del país. Este regalo que le hace el gobierno a la Coalición del Sector Privado lo tenemos que enfrentar sin miedo y sin resignarnos a esta triste realidad'.

Rivera finalizó diciendo que 'la respuesta a la Reforma es defender lo que tenemos y recuperar lo que nos robarán de la manera más militante y creativa posible. Esto incluye dos cosas: organizarse con una unión en cada centro de trabajo privado con el fin de negociar un convenio, y presionar en sus negocios a los organismos patronales que hoy se frotan las manos saboreando una victoria para sus bolsillos a costa de nuestro empobrecimiento'.

Mientras,Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico también alzó su voz contra la llamada reforma.

'Estamos ante un andamiaje bien orquestado con la empresa privada para hacer de la clase trabajadora en Puerto Rico una mano de obra barata y sin derechos. Ya la Cámara aprobó la reforma laboral en detrimento de los trabajadores de la empresa privada, eliminándole derechos y ahora se encamina hacia la aprobación del 'empleador único' que también elimina derechos a los empleados públicos. Todo sin ni siquiera escuchar los planteamientos del sector afectado con estas imposiciones anti obreras', dijo xpresó Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.

González esbozó las serias preocupaciones que tienen con el proyecto de ley del empleador único, destacando lo siguiente: ' Los empleados nuevos en el gobierno verán reducidos sus derechos de vacaciones y enfermedad; de un plumazo perderán seis días de vacaciones y seis días de enfermedad anuales. Los días de enfermedad los acumularán luego de los primeros tres meses de trabajo. Este es el verdadero propósito del concepto de empleador único, eliminar derechos a los trabajadores del sector público. Esto lo tenía bien escondido en este proyecto. El Gobierno a consciencia están creando dos clases de empleados públicos, violentando el derecho a igual paga por igual trabajo, públicamente dicen una cosa y en cuartos oscuros hacen otra en detrimento de la clase obrera de P.R.'.

SPU también expresó suspicacia respecto al hecho de que el Gobierno puede determinar que un servicio ya no lo dará el gobierno y lo pase al sector privado bajo el derecho que ahora tendría el gobierno con la propuesta de ley del empleador único. 'Esto provocaría que este empleado publico que daba el servicio en la agencia del gobierno ya no es necesario y bajo el concepto de movilidad lo pasan a la empresa privada que ahora dara el servicio que una vez dio el gobierno, entiéndase organizaciones sin fines de lucro y APP, eliminando así sus derechos y beneficios. Este empleado que fue movido comenzaría como nuevo en el sector privado y bajo las condiciones de esclavitud que propone la mala llamada Reforma Laboral que aprobó el sábado la Cámara de Representantes. De esto es lo que estamos hablando', denunció la líder sindical.