La Contraloría de Puerto Rico reveló que, al 30 de junio de 2015, solamente el 10 por ciento de las corporaciones públicas y la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico cumplieron con los criterios del Programa de Control Interno y de Prevención (PROCIP); 13 por ciento de las entidades cumplieron sustancialmente y 68 por ciento no cumplieron.

Según la contralora, Yesmín Valdivieso, las cuatro agencias que cumplieron son: la Administración de Terrenos de Puerto Rico, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, la Compañía de Fomento Industrial y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico. Entre las nueve que cumplieron sustancialmente se destaca, la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, la Administración Central de la UPR, y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico. Entre las 27 agencias que no cumplieron se menciona la Administración de los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Los resultados revelan que el 94 por ciento del presupuesto, $9,538 millones de para el año fiscal 2014-15, fue administrado por las 27 entidades que no cumplieron con lo establecido por el Programa.

A nivel general, la evaluación efectuada a las 116 entidades públicas reveló que solamente 23 de ellas cumplieron con los criterios de control interno, según establecido por el PROCIP, 36 cumplieron sustancialmente y 57 entidades no cumplieron.

Este programa tiene el propósito de verificar la implantación de medidas de control interno que protejan y aseguren que la propiedad y los fondos públicos se utilicen para el fin que fueron destinados. Además, busca que las entidades establezcan medidas anticorrupción que desalienten el mal uso de los recursos del Gobierno.

Los criterios de control interno del PROCIP se clasifican en: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Los resultados de la evaluación son independientes del resultado de las auditorías en proceso o que realice en el futuro sobre el uso de la propiedad y de los fondos públicos.