La defensa de los acusados en el caso que inició hoy, miercoles, el Departamento de Justicia (DJ) contra el exsuperintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez Quiles, y otros 10, logró aplazar el litigio hasta el 18 de noviembre luego de plantear a la jueza Ileana Blanco que el Ministerio Público no proveyó oportunidad para examinar la prueba existente.

De todos modos, los abogados de los imputados insistieron que el caso se trata de una cacería de brujas encaminada por el DJ que a pocos días de las elecciones busca descarrilar la campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP).

'La juez entendió propio que debíamos formular nuestros planteamientos por escrito que deberíamos examinar la documentación que tiene el Ministerio Público. Tenían que replicar a nuestra petición y lo que redundó todo esto es que lo que ellos querían, que es que se viera antes de las elecciones, no se les dio', manifestó el licenciado Pablo Colón a su salida de la sala de investigaciones del tribunal de primera instancia de San Juan.

El propio Velázquez Quiles hizo eco de las denuncias de su abogado al tiempo que aseguró el caso no prosperará. 'Yo lo que creo es que esto es un montaje político que se hace el mismo día que hay un debate de los candidatos a gobernador, sin duda tratando de influenciar el resultado de las elecciones a nivel Isla, y en el caso de Ponce, tratando de afectar también la imagen de la alcaldesa. El caso ya comenzó a caerse, vamos a estar viéndolo los próximos días. Estoy bien satisfecho con la representación legal, con el trabajo que están haciendo, y estoy seguro que vamos a prevalecer', dijo el ahora exadministrador de Ponce.

Mientras la fiscal del caso, Wilda Nin Pacheco, aseguró que contestarían la orden de la juez Ileana Blanco y explicó que el caso en si se concentra en violaciones a la ley 222 para el Financiamiento y Fiscalización de Campañas Políticas, que incurrió la campaña electoral de Velázquez Quiles en el 2012. 'Hay un deber en los comités de campaña de hacer unos informes sobre los recaudos que se reciben. Aquí hubo recaudos que no se informaron, hubo recaudos que son completamente ilegales que tampoco se informaron y hay corporaciones que no podían dar donativos porque lo prohibía la ley, y pues ese tipo de cosa está en este caso', resumió la también jefa de la División de Integridad Pública del DJ.

Los hechos remontan al 2012 cuando Velázquez Quiles aspiró infructuosamente al Senado por el distrito de Ponce bajo la insignia de la Palma. Según la Oficina del Contralor Electoral (OCE), sus recaudos de campaña sumaban a $506,458, lo que lo posiciona como el octavo candidato que más donativos recibió en ese ciclo electoral.

El DJ alega que Velázquez Quiles recibió donativos en exceso por parte de corporaciones que en un momento rindieron servicios al Capitolio mientras era superintendente, acción que representa una violación a la ley 222. Nin Pacheco señaló que del total recaudado más de $150,000 fue donado de manera ilegal. Además alegan que Velázquez Quiles usó las facilidades del edificio de Medicina Tropical para realizar trabajos de su campaña senatorial.

Las denuncias por los donativos se desprenden del extesorero de la campaña del exsuperintendente, José Colón Figueroa, quien testificará por el Ministerio Público. Sin embargo a juicio del licenciado Colón, este testigo podría en vez servir para exculpar a su cliente al insistir que existe más prueba de este tipo que en su tiempo revelarán.

Entretanto,Lucille Borges, defensa legal del empresario Juan Manuel Rexach, quien enfrenta cargos por donar como ejecutivo de una corporación, resaltó que su cliente no violó el límite de donativo establecido por la ley 222 y el señalamiento en su contra se fundamenta en que emitió un cheque a nombre de su corporación. 'No se imputa que él haya actuado en concierto y común acuerdo para que le ofrecieran algo a cambio de determinado dinero. Aquí no hay un esquema de corrupción como han tratado de hacer ver. De hecho me parece absurdo que si una persona se está beneficiando en este caso con Eliezer, que es uno de los acusados, le dé meramente 500 dólares, que es lo que se imputa, cuando mínimo le puede dar hasta $2,600 o más ilegalmente' sentenció.

Mientras, el abogado de Luis Ruiz Quirindongo, el liceciado Ramón Parga Cuevas, arremetió contra el DJ al sostener que llevaron el caso 'sin madurar' y sin seguir el debido proceso de ley al no honrar el derecho que tienen los acusados a ser notificados de los cargos en su contra. 'Aquí hubo citaciones que se diligenciaron ayer abusivamente y sin indicarle a los sospechosos los artículos que se iban a radicar en términos del código penal y el código electoral en el día de hoy. Entonces se traen aquí hoy como reses a un matadero para someterlos a un proceso que es selectivamente abusivo y que en estas circunstancias viola el debido proceso de ley de los acusados', exclamó Parga Cuevas.