Más de medio centenar de profesores pertenecientes a las tres escuelas de Derecho en Puerto Rico solicitaron al gobernador Alejandro García Padilla vetar el proyecto del Senado 1621, que pretende privilegiar a personas que han construido casas de veraneo ilegales, permitiendo su permanencia sobre terrenos de dominio público a orillas de la Parguera, en el municipio de Lajas.

A ellos se suman las peticiones de la comunidad científica,Gerenciales Asociados del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (GEA-DRNA), pescadores, políticos, y más.

En carta suscrita por miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Pontifica Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), estos alertaron que de aprobarse esta legislación, se establecería 'un precedente fatal para el País, para nuestro patrimonio público y para nuestro estado de derecho',conformándose a la vez 'una tendencia irreversible de privatización de áreas públicas, de eliminación del acceso a los bienes de uso público y de la pérdida irreversible de nuestras costas'.

Los juristas y académicos señalaron 'La Parguera siempre ha sido un ejemplo en Puerto Rico de cómo nuestro 'estado de derecho' falla y cómo se va socavando la legitimidad de nuestras instituciones jurídicas. Es de conocimiento público, que en diferentes momentos personas con vínculos institucionales han poseído propiedades ilegales allí. Lejos de condonar ese trato preferencial, lo que corresponde es que nuestras Ramas de Gobierno den el ejemplo y no usen la ley para refrendarlo. Con ejemplos como este, el público y la ciudadanía en general, continúan perdiendo la fe en sus instituciones y en la aplicación del Derecho. La legalización de tal privilegio, sería contraproducente no solo porque permite un daño irreversible a un área natural y al disfrute de los bienes de dominio público, sino también –y quizás más importante- porque sería un golpe más a nuestro frágil 'estado de derecho'.

La firma de este proyecto de ley, añadieron, se 'colocaría como un ejemplo más –o, si se quiere, la culminación- de cómo selectivamente se intenta legalizar lo que por décadas se ha debido sanear y subsanar reivindicando el interés público. En otras palabras, se utiliza perversamente la ley para privilegiar y condonar lo ilegal en detrimento del patrimonio común y en beneficio de unos pocos.'

La carta fue entregada personalmente al Gobernador por los licenciados Erika Fontánez, María L. Jiménez, Belén Guerrero Calderón, Michel Godreau Robles y Pedro Saadé Lloréns, todos profesores de la Escuela de Derecho de la UPR.

Carta juristas AGP - NotiCel _19894