Washington, D.C. - Con un voto de 68 a 30, el Senado federal aprobó el proyecto de ley 'PROMESA' que busca permitir la reestructuración de la deuda pública de $72 mil millones bajo la 'supervisión' de una Junta de Control Fiscal, cuyos oponentes consideran antidemocrática con poderes excesivos.

El voto de aprobación fue muy similar al voto inicial el miércoles en la mañana de 68 a 32 que dio paso a la votación final en la tarde. Los senadores favorecieron el proyecto sin cambios a lo aprobado en la Cámara de Representantes el 9 de junio. Se espera que el presidente Barack Obama firme la medida en lo que resta de esta semana, poco antes de un impago masivo de $1.9 mil millones que enfrentaba el gobierno de Puerto Rico este viernes.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, sometió la medida al pleno del Senado este pasado lunes y bloqueó toda consideración de enmiendas por temor a que a estas alturas se descarrilara el consenso que produjo el proyecto de ley. Luego de varias horas de discursos en el hemiciclo, un intento por el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, de someter enmiendas sustanciales no procedió.

De cara al impago del viernes, algunos senadores que expresaron reservas sobre el proyecto de ley votaron a favor porque había que tomar acción ahora, según ellos, para aliviar la crisis económica inmediata que sufre la isla y evitar la lluvia de demandas legales por parte de acreedores.

Para ilustrar la urgencia con que el estima se debe actuar, el senador Dick Durbin de Illinois, igual que otros senadores, detalló problemas diarios que han resultado de la crisis: la falta de gasolina para las guaguas escolares; el cierre de 150 escuelas; la falta de medicamentos y el éxodo de médicos de la Isla; entre otros.

Durbin expresó que por necesidad la Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), aunque no es la mejor alternativa, se aceptaría de forma bipartita para implementarse inmediatamente y empezar a resolver la crisis.

La Junta que tendría siete miembros nombrados por el Presidente Obama – cuatro republicanos y tres demócratas, solo uno de ellos con residencia o negocio principal en la Isla – autorizaría la reestructuración de porciones de la deuda forzosamente por la vía judicial de no llegarse a acuerdos voluntarios entre los acreedores y el gobierno de Puerto Rico o sus agencias.

Acusaciones de colonialismo y quejas sobre la falta de transparencia y de voluntad para instituir reformas en las finanzas de Puerto Rico caracterizaron parte del debate en el Senado federal esta tarde. Varios senadores afirmaron que los poderes que tendría una Junta no electa por encima del gobernador de Puerto Rico y su Legislatura hace que los Estados Unidos quede expuesto como un 'amo colonial'.

Las objeciones principales están centradas en la composición, las funciones y el poder de la Junta que tendría la última palabra al crear e implementar el plan fiscal y el presupuesto de Puerto Rico. También podría vetar leyes aprobadas por la Legislatura que no sean cónsonas con el plan fiscal establecido, y tendría la autoridad para aprobar o vetar contratos.

'Los Estados Unidos no debe tratar a Puerto Rico como una colonia', afirmó el senador independiente de Vermont Bernie Sanders, quien se opuso tenazmente a la medida.

Como otros que se opusieron a la medida, Sanders teme que la Junta se enfoque en darle prioridad al pago de los acreedores sobre las necesidades del pueblo y las pensiones de empleados públicos, que necesitan $44 millones adicionales para que puedan cumplir con las obligaciones de los sistemas de retiro.

'Necesitamos austeridad, no para la gente de Puerto Rico, sino para los multimillonarios que manejan los fondos de cobertura buitres quienes han exacerbado la crisis financiera en Puerto Rico', agregó Sanders.

Pero el senador Chuck Grassley de Iowa ripostó que las 17,000 personas de clase media en su estado que poseen parte de la deuda isleña en sus cuentas de retiro no son buitres, y que antes de poder reestructurar la deuda, el gobierno de Puerto Rico debe implementar reformas fiscales para reducir los gastos y encaminarse más hacia la responsabilidad fiscal.

'Por qué el Congreso debe forzar a los jubilados de mi estado rescatar a Puerto Rico en cuanto a sus obligaciones gubernamentales y de pensiones? No se le debe ogligar a hacer eso', reclamó Grassley, quien votó contra ‘PROMESA'. '(Con esta Junta) no hay garantía ninguna de que la inversión de estos trabajadores no se recorte para pagar las pensiones o los bonos de Navidad para los empleados públicos de Puerto Rico', agregó.

El senador Orrin Hatch de Utah, quien preside la Comisión de Finanzas del Senado, aclaró que votó para aprobar ‘PROMESA' a pesar de la falta de transparencia de los funcionarios puertorriqueños sobre las finanzas de la Isla y la terquedad del Departamento del Tesoro al manejar esta crisis.

'Es la única opción sobre la mesa y atrasar esta acción solo perjudicaría a los ciudadanos americanos que residen en la Isla', añadió Hatch.

Le complace que 'PROMESA' no afecte el déficit ni a los contribuyentes de los Estados Unidos pero le preocupa que la medida contiene muy poco sobre maneras de impulsar el crecimiento económico en Puerto Rico, a la vez que reconoció que ‘PROMESA' tal vez se logre clarificar la situación fiscal del Estado Libre Asociado. 'Parece que este proyecto de ley asegura el que finalmente se descubra lo que hay debajo de la estructura turbia de las finanzas del gobierno de Puerto Rico', agregó.

Los opositores del lado demócrata también critican que ‘PROMESA' dé al gobernador de Puerto Rico la opción de reducir el salario mínimo para empleados menores de 25 años a $4.25 la hora, y que se exima a Puerto Rico de reglas laborales que gobiernan el pago de horas extra a los trabajadores.

Menéndez, el opositor más vocal de la legislación, rechazó la la 'falsa dicotomía' de que es todo o nada en cuanto a ‘PROMESA'. Tampoco se debe usar el posible impago del 1ro de julio como excusa para cortar el debate ya que la medida incluye provisiones que de forma retroactiva detiene demandas legales radicadas por los acreedores.

Durante el debate el miércoles, resumió los puntos claves cuando habló por cuatro horas para, a su vez, proponer enmiendas: ‘PROMESA' afecta negativamente a los trabajadores; provoca la partida de más puertorriqueños y profesionales de la Isla; abriría el camino para la privatización de agencias públicas y la comercialización de recursos naturales; la Junta impondría más austeridad que cerraría más escuelas y le daría preferencia a los acreedores sobre los servicios al pueblo y sobre las pensiones de los jubilados.

'El votar por esto hoy es autorizar a una junta no electa, todopoderosa determinar el destino de Puerto Rico para toda una generación o aún más allá', expresó. 'Es un voto para obligar a Puerto Rico, sin que ellos tengan opinión sobre el asunto, a incurrir en $370 millones en deuda adicional para pagar por una Junta omnipotente que ellos ni quieren', sentenció.

Asimismo, trajo a relucir la crisis en Flint, Michigan, donde recortes presupuestarios impuestos por una junta y oficiales de 'supervisión', establecido por encima de los funcionarios electos de la ciudad, dio lugar a que el agua potable del área se envenenara con plomo, afectando la salud de todos y poniendo en riesgo el desarrollo físico e intelectual de los niños.

'Ya llevamos mucho tiempo en que Puerto Rico es la excepción (en cuanto a un debate abierto en el Senado)', agregó. 'Los vemos como ‘los otros', los que de alguna manera están fuera de los Estados Unidos, y tratamos nuestros ciudadanos americanos como personas sometidas y gobernadas, no como ciudadanos. Rompamos ese ciclo, ese patrón, hoy', denunció.

Por último, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, felicitó a los congresistas por ponerse de acuerdo para aprobar esta legislación porque, 'Con la legislación aprobada, Puerto Rico tendrá tiempo para preparar un plan financiero ordenado de camino al primero de julio. Traer a Puerto Rico de vuelta al camino del crecimiento económico requerirá atención y compromiso de los acreedores. El Departamento del Tesoro proveerá asesoría técnica para mejorar la situación fiscal de Puerto Rico y ayudarlos durante el proceso de reestructuración y supervisión tan pronto el presidente Obama convierta el proyecto en ley'.

También instó al Congreso a 'redoblar esfuerzos para ayudar a Puerto Rico en el éxito a largo plazo. Eso incluye fomentar el desarrollo económico y asegurar que haya servicios adecuados de salud en Puerto Rico. Además, el Congreso debe proveer los fondos suficientes para combatir el zika. Tenemos que continuar trabajando juntos para asegurar un futuro fuerte y sostenible para los 3.5 millones de americanos en Puerto Rico'.