Una auditoría de la Contralora de Puerto Rico reveló el miercoles desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto, el fraccionamiento de obras y el proceso de compras y desembolsos en el Municipio de Naguabo.

Según Yesmín Valdivieso, el Municipio tenía déficits acumulados por 4.4, 3.8 y 1.4 millones de dólares para los años fiscales del 2011-12 al 2013-14, respectivamente. Estas cantidades representaron el 41 por ciento, 35 por ciento y 14 por ciento del total del presupuesto aprobado para su funcionamiento en los años mencionados. En el año fiscal 2015, Naguabo tuvo un superávit de 122,367 dólares.

El Servicio de Rentas Internas Federal (IRS, por sus siglas en inglés) ejecutó un embargo de 98,390 dólares, en enero de 2013, a la cuenta bancaria de Nómina del Municipio por no remesar a tiempo al Seguro Social Federal las retenciones efectuadas a los empleados. Además, al 30 de junio de 2013 tenía una deuda acumulada por 223,970 dólares con el IRS, de la cual pagó un recargo de 10,957 dólares.

El Informe señala que del 2010 al 2015, se transfirieron 1.7 millones de dólares de las cuentas bancarias de ocho fondos especiales a las cuentas Corriente y de Nómina en calidad de préstamo; de esta cantidad 12,622 dólares corresponden a la administración del Alcalde y 1.6 millones de dólares a la de la ex-Alcaldesa. Esta situación ocasionó el uso indebido de fondos para propósitos distintos a los cuales fueron aprobados.

La auditoría de 15 hallazgos revela también que en el 2012 el Municipio pagó 19,000 dólares por un sistema eléctrico de control de palomas que no fue instalado, 20,283 dólares para la instalación de ventanas y puertas en la Casa Alcaldía que no se realizaron, y 620,816 dólares en mejoras de la Plaza Pública, el Cementerio Municipal, y la construcción de un puente y pista atlética en el barrio Mariana que no tuvieron utilidad o están en deterioro o abandonados.

En los comentarios especiales se indica que Naguabo no atendió la recomendación de recobrar 60,164 dólares, según recomendado en informes de auditoría del 2009 y 2012; el Tribunal Supremo declaró nulo un contrato del 2012 para el manejo de desperdicios sólidos por el cual el municipio había pagado 4.3 millones de dólares a junio de 2015, y estaban pendientes de resolución por los tribunales siete demandas civiles por 4.7 millones de dólares. Por otro lado, en otro comentario especial se presenta información sobre el pago de 1.7 millones de dólares en deudas con entidades gubernamental y privadas, y proveedores, efectuados con fondos de un préstamo.