Melba Acosta Febo era secretaria de Hacienda cuando en marzo de 2014 agarró la mano de Jose Pagán Beauchamp, entonces presidente y vicepresidente ejecutivo de finanzas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y juntos alzaron los brazos, en son de victoria, a los pies del banco de inversión Morgan Stanley en Nueva York, bajo una pizarra electrónica que leía 'felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en histórica transacción de bonos municipales', la emisión de bonos chatarra más grande en la historia. En la foto aparece tambien David Chafey, entonces presidente del BGF, Jose Coleman Tió, en ese momento vicepresidente ejecutivo y asesor general del Banco, y otros funcionarios, todos con las manos arriba, sonrientes, celebrando.

Pero la fiesta terminó, y ahora ningún funcionario se quiere hacer responsable de esa emisión de bonos, la cual abrió la puerta a los fondos buitre que dos años después demandaron al BGF reclamando sus pagos, y que un informe preliminar de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público anticipa que pudo haber violado la Constitución de Puerto Rico y leyes de la Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos.

José Pagán Beauchamp, un exbanquero de Citibank, se adjudica el haber 'colocado con éxito' en el mercado financiero esa emisión de $3.5 mil millones de bonos de obligación general que según el informe preliminar de la Comisión tiene visos de ilegalidad. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó una entrevista con Pagán Beauchamp, pero la directora de comunicaciones del BGF, Betsy Nazario, indicó que Melba Acosta Febo, actual presidenta del BGF, es la única persona que puede contestar preguntas relacionadas a las emisiones de bonos.

La Presidenta del BGF, al ser abordada por el CPI tras una vista pública sobre el presupuesto gubernamental, dijo que quien debe expresarse sobre si la emisión de bonos es inconstitucional o no, es el secretario de Justicia, César Miranda.

'Acuérdate que estas emisiones cuentan con opiniones del Secretario de Justicia y sería el Secretario el llamado a expresarse en cuanto a la Constitución y todo eso', dijo la Presidenta.

Por su parte, el Secretario de Justicia no accedió a ser entrevistado y envió una declaración evasiva por correo electrónico.

'...Recientemente, la Comisión presentó los hallazgos de una investigación preliminar que busca ser ampliada para llevar a cabo un estudio más minucioso de la deuda gubernamental. Precisamente, porque es un proceso que no ha concluido y continúa bajo el escrutinio de la Comisión -a la cual podríamos ser citados para emitir una opinión formal sobre los hallazgos encontrados- estamos impedidos de emitir comentarios al respecto al momento', escribió.

Según el informe, la emisión realizada en marzo de 2014 se usó para cubrir el déficit presupuestario y pagar deudas que fueron emitidas hace más de 30 años, dos prácticas prohibidas por la Constitución. Señala además que el equipo fiscal del gobernador Alejandro García Padilla dirigió más del 35% del presupuesto para el pago de deudas, violando así el tope constitucional de 15% del presupuesto que puede destinarse al pago de obligaciones financieras. En total se habrían utilizado $30,000 millones para cuadrar el presupuesto.

'Lo que esta pre auditoría señala es fundamental y raya en lo escandaloso. Levanta suficientes dudas sobre la constitucionalidad y legalidad de la deuda pública del gobierno de Puerto Rico que de ordinario debería obligar un ‘alto al fuego' de todas las partes hasta que se aclare', dijo el abogado constitucionalista Carlos E. Ramos, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Ramos añadió que 'en el posible endeudamiento inconstitucional está involucrada la responsabilidad profesional de bufetes de abogados, underwriters y la responsabilidad de fiducia de bancos y, por supuesto, gobernantes y funcionarios públicos'.

La presidenta del BGF dijo al CPI que el informe preliminar de auditoría contiene premisas que con las que ella no está de acuerdo.

'Una de ellas dice que se usó financiamiento deficitario para cuadrar el presupuesto. Cuando tú buscas la Constitución y tú buscas la discusión en el diario de sesiones, se dice claramente que el dinero que llega con financiamiento es parte del presupuesto, pero tienes que ir un poquito más abajo, no te puedes quedar por encima con lo que dice la Constitución. O sea, personas tienen que bajar y buscar para entender algunos aspectos de la Constitución. Eso lo hace el Secretario de Justicia cuando da una opinión a favor (de la emisión de bonos)', dijo la Presidenta del BGF.

'Yo creo que antes de decir que las emisiones son inconstitucionales hay que bajar un poquito más porque me parece que se quedó un poco… oye, y creo que con los recursos que tenían, hicieron gran cosa, pero tienen que profundizar más todavía en algunos temas. Pero yo creo que lo que falta mucho es también de Justicia, porque ellos (la Comisión) llegan a unas conclusiones, y Justicia tiene que opinar sobre ellas. Sobre todo, quien dice si algo es inconstitucional o no pues es Justicia', añadió la Presidenta.

Acosta Febo también recordó que las emisiones de bonos 'cuentan con leyes aprobadas'.

Los autores de la Ley 34 del año 2014 que autorizó la emisión de $3.5 mil millones fueron el presidente de la Cámara de Representantes, el popular Jaime Perelló, y el presidente del Senado, el popular Eduardo Bhatia, quienes también forman parte de la Comisión para la auditoría. Pero el informe preliminar de la Comisión de auditoría no contó con el endoso de los legisladores; sus representantes ante la Comisión se abstuvieron de votar en la aprobación del mismo alegadamente porque no fueron a todas las reuniones y porque no habían leído el documento, según sus respectivas directoras de comunicación. Los legisladores tampoco accedieron a ser entrevistados y enviaron declaraciones escritas.

'Sobre los hallazgos preliminares de la Comisión, como hacen constar los propios comisionados, falta aún información medular para llegar a conclusiones finales pero mientras más información podamos tener a la mano, en mejor posición estaremos a la hora de sentarnos a renegociar la deuda', dijo Bhatia.

Perelló declaró que su 'insumo o aprobación sobre las conclusiones de cualquier tipo de investigación de este tipo y magnitud se efectuará una vez los informes realizados sean finales y se hayan integrado a ese análisis el expertise y el análisis técnico necesario. Auditar la deuda es complejo y requiere de mucho rigor. Todavía falta mucho trabajo que realizar, y la información que se hizo pública el pasado jueves, en conferencia de prensa y previo a las primarias, es muy preliminar. Estos son los trabajos preliminares de una Comisión y espero que el producto final de la Comisión contenga hallazgos y conclusiones que la apoyen'.

Para la historia completa visite el portal del Centro de Periodismo Investigativo.