En la lista de gobiernos transparentes, difundida por el Open Government Partnership en el 2014, Puerto Rico aparece en la posición 154, escalón por debajo de Afganistán. La organización Espacios Abiertos (EA) trae a colación el dato para defender el proyecto de ley que legislaría la transparencia y el acceso a la información pública en el País.

Organizaciones de derechos civiles, abogacía, tecnología y documentación, periodismo jurídico, reforma policíaca y derecho ambiental manifestaron su apoyo al proyecto de ley 2944, que atraviesa el proceso de vistas públicas, el cual arrancó el miércoles pasado en la Cámara de Representantes con los endosos del Centro de Periodismo Investigativo, gestor del proyecto, y la Oficina de Ética Gubernamental.

'La actual crisis fiscal evidencia que la falta de transparencia ha permitido el derroche, el incumplimiento y la violación a los estándares mínimos que rigen la buena administración fiscal de una sociedad (…) Es necesario promover una gestión de gobierno que sea transparente y no de apariencia de transparencia', manifestó la licenciada Natalia Ramírez en su memorial explicativo como portavoz de la EA.

Entre los obstáculos identificados por la organización que podrían coartar el acceso a la información, incluyeron una negativa constante del Gobierno a divulgar la información que se solicita, así como la percepción que en ocasiones han asumido los tribunales de que cierta información 'no es pertinente', aun cuando se reconoce el derecho a la información como un derecho constitucional que no requiere motivo ni explicación.

Alvin Quiñones, presidente de la Junta de Directores del Centro de Investigación y Política Pública, endosó'sin reservas' el proyecto de ley, en nombre del organismoresponsable del lanzamiento de ABRE Puerto Rico, portal en que la ciudadanía puede acceder adonativos hechos a campañas políticas y al índice municipal de salud fiscal.

'Cambiar la cultura del servicio público de una basada en la secretividad como una herramienta de control, por el Principio de Máxima Divulgación como una herramienta para inspirar confianza, colaboración y la rendición de cuentas es la esencia de lo que busca lograr esta Ley', dijo.

Quiñones recordó que en el pasado se han aprobado proyectos como laLey 236 de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales, que requiere un documento de planificación estratégica a las agencias y corporaciones públicas, y la Ley 159 para transmitir mediante medios electrónicos las reuniones de sus respectivas juntas, a pesar de que, a su pesar, fue enmendada solo para servicios esenciales, excluyendo al Banco Gubernamental de Fomento.

Por lo tanto, mientras brilla por su ausencia una ley que, a ojos de EA, le imparta efecto útil a este derecho, por otro lado, la organización advierte de las más de 130 disposiciones legales que decretan la confidencialidad de la información, 'propiciando el litigio constante para obtener documentos que deben estar disponibles'.

El proyecto de ley que se discute en la Cámara Baja, está basado en la ley modelo interamericana sobre acceso a la información, elaborada por un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos, en colaboración con la sociedad civil. A través de sus páginas emula las disposiciones principales de esta ley modelo, entre ellas, las excepciones claras y específicas de la información que se priva a la ciudadanía, reduciendo el margen de confidencialidad.

Asimismo, la EA resaltó que sigue el modelo interamericano en términos de cómo aplica en sentido amplio a toda la información de organismos públicos, el principio de máxima divulgación, la publicación proactiva y regular de la información sin que sea solicitada, los plazos 'justos y razonables' para atender una solicitud, la posibilidad de apelar decisiones y la imposición de sanciones y penalidades a funcionarios que nieguen información u obstruyan el derecho de la ciudadanía.

Por su parte, la coordinadora de acceso a la justicia de EA, Arianda Godreau, sometió una ponencia en la que afirma su apoyo a la medida por el impacto que tendría en la lucha por la igualdad y el acceso.

Entre los ejemplos que brindó sobre cómo la falta de acceso a la información impacta en la desigualdad de acceso a la Justicia, mencionó la imposibilidad de acceder a planes presupuestarios que justifiquen los recortes de servicios a indigentes y el cierre de centros judiciales en las zonas más pobres del país.

También, la falta de documentación y estadísticas sobre el acceso a la justicia limita la aprobación de política pública y de propuestas de asignación de fondos federales y privados que aporten a esta lucha. Cuando cerraron planteles escolares, padres y madres carecieron de acceso a la lista de escuelas a cerrarse, por lo que no pudieron reubicar a sus hijos con tiempo, someter querellas, o ejercer su derecho a la protesta.

El serio desfase en estadísticas de índice de violencia doméstica impide la coordinación adecuada de recursos y protecciones y en términos ambientales, solo el desglose de información ha permitido denunciar el impacto nefasto de proyectos o de contaminantes, a pesar de los obstáculos puestos por funcionarios públicos e intereses privados, según Godreau.

Por eso, la Clínica de Derecho Ambiental, que pertenece a la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), también endosó la medida.

'La falta de acceso efectivo y oportuno a la información provoca que las personas o comunidades afectadas por proyectos se enteren de los mismos tardíamente, imposibilitando el estudio de la documentación extensa y técnica, y el ejercicio de sus derechos a participar de los procedimientos dirigidos a su evaluación', sostuvo el profesor Luis J. Torres Asencio, quien maneja un caso activo en el que el demandante es el Centro de Periodismo Investigativo.

En su ponencia escrita, recomienda incluso que en todo lo que cobija la definiciónde documento público, se incluya explícitamente las consultas de ubicación para nuevos proyectos de construcción, las declaraciones de impacto ambiental y la determinación de cumplimiento, entre otros.

Otro obstáculo que levanta la falta de acceso a la información es para la ciudadanía que quiera participar activamente de la reforma policíaca. La Uniformada se ha negado a ofrecer información sobre querellas ciudadanas contra agentes de la Policía, las acciones disciplinarias tomadas en su contra y las estadísticas del uso excesivo de fuerza.

Así lo denunció elGrupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO), que se creó para exigir la participación ciudadana en el proceso y promover los derechos humanos en la Uniformada, cuyo endoso al proyecto de ley se debe expresamente al gran reto que ha presupuesto la falta de transparencia y apertura en su aportación a la reforma.

'Mientras no tengamos acceso a la información sobre la Policía, el pueblo de Puerto Rico seguirá en una posición vulnerable ante la Uniformada y será aún más cuesta arriba exigir la rendición de cuentas de parte de ese cuerpo vital en la administración de la justicia', sostiene la ponencia.

Hasta ahora, las impresiones de los legisladores han sido favorables, a pesar de que han levantado voz de alerta sobre el costo de implementar esta ley y las nuevas figuras que propone, entre estos un oficial de información una Junta Administrativa Revisora y un Defensor de la Información Pública.

'Planteamientos presupuestarios y fiscales no pueden ser óbice o excusa para que la presente medida no sea aprobada. Los derechos fundamentales son base de toda sociedad democrática, y al fin y al cabo redundan en una comunidad más justa y equitativa', expresó en su endoso el licenciadoMarkAnthonyBimbela, presidente del Colegio de Abogados.

Incluso, en su ponencia, recomienda hacer más explícito el alcance de la ley, para que incluya información almacenada en otras jurisdicciones como la oficina del comisionado residente, que recibe fondos estatales, así como las investigaciones de legisladores y comisiones que norindan informes para'romper elsecretismogubernamental que podría menoscabar el fin público'.

También enfatizó en las alianzas público privadas, las cuales en su proceso de negociación exigen confidencialidad, lo cual paraBimbelacontradice elespíritu del proyecto de ley. Para ello, pide que seatemperenlas disposiciones de esta ley una vez aprobada a las del resto de las agencias.

Por último, Teresita Rodríguez, presidenta de la compañía Tech Group que brinda servicios en el área de control y manejo de documentos físicos y electrónicos, recomendó la redacción de un reglamento que incluya los aspectos tecnológicos en cuanto a establecer la infraestructura que manejará los documentos públicos, dada la escasez de personal especializado y de una plataforma efectiva de digitalización.

Para ver las ponencias, pulse aquí.

*Nota editorial: El presidente y editor jefe de NotiCel, Oscar J. Serrano, es parte del grupo promovente del P. de la C. 2944.