WASHINGTON - El nuevo proyecto congresional que busca resolver el atolladero fiscal en que se encuentra sumido Puerto Rico dará mucho de que hablar, provocará debates intensos e impulsará recriminaciones en los pasillos del Capitolio federal y en las salas de La Fortaleza.

Al darse a conocer el miércoles que la presentación de la última versión de la propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) se retrasó, las reacciones más recientes de funcionarios en Washington de ambos partidos politicos apuntan a que el pulseo entre los republicanos conservadores y los acreedores de la deuda, por una parte, y los demócratas, el Departamento del Tesoro y el gobierno de Puerto Rico, por otra, continuará divagando en el tranque legislativo.

Asumiendo que será presentada en lo que queda de esta semana, es posible que siga su curso para someter a votación la semana próxima, originalmente pautado para el 18 de mayo. Dada la dinámica política en Washington sobre esta medida que lleva meses elaborándose, eso está por verse.

Los puntos de mayor conflicto en la controversia sobre cómo atender por medio de esta legislación la crisis de la deuda pública de Puerto Rico incluyen los siguientes:

Reestructuración de la deuda. Excluido de leyes federales de quiebra desde el 1984, Puerto Rico ha solicitado desde el año pasado que se le permita reestructurar su deuda. Congresistas republicanos, particularmente los más conservadores, han manifestado una férrea oposición a permitirlo y sostienen que el territorio no incorporado debe reformar sus finanzas, implementar más medidas de austeridad, y someterse a los litigios en caso de impago.

El Departamento del Tesoro, por su parte, se opone a que se requiera que las 2/3 partes de los acreedores respalden un proceso de negociación para llegar a arreglos voluntarios con el gobierno para cambiar los términos de repago. Funcionarios del Tesoro afirman que es una meta casi imposible. Los republicanos que se oponen al proyecto también objetan el poder que se le otorga a la Junta de Control Fiscal de forzar a los acreedores a un proceso de reestructuración por la vía judicial de no llegar a acuerdos voluntarios.

Pensiones. Los republicanos conservadores afirman que en un proceso de reestruturación, no se le debe dar prioridad o trato preferencial a los pagos de los sistemas de retiro de los empleados públicos por encima de los pagos a los acreedores, particularmente deuda referente a los bonos de obligaciones generales protegidas por la Constitución del ELA. Los demócratas rechazan firmemente esa posición. El secretario del Tesoro, Jacob Lew, sostiene que se debe dejar en manos del al Junta asegurar que los intereses de los jubilados 'estén balanceados'.

Junta de Control Fiscal. Se ha suavizado un poco el lenguaje sobre el tema, pero la Junta que impondría el proyecto de ley aún tendría la palabra final sobre los criterios para crear el plan fiscal y elaborar el presupuesto de la Isla. Además, tendría la autoridad para aprobar contratos y vetar legislación hecha local, que se prevé entre en conflicto con el plan fiscal local. Funcionarios del gobierno de Puerto Rico y muchos activistas sindicales, académicos, la diáspora puertorriqueña y otros sectores se han opuesto a la Junta, tildándola de 'colonialista' con poderes excesivos.

Por su parte, los republicanos conservadores no confían en una junta no electa para tomar decisiones justas, de acuerdo a su punto de vista, al determinar cuáles acreedores serán forzados a someterse a una reestructuración por la vía judicial. Algunos demócratas que se oponen a los poderes de la Junta afirmaron luchar contra ella, pero otros admitieron que para que esto funcione, parece que una junta va a ser necesaria. Durante su visita a Puerto Rico, Lew, reiteró que cualquier medida para lograr una reestructuración de la deuda tendría que incluir una junta para monitorear y asegurarse de que se implementen las reformas fiscales necesarias.

Composición de la Junta. Cuántos y quiénes estarán en la Junta de Control Fiscal ha sido un punto de mucha discusión. En la versión más reciente de PROMESA, la junta se compondría de siete personas nombradas por el Presidente de los Estados Unidos: dos seleccionados de cada una de las listas provistas por el Portavoz de la Cámara de Representantes y del Líder de la Mayoría del Senado; uno seleccionado de cada una de las listas provistas por el líder de la minoría de la Cámara y el líder de la minoría del Senado; y uno seleccionado por el Presidente. Se añadieron los de la minoría en la versión más reciente del proyecto de ley, lo cual, de nombrarse este año, ayudaría a balancear la junta con cuatro republicanos y tres demócratas.

El Gobernador de Puerto Rico también es miembro de la junta, con voz, pero sin voto. Solo uno de los miembros, seleccionado de la lista que provea el Portavoz de la Cámara tiene que ser residente en Puerto Rico o tener su negocio principal en la isla. Algunos demócratas manifestaron estar preocupados que la junta no tendría una representación efectiva de Puerto Rico y, según el trasfondo o la pericia profesional requerida, podría tener más en mente los intereses de los acreedores que los del gobierno o el pueblo que sufre los embates de la crisis fiscal.

Salario mínimo. Los demócratas se oponen tenazmente a la provisión que le daría al gobernador de Puerto Rico la autorización para bajarle el salario mínimo federal a los empleados menores de 25 años de edad a $4.25 la hora. El proyecto también establece que las reglas emitidas por el Departamento del Trabajo federal sobre el pago de horas extra, clasificaciones de empleo y otras provisiones no aplicarán a Puerto Rico. En otras palabras, si el Departamento del Trabajo federal dictamina que ciertas clasificaciones de empleados deben ser pagados horas extra, en Puerto Rico no se hará.

En adición a los demócratas en el Comité, funcionarios del Tesoro se oponen a estas provisiones, advirtiendo que no ayudaría a desarrollar la economía isleña a largo plazo y, al contrario, impulsaría a más trabajadores jóvenes a abandonar el país. Curiosamente, los republicanos en el Comité no se han expresado abiertamente a favor de esta provisión. Pero es muy conocido que la reducción o la oposición al aumento en el salario mínimo federal es parte de la filosofía de política pública de algunos republicanos, y de instituciones y organizaciones sin fines de lucro conservadoras que han cabildeado contra el esfuerzo congresional para buscarle una solución a la crisis fiscal de Puerto Rico.

Vieques. PROMESA también incluye la provisión de que 3,100 acres del antiguos terrenos militares de Vieques se transfieran al gobierno de Puerto Rico, posiblemente para el desarrollo comercial. Algunos demócratas cuestionaron la razón por la cual se incluía esto en el proyecto de ley, y afirmaron que era innecesario y que no ayudaría a resolver la crisis fiscal. El comisionado residente Pedro Pierluisi ha expresado recientemente que parece que se cambiará el lenguaje en el proyecto para que el uso de estos terrenos se limite a actividades de recreación pública y de conservación. Cabe mencionar que el entregar terrenos públicos para usos privados y comerciales figura prominentemente en la agenda y la filosofía del comité bajo el liderato republicano.