El secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Javier A. Echevarría Vargas, reiteró el domingo la oposición del partido a la propuesta Junta de Control Fiscal, según esbozado en una resolución aprobada por la Junta de Gobierno de la colectividad el 18 de abril pasado.

'Para el Partido Popular Democrático y según muy claramente expresa la Resolución aprobada por nuestra Junta De Gobierno, es inaceptable la imposición de una junta de control fiscal que usurparía los poderes del gobierno de Puerto Rico, electo por la gente mediante el voto. Claramente el proyecto H.R. 4900, que propone la imposición de esta junta de control fiscal, hace caso omiso de las leyes 600 de 1950 y 447 de 1952, donde ‘reconociendo plenamente el principio de gobierno por consentimiento', el Congreso entró en un convenio con el pueblo de Puerto Rico, para que éste último ejerciera el gobierno propio conforme a una Constitución adoptada por el pueblo mismo', dijo Echevarría Vargas en declaraciones escritas.

Indicó que la Resolución, que ha sido remitida al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, Rob Bishop, plantea la necesidad de que el mecanismo que se cree para atender esta crisis fiscal tiene que proveer medidas eficaces de creación de empleos que generen el crecimiento económico que necesita Puerto Rico.

Por otro lado, relató que la Resolución del organismo rector de la Pava afirma que '…la aprobación de un proyecto que no lesione los poderes del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo su Constitución, un proyecto que atienda la crisis humanitaria, autorice la moratoria de la deuda, provea mecanismos para reestructurar la deuda y el saneamiento financiero y operacional del gobierno mediante la adopción de un plan fiscal de mutuo acuerdo, cuyo cumplimiento será obligatorio para la vigencia o suspensión de la moratoria, de la paralización y de los procesos de reestructuración de la deuda, deben ser los parámetros que rijan cualquier mecanismo que sea creado o provisto para atender la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico.