Washington, D. C. - En las pantallas de los televisores en Carolina del Sur, en Indiana, en Washington, D.C., aparece el Viejo San Juan de lejos, el video tomado desde una embarcación deslizándose por la bahía.

Ciudad compacta, colorida, rodeada del muro colonial español. Pero no se ve el sol. Anuncio turístico no es.

'Luego de pasar años gastando demasiado, desenfrenadamente, Puerto Rio no tiene dinero', reclama el narrador del anuncio. 'Quién va a rescatar a Puerto Rico financieramente?' 'Washington dice que usted lo hará', advierte el narrador al aparecer tres rostros en la pantalla – el Presidente Barack Obama, el Presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y la líder de la minoría demócrata cameral Nancy Pelosi.

Rostros americanos sombríos se sobreponen al Capitolio en San Juan. 'Cuentas de retiro aplastadas. Un rescate financiero a costillas de personas que ahorran, de los envejecientes. Dile al Congreso. Detengan el rescate financiero de Puerto Rico en Washington'.

Y por qué muestran las imágenes de los carros en la Calle del Cristo a las amas de casa en Utah, al maestro en Tennessee, y a miles de personas regadas por lugares donde saben poco de Puerto Rico? Su congresista es un republicano conservador en la Cámara de Representantes, miembro del Comité de Recursos Naturales, donde el tema apremiante es el proyecto de ley que elaboran para atender la crisis fiscal en la isla.

Anuncios como estos han estancado y enredado aún más las negociaciones intensas y polarizadas que continúan en el Capitolio federal para seguir modificando la propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) que busca permitir que la isla reestructure su deuda pública abrumadora de $73 mil millones.

El impago de $422 millones en servicio de la deuda ya anunciada para el lunes en Puerto Rico pone en relieve el éxito de los oponentes a la reestructuración de la deuda en lograr que el Congreso lleve meses tratando el tema sin aún producir una solución. A muchos les parece que en estos momentos, los acreedores y los conservadores llevan la voz cantante o son el escollo principal en la controversia.

Los anuncios más recientes son otro frente en la batalla que comenzó cuando el Comisionado Residente Pedro Pierluisi sometió un proyecto de ley el año pasado que no fue exitoso para que los municipios y las corporaciones públicas pudieran declararse en bancarrota. Ahora, a fuerza de dinero, conexiones políticas y donativos políticos a ambos partidos en Washington, los grandes acreedores siguen armados con acceso directo a los congresistas para cabildear y sugerir provisiones cónsonas con su ideología conservadora al proyecto de ley PROMESA.

Desde fuera del Capitolio federal, los ataques siguen tomando dos formas. Organizaciones sin fines de lucro que no divulgan sus donantes promueven información errónea y distorsionada para generar hostilidad hacia Puerto Rico y su 'irresponsabilidad fiscal'. En el anuncio televisivo más reciente, una tal Teresa asegura que PROMESA 'le aplastaría' sus ahorros de toda la vida. Además, acreedores 'buitres' le pagan a otros grupos de interés para crear campañas en contra, supuestamente a nombre de acreedores individuales puertorriqueños, pero que realmente son sufragadas por las firmas multimillonarias de inversionistas. Algunas de éstas son las mismas que obtuvieron ganancias ascendentes a miles de millones de dólares en las crisis fiscales de Argentina y Grecia.

Ya común en el mundo de las influencias en el quehacer político y cívico estadounidense, estas tácticas, como dirían en el argot popular, son como tirar la piedra y esconder la mano. O como el Caballo de Troya, pretender ser lo que no son.

Llovían las llamadas a la oficina del presidente del comité con jurisdicción sobre PROMESA, el representante Rob Bishop de Utah. Otros colegas también recibieron quejas de sus ciudadanos – un 'no' al supuesto 'rescate financiero' o bailout en inglés, una mala palabra en el ámbito político estadounidense conservador desde el rescate financiero a los bancos en el descalabro económico del 2008.

Los acreedores le pusieron esa etiqueta despectiva el año pasado a cualquier esfuerzo en pro de la reestructuración de la deuda de la isla, y sigue a flor de labios.

'No se está gastando la misma cantidad de dinero en publicidad para cambiar el mensaje o para ofrecer la otra perspectiva, así que la gente tiende a creerlo, no es cierto?', explica el representante Garret Graves de Luisiana, miembro conservador del comité en la mira de todos.

Dinero oscuro

Según informes de prensa, el Centro para la Libertad Individual, con sede en Virginia, ha gastado casi $1.5 millones en la campaña que incluye tres anuncios similares al titulado 'Sin Dinero' que habla prominentemente del 'bailout' o 'rescate financiero' a Puerto Rico. Es solo parte de lo que han dedicado los llamados grupos de dark money – literalmente, dinero oscuro o en la oscuridad, del cual se desconocen sus donantes – al tema de la deuda de Puerto Rico.

'No lo llames un rescate financiero. No lo es'. El presidente cameral Ryan lleva tres semanas desmintiendo la etiqueta frente a los micrófonos en el Capitolio y en la televisión, aclarando que no se tocan dinero de los contribuyentes. El éxito a largo plazo del mensaje distorsionado está por verse. Tácticas como estas se hacen más populares en Estados Unidos porque funcionan, aunque no siempre son exitosas – ya sea en elecciones o en campañas que buscan reducir impuestos, defender el derecho al voto, o rechazar discriminación contra la comunidad gay y lésbica.

Estos grupos de 'dinero oscuro', según algunos estimados, gastaron más de $474 millones en el ciclo de las elecciones de 2012 y del 2014. Seguramente, dicen varios expertos, esa cantidad ha aumentado. Algunos de los grupos más grandes tratando de influir directa o indirectamente en la controversia en Washington sobre Puerto Rico son parte de la red de organizaciones de dark money creada o apoyada por los hermanos multimillonarios conservadores Charles y David Koch. A través de su red de grupos políticos sin fines de lucro, planifican gastar $900 millones en este ciclo eleccionario presidencial.

Todas estas organizaciones y centros de estudios, algunas localizadas en universidades públicas, promulgan la misma filosofía conservadora: promover la austeridad gubernamental y la privatización; debilitar los sindicatos y los derechos laborales y salariales; reducir el tamaño y la nómina del gobierno; oponerse a las regulaciones fiscales, comerciales y ambientales gubernamentales; reducir los impuestos que pagan los más acaudalados; promover políticas públicas y exenciones contributivas que benefician grandemente al sector empresarial, entre otros puntos.

La voz cantante

No es sorprendente que varios aspectos de esta filosofía están plasmados en el proyecto de ley PROMESA. Además, comentarios de varios republicanos en el Comité de jurisdicción dejan entrever que esta manera de ver el tema está más que presente en la discusión de la crisis fiscal de la isla.

El proyecto de ley busca reducir el salario mínimo a $4.25 para empleados de menor de 25 años de edad. Se busca proteger los derechos y las ganancias de los acreedores al hacer lo más difícil posible el que Puerto Rico reestructure su deuda. No confían algunos republicanos que la propuesta Junta de Control Fiscal, que tendría que dar el visto bueno para proceder a un proceso de reestructuración, le dé prioridad a los intereses de los acreedores.

En la única vista en el Comité de Recursos Naturales y en reuniones subsiguientes del caucus republicano, algunos congresistas afirmaron que esta crisis fue creada por los líderes puertorriqueños y cuestionan si se debe intervenir y no dejar que las 'fuerzas del mercado' y el litigio resuelvan el problema. Otros preguntan si la privatización de entidades públicas ayudaría a pagar la deuda y, a la vez, reducir la nómina y el tamaño del gobierno.

De cara a la oposición demócrata y del gobierno de Puerto Rico, se suavizó un poco la autoridad de la Junta de Control Fiscal en subsiguientes versiones de PROMESA al eliminar el cargo de Director de Finanzas que usurparía gran parte de la responsabilidades del gobernador. Pero la Junta, con siete miembros y solo uno de ellos residente de la isla, aún tiene la última palabra sobre el plan fiscal y el presupuesto de Puerto Rico.

En PROMESA, se busca que se negocien acuerdos voluntariamente con los acreedores. Pero en la versión más reciente del proyecto de ley, se añadió la provisión que de no haber acuerdos, la Junta podría autorizar un proceso de reestructuración por la vía judicial, pero solo si las dos terceras partes de los acreedores votan para proceder. Funcionarios del Departamento del Tesoro afirman que es una meta casi imposible de lograr, deteniendo así mucha de la reestructuración.

'No se puede permitir que los intereses de este subgrupo que se oponen a ello sea la consideración que predomine'

Otra muestra de que los conservadores y los acreedores llevan la voz cantante en las negociaciones es que el proyecto de ley carece de propuestas claras para promover el desarrollo económico y así resolver la crisis a largo plazo. El enfoque básicamente es en realzar la austeridad y la disciplina fiscal.

'Un gran problema aquí es que la Junta podría darle el valor de los beneficios a las pensiones y a las uniones y aquellos que han invertido su dinero de buena fe podrían terminar sin nada', reclamó John Fleming, representante de Luisiana, quien abogó por varias reformas económicas y fiscales en la isla antes de autorizar cualquier reestructuración de la deuda. 'Lo que ha metido a Puerto Rico en problemas han sido sus políticas públicas progresistas socialistas, y no veo nada (en este proyecto de ley) que va a cambiar eso', agregó.

El aleteo de los buitres

Escuchar los comentarios de algunos congresistas en el debate es como oír a los inversionistas mismos en las salas del Capitolio.

El representante Tom McClintock de California expresó en una vista que si no fuera porque carece de 'política pública sabia', un Puerto Rico con reformas se podría convertir en el 'Hong Kong del Caribe'. Eso le sonaba familiar a algunos en la sala ya que John Paulson, uno de los inversionistas en los fondos de cobertura que poseen bonos de Puerto Rico y que ha comprado varias propiedades costeñas en la isla, ha dicho en conferencias para inversionistas que Puerto Rico será 'el Singapur del Caribe'. Esto fue aproximadamente al mismo tiempo en 2013 que las agencias de calificación crediticia bajaran la clasificación de los bonos de Puerto Rico y los fondos de cobertura comenzaron a comprarlos a precios muy bajos. Pronto llegaron los fondos 'buitres', comprando otros $3 mil millones en bonos en el 2014 para que un gobierno desesperado, en crisis financiera, continuara funcionando.

En el diccionario inversionista Investopedia, la definición de los fondos de cobertura que son 'buitres' es muy descriptivo. 'Como el nombre implica, estos fondos son como buitres volando en círculos pacientemente, esperando para picotear los restos de una compañía que se está debilitando rápidamente'. Se afirma, 'la meta es muchas ganancias a precio de ganga'.

En Puerto Rico, esta 'ganga' incluyó una ganancia muy alta de un 20 porciento, acuerdos que determinan que habría que pagar la deuda con ellos antes de pagar otros gastos y otras deudas, y que en el caso de un impago, el gobierno tendría que pagar inmediatamente todo el monto que debía. Esto parecería una muy buena inversión dado que Puerto Rico, legalmente, no podía declararse en quiebra para reestructurar su deuda, y cualquier litigio tomaría lugar en tribunales en Wall Street en Nueva York donde se tiende a favorecer los derechos de los acreedores.

Al gobernador Alejandro García Padilla sonar la voz de alarma el verano pasado de que la deuda de Puerto Rico era insostenible, los fondos 'buitres', acostumbrados al litigio, comenzaron a aletear en los tribunales y en la palestra pública. Pero para que no los vieran aleteando, se buscaron su Caballo de Troya.

La organización conservadora sin fines de lucro 60 Plus, que dice representar millones de personas de edad avanzada, formó Main Street Bondholders para darle una voz a los inversionistas individuales puertorriqueños en la controversia. En anuncios radiales y en prensa escrita, en conferencias de prensa, abogaban para que el Gobernador implementara aún más recortes en el gobierno.

Pero a quién representaban realmente? Según el gobierno, los puertorriqueños solo poseían el 20 porciento de la deuda. Y resulta que la gran mayoría de los ingresos de 60 Plus provienen de un puñado de grandes donantes anónimos. Los contrató la agencia DCI Group que se especializa en tipos de campañas conocidas como AstroTurf, que literalmente quiere decir 'grama artificial'.

Son grupos o coaliciones de ciudadanos que parecen tener 'raíces' en la comunidad y en la causa a tratarse, pero que realmente son concebidas y financiadas por corporaciones, asociaciones comerciales, intereses políticos o firmas de relaciones públicas. Pues, en sentido figurado, cuando no se quiere dejar ver lo que hay debajo, se tapa con grama artificial.

Entre los clientes de DCI Group se encuentran BlueMountain Capital y Marathon Asset Management, dos de los fondos 'buitres' que figuraron en las crisis fiscales de Argentina y Grecia, respectivamente, y que ahora tienen bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Puerto Rico.

Agresivamente opuestos a PROMESA, demandaron al gobierno de Puerto Rico, alegando que la ley de 'quiebra criolla' que la Legislatura aprobó en el 2015 era inconstitucional. Se espera una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre ese caso antes del 30 de junio.

Entendiendo la realidad?

El presidente cameral Ryan explicó el jueves que se sigue trabajando diligentemente en un proyecto de ley que puedan aprobar congresistas de ambos partidos. Si continúa la oposición férrea de los más conservadores de su partido cuando termine el receso de la Cámara a mediados de mayo, no está claro en qué punto deje de intentar de convencerlos y enfocarse más en lograr el apoyo de los demócratas para poder aprobar una solución a la crisis.

'Queremos el apoyo máximo de legisladores de ambos partidos', expresó una ayudante de Ryan el jueves. 'Nuestra meta es obtener una mayoría (de los republicanos), pero también tenemos que entender la realidad', añadió.

El secretario del Departamento del Tesoro, Jack Lew, explicó que los republicanos y los demócratas están trabajando juntos para resolver el asunto y deben resistir la presión fuerte que se está ejerciendo para dividirlos y paralizarlo todo. 'Los acreedores están divididos. No todos los acreedores están en contra de esto', explicó Lew. 'No se puede permitir que los intereses de este subgrupo que se oponen a ello sea la consideración que predomine', afirmó.

Pero los fondos buitres, siempre cuentan con las armas del litigio y de la paciencia.

Cuando una crisis provoca un impago, la experiencia nos dice que son renuentes a negociar arreglos voluntarios y prefieren acudir a los tribunales para que les paguen, no importa cuanto tiempo les tomen. Fondos buitres de este tipo, incluyendo algunos que tienen bonos de Puerto Rico como Aurelius Capital Management y Elliott Management, rehusaron hacer arreglos cuando en el 2001 – hace 15 años – Argentina incumplió con sus pagos por el servicio de su deuda de casi $100 mil millones, el impago más grande en la historia hasta ese momento.

Argentina reestructuró la gran mayoría de la deuda al aceptar los acreedores pérdidas de hasta 70 porciento del valor de sus bonos. Pero el siete porciento de los acreedores acudieron a los tribunales en Nueva York y argumentaron que el país no le debía pagar a ningún acreedor si no se le pagaba a ellos también. Un juez los favoreció a ellos, la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner rehusó pagarles, todos los pagos estaban detenidos, y la economía siguió en crisis por años.

Hace poco más de una semana, el nuevo presidente Mauricio Macri, un conservador que prometió solucionar el problema de la deuda en su campaña electoral, pagó $6.2 mil millones a 20 acreedores que habían paralizado todo. NML Capital, una unidad de Elliott Management, recibió $2.4 mil millones, lo cual se estima representa una ganancia de 369 porciento sobre la inversion original.

‘Puerto Rico no es Argentina'

En la única vista pública que llevó a cabo el Comité de Recursos Naturales sobre el proyecto de ley PROMESA, algunos republicanos conservadores realzaron a Argentina como un ejemplo a seguir.

'El optimismo en Buenos Aires es tan fuerte que se siente en el aire', señaló el representante Jeff Duncan de Carolina del Sur. 'El optimismo por la solvencia, por el acceso al mercado de capital, por la inversión en la infraestructura, por la inversión en el futuro'. Enfatizó que no desea una reestructuración obligatoria de la deuda ya que los acreedores habían invertido en los bonos entendiendo que eso no sería una posibilidad. 'Esa es la manera más apropiada para hacerlo, abordarlo de una manera responsable fiscalmente, renegociar la deuda y delinear un plan,' agregó.

Uno de los testigos, Antonio Weiss, consejero de Lew a cargo de asuntos económicos domésticos, controló su tono de voz, pero parecía un poco molesto. 'Primero, tomó 15 años resolver lo de Argentina y durante todo ese tiempo, Argentina estuvo marginado de esos mercados', contestó Weiss. 'Segundo, Puerto Rico no es Argentina. Es parte de los Estados Unidos'. Weiss rechazó las comparaciones con los casos de Argentina y de Grecia mencionados en la vista. La isla, explicó, tiene una tasa de pobreza infantil de 58 porciento, el 45 porciento de los hogares son pobres, las nóminas del gobierno se han reducido en un 25 porciento, y la 'crisis más grande' es la migración constante de puertorriqueños de la isla a Estados Unidos continental.

En los 12 meses terminando el 31 de octubre, añadió, el 2.5 porciento de la población isleña había partido, casi el doble de los que se iban hace dos años. De no actuar ahora, enfatizó Weiss, se avecina una crisis humanitaria real en el territorio que algunos de los conservadores en la vista llamaron un paraíso isleño. 'Estamos hablando de (ciudadanos) americanos', ripostó Weiss. 'Es cierto que Puerto Rico puede ser un paraíso isleño, pero no es un paraíso para los ciudadanos americanos que viven allí hoy'.