Los congresistas republicanos reunidos, hoy, viernes para discutir la crisis fiscal de Puerto Rico y su $73 mil millones en deuda pública parecían estar de acuerdo que el Congreso tenía que hacer algo para atender la situación. Y eso parecía ser un paso de avance.

Pero el intento por el liderazgo congresional republicano de persuadir a sus colegas que apoyaran un proyecto de ley sobre la crisis trajo a flote las diferencias sobre qué acciones se debían tomar para solucionarla.

El portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, convocó la sesión especial del viernes para tratar de persuadir a los republicanos a que apoyaran la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que intenta implantar mecanismos para reestructurar la deuda de la isla.

Ryan convocó la reunión de hoy porque durante la sesión del pasado miércoles del Comité de Recursos Naturales de la Cámara quedó claro que no había apoyo suficiente para someter el proyecto a votación.

'Hay gente poderosa aquí que han estado enfocados en conseguir que esto se apruebe, pero solo lo pueden aprobar si la mayoría de los legisladores están de acuerdo con la política pública, y aún no hemos llegado a ese punto', afirmó el representante Luke Messer, de Indiana.

'Los republicanos están totalmente opuestos a un rescate financiero', añadió. 'Se está presentando el argumento de que esto no es un rescate financiero. Ese argumento no ha prevalecido todavía', dijo Messer.

Según uno de los presentes, los representantes Sean Duffy de Wisconsin, quien propuso el proyecto de ley, y Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales, reiteraron que el plan no le costará nada a los contribuyentes estadounidenses y que se requiere que se reestablezca el orden fiscal y que se cuadre el presupuesto de Puerto Rico.

Al comenzar la reunión Ryan declaró que el Congreso tiene la obligación de proteger a los contribuyentes y a la economía. Se aclaró que esta fue una discusión inicial para la conferencia republicana sobre el tema y que habrán más.

En una vista sobre el proyecto PROMESA el pasado miércoles, los republicanos del Comité de Recursos Naturales se mostraron reacios a permitir que Puerto Rico pudiera reestructurar gran parte de los $73 mil millones en deuda de forma que obligaría a los acreedores a someterse a un proceso que no protegía sus derechos.

Además, no parecían confiar en la Junta de Control Fiscal que propone el proyecto de ley para la isla que tendría que dar el visto bueno para que el gobierno o los acreedores puedan acudir a la vía judicial para la reestructuración.

Los congresistas demócratas también han criticado la propuesta Junta de Control Fiscal, pero por otras razones. La Junta tendría la última palabra al elaborarse y aprobarse el plan fiscal y un presupuesto balanceado para Puerto Rico, acciones que tildan de antidemocrático y hasta colonialista.

Pero los republicanos se están enfocando más en los aspectos financieros de la legislación, la oposición a la reestructuración o a detallar bien la manera en que se lleve a cabo para proteger los derechos de los acreedores y evitar hacerle daño al mercado de bonos.

'Si Puerto Rico no reforma sus propias políticas económicas, esto va a fracasar, y no hay nada en el proyecto de ley que los obligue a hacerlo', explicó el congresista John Fleming de Luisiana, miembro del Comité de Recursos Naturales y del conservador House Freedom Caucus.

No obliga, por ejemplo, a que Puerto Rico cambie su patrón de gastos, reduzca el tamaño de la nómina de empleados públicos, mejore la manera de recaudar sus impuestos y lograr ingresos, añadió.

'Lo único que hace es crear una reestructuración forzada donde habrá un reordenamiento de los acreedores, y eso puede hacer que las pensiones y las uniones pasen al frente de la fila mientras que los acreedores queden en la parte trasera', enfatizó Fleming. 'Y nosotros los conservadores estamos preocupados de que esto no hace nada para lidiar con los problemas estructurales en la economía de Puerto Rico', agregó.

A pesar de las dudas, los congresistas parecían todos reconocer que se vislumbra una crisis humanitaria en Puerto Rico si no se toma acción pronto, no solo por la posibilidad de más cesanteos de empleados y más carencias de servicios al público, sino también por los $1.6 mil millones pendientes a pagar en mayo y julio por el servicio de la deuda.

Varios congresistas y representantes del Departamento del Tesoro federal están elaborando cambios al proyecto de ley con urgencia, pero aún no se sabe cuándo estará listo una nueva versión de PROMESA. Antonio Weiss, consejero del Secretario del Tesoro Jack Lew, y congresistas demócratas buscan eliminar el requerimiento de que 2/3 partes de los acreedores tengan que estar de acuerdo para que comience una reestructuración, meta que muchos estiman no se puede alcanzar y paralizaría el proceso.

También buscan extender la moratoria para hacer pagos a la deuda – ahora fijado a 10 meses en el proyecto – para ofrecer más tiempo para las negociaciones y para la gestión fiscal.

Algunos congresistas el viernes expresaron que aún no han decidido apoyar a PROMESA, pero se mostraron optimista de que, luego de más trabajo que ya se está realizando, se generará un proyecto de ley por el que muchos más de sus colegas podrán votar en lo afirmativo.

'Esta es una buena conversación y es un buen proyecto que aún hay que mejorar', afirmó el representante Raúl Labrador de Idaho, miembro de Comité de Recursos Naturales y del House Freedom Caucus conservador. 'Hay muchas sugerencias buenas y también mucha información equivocada o tergiversada, así que me agrada el que hayamos tenido esta reunión', afirmó.

Y los conservadores que cuestionaban la necesidad de atender la crisis de la isla parece que quedaron en la minoría o convencidos de lo contrario. El representante Mick Mulvaney, de Carolina del Sur, le salió al paso a otros miembros del House Freedom Caucus conservador que él ayudo a fundar.

'Les dije que no podemos escoger cuáles partes de la Constitución nos gustan para poder actuar', expresó Mulvaney. 'El Artículo 4 de la Constitución establece que este es nuestro problema. Pueden haber distintas formas de arreglar el problema, que incluye el no hacer nada. Pero esa es una decisión que tendríamos que tomar. No podemos evadir el tomar una decisión', añadió.