Varias semanas de cabildeo intenso y urgente en el Congreso federal por parte de tantos para buscar soluciones a la crisis fiscal de Puerto Rico parecen haber resultado en poco consenso y las partes aún muy enfrentadas en la discusión legislativa que comienza hoy, miercoles, en el Capitolio de Washington.

Luego de varios borradores y revisiones hasta última hora, la propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), aún le impondría a la isla una Junta de Control Fiscal, acción que genera la oposición más férrea por parte del gobierno de Puerto Rico y muchos otros sectores del país.

El anteproyecto de ley PROMESA es un intento del Congreso de atender el reclamo del gobierno de Puerto Rico que les permita reestructurar gran parte de la deuda pública de $73 mil millones que agobia a la isla. Con pagos en mayo y julio de $1.6 mil millones por el servicio de la deuda que no puede pagar, el gobernador Alejandro García Padilla declaró la semana pasada que el gobierno está insolvente y la Legislatura aprobó de emergencia una moratoria temporera al pago de la deuda.

Esto le añadió más urgencia a las negociaciones en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley le permite a la isla reestructurar la deuda, pero como prerequisito, impone la junta para auditar y reformar las finanzas, el presupuesto y parte de las operaciones del país.

Aunque la versión final del proyecto presentada el martes suaviza un poco la autoridad de la junta para dictaminarle al gobierno medidas específicas de austeridad para confrontar la crisis, seguiría ejerciendo el poder de fijar las pautas para un plan fiscal, limitar y aprobar el presupuesto de Puerto Rico, y anular, aunque más indirectamente que un borrador anterior, leyes aprobadas por la Legislatura que entran en conflicto con el plan fiscal.

Ese plan y el presupuesto lo elaboraría el gobernador utilizando pautas específicas que aseguren fondos necesarios para los servicios públicos esenciales, estimados correctos de ingresos para cuadrar el presupuesto, fondos suficientes para las pensiones, la eliminación de los déficits estructurales, y el mejorar el manejo fiscal y de la deuda, entre otros puntos.

Si la junta estima que el plan o el presupuesto presentado por el gobernador no cumple con esas pautas, puede elaborar e implementar su propio plan y presupuesto. Los críticos de PROMESA en la isla y en Washington afirman que estos poderes son excesivos y antidemocráticos.

En el anteproyecto final, también se amplió la junta para incluir la minoría demócrata en el proceso de selección. En vez de cinco miembros, la junta se compondrá de siete miembros con voto. Los nombrará el presidente de los Estados Unidos – dos de una lista provista por el Portavoz de la Cámara de Representantes federal, dos de una lista del Presidente del Senado, uno de cada una de las listas ofrecidas por los líderes de la minoría en Cámara y Senado, y uno a discreción del presidente.

Uno de los que sugiere el Portavoz de la Cámara tendrá que ser residente o tener negocios principales en Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico sería un miembro sin voto. El representante sin voto del Departamento del Tesoro federal se eliminó de la junta.

A pesar de la oposición de varios grupos de acreedores de permitirle a Puerto Rico reestructurar su deuda, el proyecto de ley incluye mecanismos para así hacerlo, primero por medio de acuerdos voluntarios y luego por la vía judicial de ser necesario. Borradores anteriores establecían que solo la junta podría acudir a los tribunales representando al gobierno. Pero la versión final permitiría que el gobierno acuda al tribunal directamente luego de recibir la aprobación de la junta.

Y la versión presentada el martes incluye más revisiones que requieren que las 2/3 partes de los acreedores de un grupo aprueben los acuerdos voluntarios, sin especificar si los que no están de acuerdo aún pueden acudir a un tribunal.

La versión a discutirse hoy añade una sección detallada que establece diferencias entre los tipos de deuda que tiene Puerto Rico y varias formas y prioridades que se le parece dar a cada uno. Esto parece reflejar las preocupaciones de los acreedores que luchan por asegurar sus pagos y rechazan que la junta o el gobierno establezca prioridades de pago a su discreción.

El representante Rob Bishop, quien preside el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, expresó que el proyecto de ley es el resultado de un proceso abierto de mucha colaboración entre todas las partes en aras de conseguir un 'consenso responsable'. Estas reformas, añadió, respetan los derechos de todos y encamina a la isla hacia una responsabilidad fiscal para atender la crisis humanitaria y evitar un rescate financiero por parte de los contribuyentes estadounidenses en el futuro.

Pero la líder de la minoría demócrata, la representante Nancy Pelosi, no quedó satisfecha con los cambios y afirmó que el Congreso tiene la responsabilidad de atender esta crisis de una manera más sostenible a largo plazo. Por ejemplo, PROMESA dice muy poco sobre posibles medidas de desarrollo económico por parte de Washington que ayudaría a Puerto Rico a salir del estancamiento económico que lleva 10 años aquejando la isla.

Afirmó que los problemas en el proyecto de ley se pueden arreglar y que los demócratas continuarán presionando para lograrlo.

'Hay que trabajar más sobre el fondo, el corazón de la propuesta republicana para mejorar la composición, el alcance y los límites de la junta y hacer más eficiente el proceso de reestructuración (de la deuda) para que sea más factible,' afirmó Pelosi. 'Además, nos preocupa como la legislación afecta negativamente a los trabajadores en Puerto Rico, así como las consecuencias de transferir los terrenos federales en Vieques sin asegurar las protecciones fuertes en pro la conservación.'

El Comisionado Residente de Puerto Rico Pedro Pierluisi, reaccionando a esta crítica por parte de varios sectores en Puerto Rico y del Departamento de Interior de los Estados Unidos, expresó que se ha cambiado esa parte del proyecto de ley para asegurar que solo se podría entregar los terrenos en Vieques para uso de la conservación, no para el desarrollo privado.

Otros puntos incluídos o cambiados en el versión final del proyecto de ley PROMESA incluyen:

• Para empleados del gobierno que provean información falsa a la junta, se eliminó la posibilidad de encarcelamiento y la penalidad de hasta $1,000 delineadas en versiones anteriores, y determina que las personas enfrentarán cargos de acuerdo a las leyes de Puerto Rico. La junta no podrá despedir a empleados gubernamentales que no sigan sus órdenes.

• El salario mínimo para empleados de 25 años de edad o menos sería $4.25 la hora, a diferencia de las versiones anteriores del proyecto de ley que eliminaba el salario mínimo federal, pero no establecía un mínimo.

• La junta podrá recomendarle al gobernador cambios en personal, la reestructuración de agencias gubernamentales, medidas para lograr que el gobierno funcione de forma más eficaz, y otras medidas. El gobernador está obligado a responderle a la junta y al Congreso si acepta las recomendaciones o decide no implementarlas, a diferencias de las versiones anteriores en que obligaba al gobernador a ponerlas en marcha.

• La junta puede solicitar un análisis o una auditoría de los sistemas de retiro en Puerto Rico, pero ya no tendría la autoridad para alterar los beneficios de los jubilados unilateralmente.