Si el Gobierno de Puerto Rico prevalece en el recurso de apelación que someterá para frenar la decisión del juez del Tribunal Federal en la Isla, Jose A. Fuste, sobre la legalidad de la Ley 72, la megatienda Walmart tendrá que pagar el próximo año la suma adeudada con hasta 20% adicional por recargos además de posibles penalidades.

'Si nosotros ganamos en apelación, ellos van a tener que pagar con recargos e intereses que pueden sumar 20%, más alguna penalidad, pero el efecto hay que verlo. Nosotros estaremos radicando la apelación próximamente y cada empresa y sus asesores tomarán una posición. Pero si ganamos de aquí a un año nos deben eso, más el 20 %', indicó en un aparte con la prensa el martes el secretario del Departamento de Hacienda (DH), Juan Zaragoza Gómez, tras su ponencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes sobre cuatro proyectos que buscan eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Secretario se expresó esperanzado de que la decisión de Fusté sea revocada por el Tribunal federal de Apelaciones a la vez que explicó que la objeción principal al alegato de Walmart frente a la Corte era la jurisdicción del foro federal sobre un asunto en materia contributiva local cuando la ley indica que el foro adecuado es el estatal a menos que no existan remedios a la situación.

'Nosotros entendemos que sí hay unos remedios y lo primero que vamos a estar apelando es la decisión del Tribunal en el caso. Nosotros estamos confiados que en la apelación el caso se va a devolver a los tribunales locales y que ahí entonces tendremos una decisión favorable para nosotros', aseguró.

'Esto fue un ejercicio presupuestario. Se propuso el 16% con el IVA y simplemente llegó un punto en que necesitábamos de 100 a 115 millones de dólares y analizamos en ese momento las diferentes canastas de tributación. Lógicamente una opción era a los individuos, podemos imponerles 115 millones más de contribución a los individuos? La contestación fue que no. Podíamos subir el IVA (Impuesto al Valor Agregado) un poco más? Tampoco, porque ya se había llegado al tope, 11.5%. Podíamos imponer un impuesto a las corporaciones regulares subiendo la tasa? Esa alternativa no rendía mucho porque aquí esas corporaciones pierden dinero', abundó.

El titular de Hacienda explicó que al revisar cada canasta contributiva, que incluía arbitrio a automóviles, cigarrillos y alcohol, se recurrió al único mecanismo que se entendía viable y que atendía la situación del precio de transferencia.

Zaragoza Gómez desmintió las alegaciones de que el Gobierno de Puerto Rico diseñó el impuesto exclusivamente para la megatienda.

'Fue que simple y sencillamente que se me pidió que para cuadrar esto se necesitaba X cantidad de dinero y analizamos las diferentes canastas y entendimos que esa era la mejor ruta. La prioridad de todas la autoridades fiscales de todos los países del mundo, son los precios de transferencia, técnicas de erosión de la base contributiva, ese es el principal enfoque, inclusive del IRS (Servicio de Recaudación de Impuestos federal) porque es reconocido que estas empresas ubican sus ingresos donde más se benefician y nosotros no estamos ajenos a sufrir ese impacto, que antes no lo sufríamos era porque nuestra base industrial estaba concentrada en la manufactura y en esos casos el interés de la corporación es mover la mayor cantidad de ingresos a Puerto Rico para beneficiarse de la exención', indicó.

Zaragoza Gómez recalcó que la legislación de la Ley 72 aplica a más de 100 contribuyentes y cualquier insinuación de que la ley fue creada para penalizar a Walmarte es completamente ajena a la realidad.

'Eso se mal interpretó. Eso es una legislación que les aplica a más de 100 contribuyentes. Lo que plantee fue que en el momento en que lo redactamos a principios de 2015 y utilizando data (sic) de planillas corporativas de 2012, que eran las disponibles, la única corporación a quien le aplicaba era a Walmart', aclaró.

'Si basado en las ventas de 2015 y 2016 ellos serían el único, eso se tendría que verse. Esto se hizo con unas limitaciones de información, porque era información vieja, e iba a ser difícil saber si Walmart iba a ser la única empresa a quien le aplicara', añadió.

Sobre el impacto que tiene la decisión del juez Fusté, el titular del DH admitió que es muy temprano saber el efecto directo en la economía local.

'En el trimestre que falta eso nos cuesta 75 millones de dólares. Está por verse cuál será la reacción de la comunidad empresarial porque nosotros vamos a apelar esa decisión, y si lo miras en el micro, cada empresa es responsable de tomar la decisión si va a pagar eso en su planilla o tomar la posición de no pagar eso en su planilla, arriesgándose a que nosotros ganemos en apelación', dijo.