El juez federal Jose A. Fuste determinó hoy que es inconstitucional el impuesto que el gobierno de Puerto Rico creó para que las corporaciones paguen por transacciones hechas entre su matriz en Estados Unidos y su filial en Puerto Rico ('transfer pricing'), que estaba diseñado para generar $115 millones en un año y que, hasta ahora, sólo le aplicaba a Walmart.

Con su decisión, Fusté pone fin a un periodo de siete semanas en el que, según su escrito de 109 páginas, estaba esperando a que las partes le sometieran argumentos adicionales a los vertidos en vistas celebradas en febrero, lo que no hicieron.

A pesar de que declaró el impuesto inconstitucional, Fusté rechazó, sin embargo, que el impuesto represente un castigo ilegal del gobierno a Walmart.

'En resumen, este impuesto no es un castigo. Es oportunismo', dijo Fusté al resolver el caso incoado por la multinacional contra el Departamento de Hacienda.

Como instrumento para ejecutar su argumento, Fusté emitió un interdicto que prohibe a Hacienda cobrar el impuesto impugnado.

La Ley 72 aprobada en 2015 elevaba del 2 % al 6.5 % el impuesto que grava las compras entre las empresas matrices y sus filiales en la isla, lo que se conoce en inglés como 'transfer pricing'.

Walmart alegaba que esa subida -que solo afectaba a esta empresa en todo la isla- prácticamente ponía en jaque su supervivencia en Puerto Rico, ya que los impuestos que tenía que pagar prácticamente se duplicaban y eran superiores a su ganancia neta.

Para Fusté, con la aprobación de esa ley el Gobierno de Puerto Rico violó principios constitucionales estadounidenses relacionados con igual protección de las leyes, comercio interestatal y relaciones federales.

Durante las vistas, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, un exasesor de Walmart en su práctica privada, reconoció que la ley, que se hizo con la presión de la actual crisis fiscal, sólo afectaba a Walmart.

El Gobierno argumentaba además que el Tribunal Federal debía rechazar la demanda de Walmart sobre la base de la Ley Butler, que establece que los tribunales federales de distrito no tienen jurisdicción para actuar en pleitos donde se cuestionan impuestos estatales.

Walmart argumentó, por su parte, que con la nueva ley la carga impositiva que tenía que soportar en la isla era la más elevada que debía afrontar en todo el mundo y criticaba que la legislación no afectara a ninguna otra compañía más que a ella.

La empresa -que cuenta en la isla con 55 tiendas de las marcas Supermercados Amigo, Supercenter, Sam's Club, Walmart y Súper Ahorros, y emplea a unas 15,000 personas- rehusó hoy hacer declaraciones a la espera de estudiar en profundidad la decisión judicial.

En su escrito, el juez también hace referencia a las dificultades financieras que afronta el Gobierno de la isla, con una Hacienda que en junio de 2016 registrará déficit en su cuenta principal de casi mil millones de dólares.

Ello explica, según apunta, que el Gobierno de Puerto Rico haya puesto en vigor 'leyes y regulaciones que aseguran efectivamente que un gran contribuyente sea obligado a pagar un impuesto inconstitucional y luego reclamar un reembolso de millones de dólares'.

'No nos agrada nada impedir bajo estas circunstancias vías de ingresos que van directamente al presupuesto general de Puerto Rico', apunta el juez, que recuerda que 'nosotros también somos ciudadanos de esta isla y también tenemos que sufrir las consecuencias de este desorden financiero en el horizonte'.

Sin embargo, 'el Gobierno no debe depender de impuestos que no le corresponden para tratar de pagar los servicios esenciales' a la ciudadanía, subrayó el magistrado.

'La decisión del Tribunal Federal invalidando el impuesto al Transfer Pricing es errada y confío plenamente que el proceso apelativo así lo establezca. El Departamento de Justicia de Puerto Rico debe apelar bajo los fundamentos de que no existe jurisdicción federal y que el impuesto no violenta el comercio interestatal ni la ley de relaciones federales. Tampoco es discriminatorio ya que aplica basado en volumen de ventas y no en otro tipo de consideración. La empresa demandante, por sus propias admisiones, tiene ventas en Puerto Rico por $3 billones anuales y se queja de pagar $45 millones en impuestos. El principio que erosiona esta decisión es que en momentos de crisis fiscal, los más que tienen deben aportar de acuerdo a sus ganancias reales. Esta decisión niega esa norma básica de justicia ciudadana y debe ser apelada', reaccionó el representante popular, e impulsor del impuesto, Luis Vega Ramos.

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En el limbo decisión en caso Walmart v Hacienda

Decisión de juez federal José A. Fusté sobre impuesto a Walmart - NotiCel_18199