Un carril expreso para proyectos 'críticos', incluyendo la privatización de la generación de energía bajo la Autoridad de Energía Electrica (AEE), cárcel para los funcionarios que desobedezcan sus órdenes, control judicial al Tribunal Federal en Puerto Rico y entrega de algunos terrenos en Vieques son parte de la lista de elementos que trae el borrador para la controvertible legislación de la junta de control fiscal.

La ley que trabaja la mayoría republicana en la Cámara de Representantes federal se llama Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (o PROMESA por sus siglas en inglés), pero la única promesa concreta hasta ahora es la de encrispar al liderato político del país que de una forma u otra se ha expresado crítico de la propuesta desde que NotiCel adelantó su contenido el Jueves Santo.

Siendo un borrador, queda por ver cuáles de los elementos sobreviven a la propuesta final que debe conocerse este martes.

En resumen, la propuesta acarrea:

-Creación de una junta de supervisión que no será una dependencia federal, sino que operará dentro del Gobierno de Puerto Rico con cinco miembros (el Gobernador y el secretario del Tesoro federal son otros dos miembros, pero no tienen voto). Dos de los miembros deben ser residentes de Puerto Rico.

-Los miembros de la junta no cobran pero tienen consultores, un Director Ejecutivo, un Coordinador de Revitalización y un Oficial de Gerencia que sí cobran así como que mantendrán oficinas en San Juan y Washington DC. Pueden tener en destaque empleados federales y estatales.

-La junta tendrá poder de desacato y todo funcionario público que desobedezca sus órdenes o que les someta información falsa o engañosa puede ser procesado por delito menos grave con cárcel de hasta un año y multa de hasta $1,000.

-La junta tendrá inmunidad en su operación y sobre el resultado de sus acciones u órdenes. Su operación se sufraga de dineros de Puerto Rico y se autoriza a tomar prestado para financiarla.

-Una vez esté en vigor, que será tan pronto el proyecto se convierta en ley, la Legislatura y el Gobernador entran bajo el control de la junta en las siguientes formas: aprobación de presupuesto, aprobación de plan fiscal, emisión de deuda y recomendaciones de eficiencia gubernamental. En todos estos renglones aplica un esquema similar en el que: Gobernador y Legislatura someten a la junta para aprobación, si junta aprueba se hace, si junta no aprueba , Gobernador y Legislatura tienen que seguir sometiendo alternativas o, si no someten o si ninguna es aprobada, la junta actúa directamente en esos renglones.

-La junta puede ordenar reducción de gastos en cualquier renglón excepto en el pago de deuda. De la misma forma revisa los contratos del gobierno y, si no los aprueba, la contratación no prosigue.

-La junta puede emitir órdenes y reglamentos que tendrán la misma fuerza legal como si la emitieran el Gobernador o las agencias y estas acciones no están sujetas a revisión judicial.

-Hay que someter a la junta un informe de todas las exenciones contributivas que el gobierno haya otorgado y se le prohibe al gobierno autorizar exenciones adicionales.

-Todas las leyes aprobadas tienen que ser sometidas a la junta con análisis de costo y, si no son compatibles con planes fiscales, no entran en vigor.

-Los planes fiscales tienen que proveer para cubrir servicios básicos, para el financiamiento adecuado a los sistemas de retiro, y la eliminación de déficits presupuestarios.

-La junta decidirá si Puerto Rico puede tomar prestado y, si lo hace, el dinero va a cuenta controlada por la junta para desembolso según lo dicte el plan fiscal o presupuesto. El crédito del gobierno federal no se compromete con estas emisiones.

-Gobernador tiene que someter informes trimestrales de ingresos y gastos.

-La junta puede hacer recomendaciones en distintos renglones que, de nos ser acogidas por el Gobernador y la Legislatura, pueden ser sometidas al Congreso para acción. Esto incluye un sistema de personal basado en el mérito y rendimiento de los empleados, el financiamiento alternativo de los sistemas de retiro, y la estructura del gobierno.

-Se le puede ordenar al Gobernador que transfiera a la junta cualquier recaudo del gobierno comprometido con el pago de deuda.

-Hay que someter a la aprobación de la Legislatura todo contrato que represente más de $1 millón en un periodo de 12 meses para que allí se apruebe o se deniegue.

-La junta ordenará los procesos de reestructuración de deuda acudiendo al Tribunal Federal y certificando al Tribunal Supremo de Puerto Rico cualquier controversia sobre la aplicación de la Constitución del Estado Libre Asociado.

-El proyecto tiene una disposición específica de que no se afecta el derecho de los puertorriqueños a decidir un estatus político futuro.

-Suspende la aplicación de algunas leyes federales laborales sobre compensación, incluyendo el salario mínimo a trabajadores menores de 25 años.

-Pasa al gobierno algunos terrenos de la Marina en Vieques.

-Ordena un estudio público sobre los sistemas de retiro y recomendaciones para financiarlos por los próximos 20 años, incluyendo recomendación de reducción de beneficios.

-Los proyectos de infraestructura y energía se manejarán a través del Coordinador de Revitalización, quien los someterá a la junta para que ese cuerpo los designe como 'proyectos críticos' que estarán sometidos a proceso expedito de permisos. Algunos criterios serán: si tienen financiamiento privado disponible, si están alineados con plan fiscal, si disminuyen la dependencia del petróleo y si propenden a la privatización de la generación de energía en la AEE.

Borrador del proyecto PROMESA - NotiCel_18198