Una jueza del Tribunal de San Juan determinó el martes que la animadora infantil Leydy Guzmán Lorenzo, popularmente conocida como Lady Mágica, no violó la orden protección radicada en su contra a petición de su exesposo, el productor de espectáculos Cesar Sainz.

A las 6 de la tarde del 28 de febrero, Sainz se encontraba recostado a una de las barandas al lado de la tarima que había ubicado en el Coliseo de Puerto Rico para recibir a la cantante española Ana Gabriel, cuando Guzmán Lorenzo entró al área de arena del 'Choli' y se sentó en una de las primeras filas, a unos 30 pies del productor con quien estuviera casada durante 17 años.

'Me entró pánico y me puse extremadamente nervioso, había una orden de protección y sencillamente no podía estar en mi área de trabajo, no me sentí cómodo en ese momento', manifestó Sainz en la silla de testigo, durante la vista preliminar. Aquella noche, siguió trabajando y 'disfrutando del concierto', y luego fue que se querelló con la Policía que entonces emitió una orden de arresto.

Tanto la fiscal Carmen Iris Ortiz como el propio Sainz repitieron en varias ocasiones que tanto en la taquilla como en la publicidad del concierto se evidenciaba que la empresa del productor, LVR Events, era la gestora del evento, por lo que se sobreentendía que Guzmán Lorenzo sabría que su exesposo estaría allí presente.

Sin embargo, ante preguntas de la jueza Elizabeth Linares Santiago, Sainz admitió que Guzmán Lorenzo no entabló ningún tipo de contacto visual con su exposo a su entrada a la arena.

'Todo delito en Puerto Rico requiere la intención de cometer un acto criminal', dejó claro la jueza. 'Cuando la vio, no hubo contacto visual de ella para dejarle saber ‘estoy aquí'. La orden de protección no impide que esta señora acceda a un evento público. Si va e interviene [con Sainz], entonces está violando la orden de protección', agregó.

A palabras de la jueza, el propósito de una orden de protección es impedir el contacto entre las dos personas implicadas. Si Guzmán Lorenzo hubiese establecido contacto visual, acudido donde su exposo, intentado hablar con él, o en un caso más extremo, hubiese intentado agredirlo física o verbalmente, entonces la orden de protección hubiese entrado en vigor.

A su vez, la jueza aclaró que, aunque la orden de protección establece que la querellada no puede acercarse a la oficina y los alrededores del lugar de empleo del querellante, en el caso del Coliseo de Puerto Rico se trata de un lugar público y no la oficina de Sainz, y lo importante entonces era que no interviniera con él y su labor.

No obstante, el Ministerio Público pidió una fecha de reconsideración, ya que insisten en que el Coliseo esa noche era el lugar de trabajo de Sainz. Por el momento, Guzmán Lorenzo queda en libertad y se le quitó el grillete electrónico que cargaba desde que el 29 de febrero le hubiesen hallado causa para arresto y le impusieran una fianza de $10 mil.

La vista preliminar en la sala 608 del Centro Judicial de San Juan. A Sainz solo se le quebró la voz y rompió en un llanto seco cuando mencionó el nombre de sus hijas, por las cuales la expareja sostiene una batalla legal.

'Por el bienestar de nuestras hijas, yo quiero acabar esta guerra… Yo siempre he estado dispuesta, lo que pasa es la falta de comunicación. La comunicación es lo más importante entre papá y mamá, lo que pasa es que nos hemos divorciado y él todavía me sigue pisoteando… Tenemos que unirnos por nuestras hijas que es lo que siempre le he dicho toda la vida', declaró Guzmán Lorenzo ante la prensa a su salida de la vista preliminar luego de que fallara la decisión a su favor.

La animadora infantil de 44 años, residente de Dorado, tiene a su haber otro caso en los tribunales, debido a que en el 2015 el Departamento de la Familia emitió una orden de protección en su contra para que no pudiera acercarse a su hija adoptiva de 12 años, a quienalegadamenteagredió físicamente

Por su parte, Sainz declaró que todavía teme por su vida a su salida de la sala. El pasado 27 de enero, en horas de la noche, Sainz acudió a solicitar una orden de protección en el cuartel de Dorado, una semana después de que, según su versión de los hechos, Guzmán Lorenzo hubiese intentado atropellarlo con un carro.