La Autoridad de Energía Electrica (AEE), la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) defendieron el proceso de contratación de la empresa Integrated Consultants & Legal Advisors (ICLA), cuyo presidente fue citado al Gran Jurado como parte de la investigación sobre el recaudador Anaudi Hernández Perez.

De un lado, la AEE explicó a NotiCel que realizó un proceso de evaluación de propuestas de servicios, porque la Ley 83 de 1941, exime a la corporación pública el tener que efectuar un proceso de subasta para los contratos de servicios profesionales.

Aparte de ICLA, la AEE aseguró que 'evaluó una propuesta de un 'sole practitioner' o abogado con práctica independiente, que no cumplió con las expectativas de la agencia ya que no contaba con los recursos necesarios para el manejo del volumen de casos que requiere la Autoridad. Esos recursos necesarios eran abogados, investigadores y tasadores'.

ICLA ha estado en la palestra pública luego de que su presidente, Eric Reyes Colón, tuviera que acudir a una citación ante el Gran Jurado. Reyes Colón es amigo del Primer Mandatario y fue miembro de su comité de finanzas para la campaña eleccionaria del 2012. Este diario digital reportó recientemente que en octubre de 2015 todavía Reyes Colón parecía estar vinculado con la campaña, al participar en un adiestramiento sobre la Ley 222 junto a García Padilla y otras personas.

El pasado 18 de febrero, Hernández Pérez se declaró culpable por tres esquemas de corrupción gubernamental. Por el momento, ninguna acusación ha sido presentada contra Reyes Colón, cuya empresa ha tenido contratos con la AEE, la ACT, la AEMEAD, y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

La AEE detalló que en el proceso de evaluación de ICLA se tomó en 'consideración que pudieran ofrecerde forma integrada toda la gama de recursos profesionales y la experiencia, para manejar situaciones relacionadas a expropiaciones forzosas y reclamaciones de daños por desistimiento en los casos de expropiación forzosa. En la evaluación de propuesta también se tomó en consideración los costos de los servicios en comparación con el proveedor anterior en la AEE. Este proveedor era New Star Acquisitions, Corp'. En la Administración Fortuño, New Star estuvo bajo fuego por su contratación para el manejo de las expropiaciones del fallido proyecto Vía Verde.

De otro lado, el actual director de la AEE, Javier Quintana, rechazó mediante declaraciones escritas que en el proceso de evaluación hubiera recibido llamadas del secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz; del ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Eder Ortiz Ortiz; del recién nombrado secretario del Departamento de Estado y hasta entonces secretario de la Gobernación, Víctor Suarez; del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló; o algún otro funcionario para abogar por la contratación de ICLA.

Sin embargo, señalaron que no podían confirmar o rechazar si el exdirector de la AEE, Juan Alicea, recibió llamadas porque 'ya que no labora con nosotros'.

En lo que va de cuatrienio, la AEE le ha otorgado a ICLA tres contratos. El más reciente fue suscrito el pasado septiembre de 2015, por un monto de $150,000.

La AEE apuntó que hasta la fecha le han desembolsado $422,292.72 a ICLA, quienes realizan 'servicios de adquisición de propiedades y servidumbre mediante el proceso de expropiación forzosa y proveen otros servicios legales que la Autoridad le requiera en asuntos especializados'.

Mientras tanto, el exdirector ejecutivo de AEMEAD, Miguel Ríos Torres, indicó a este diario que desde el 1997-1998 conocía del trabajo que realiza la empresa porque supuestamente trabajaron en el proceso de adquisición de propiedades que llevó a cabo el Municipio de San Juan para el Proyecto de Comunidades Especiales, durante la administración de Sila Calderón.

NotiCel todavía espera que AEMEAD explique si ICLA operaba anteriormente bajo otro nombre, porque en el portal del Departamento de Estado aparece que la empresa fue registrada el 31 de diciembre de 2012.

Mientras tanto, Ríos Torres, insistió que debido a que tenía constancia del 'expertise' de la empresa, fue a la única entidad a la que se le requirió una cotización, la que afirmó que fue satisfactoria. Rechazó que en el proceso de evaluación de la cotización hubiese recibido llamadas de parte de funcionarios de la administración García Padilla, abogando por la contratación de ICLA.

De otro lado, el funcionario explicó que ICLA hace tasaciones, llega a acuerdos con los residentes de las propiedades y realiza estudios de títulos. Abundó que hacen todo el trabajo para que cuando lleguen finalmente a la AEMEAD las propiedades estén listas para la adquisición.

'Realizan un servicio por encima de lo que ellos están cobrando', aseguró Ríos Torres.

Al momento, por los trabajos en la Comunidad Reparto Cerca del Cielo en Ponce, AEMEAD le ha desembolsado a ICLA unos $166,463.75. Y por las gestiones en el barrio Robles de San Sebastián, la agencia les ha pagado $2,141.25.

Por su parte, la directora de la ACT, Carmen Villar, no estuvo disponible para discutir el proceso de evaluación para la contratación de ICLA, ni si se evaluaron a otras empresas ni si hubo intervención de funcionarios de la administración García Padilla. Tampoco indicaron cuánto la ACT le ha desembolsado a ICLA.

La asesora legal de la ACT, Yasmín M. Santiago Zayas, emitió unas escuetas declaraciones escritas en la que manifestó que 'al día de hoy, la ACT tiene un contrato vigente de servicios profesionales legales con ‘Integrated Consultant and Legal Advisors LLC' para atender los cientos de expropiaciones que la ACT tiene pendiente en el tribunal. Dicho contrato es hasta un máximo de 720 mil dólares, e incluye los servicios accesorios a los servicios legales que se proveen, como por ejemplo: estudios de título, emplazamientos, tasadores, etc. El contrato fue otorgado siguiendo la ley y reglamentación aplicable y el proceso interno de la agencia'.

Entretanto, la actual directora de AFI y recién nombrada secretaria de la Gobernación, Grace Santana, no respondió a las peticiones de entrevista cursada por este diario digital.

No obstante, en una entrevista otorgada al programa Jugando Pelota Dura, Santana, negó haber recibido presiones para que le otorgara un contrato a ICLA.

Propuesta de ICLA- NotiCel_16050

Propuesta de New Star Acquisitions en el 2011-NotiCel_16051

Contrato con ACT 1-NotiCel_16089

Contrato con ACT 2-NotiCel_16090

Contrato con ACT 3-NotiCel_16091

Contrato con ACT 4-NotiCel_16100

Contrato con AFI 1-NotiCel_16101

Contrato con AFI 2-NotiCel_16102

Contrato con AFI 3-NotiCel_16103

Contrato con AEE 1-NotiCel_16104

Contrato con AEE 2-NotiCel_16105

Contrato con AEE 3-NotiCel_16106