Walmart de Puerto Rico estaría incapacitado de continuar operaciones en la Isla de prevalecer la Ley 72, que le impone a la multinacional una tasa contributiva estimada en 91.5%. Así lo aseguró hoy Anthony Walker, vicepresidente de Impuestos Especiales en la matriz corporativa de la megatienda en el estado de Arkansas, durante su comparecencia hoy, miercoles, ante el juez Jose A. Fuste en el Tribunal federal en Hato Rey.

Walker fue el primer testigo en ser llamado al estrado por la batería de abogados que representa a la corporación durante el segundo día del juicio que Walmart lleva contra el Gobierno de Puerto Rico para impugnar la legalidad de la Ley 72.

'La razón por la que estamos demandando es porque queremos quedarnos (en Puerto Rico). Queremos seguir apoyando a la comunidad, creando empleos…queremos seguir siendo parte de la solución pero sería imposible para nosotros seguir operando teniendo que pagar de cada dólar que ganamos, $1.14', explicó el testigo mientras era interrogado por el abogado Neal Manne, uno de los abogados quien defiende a Walmart.

'Eso no es sostenible para nosotros. Recientemente cerramos siete tiendas en Puerto Rico como parte de una estrategia que nos ha obligado a cerrar un total de 254 tiendas alrededor del mundo. Aquí en Puerto Rico Walmart no genera muchas ganancias (en comparación a otros establecimientos fuera del país), con un mayor impuesto sería muy difícil seguir operando', añadió Walker aduciendo que la compañía cesaría operaciones en Puerto Rico si la Corte federal no declara inconstitucional la Ley 72.

A preguntas de Manne, Walker aseguró que durante reuniones con el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y otros legisladores de mayoría y minoría, escuchó varias veces referirse a la nueva tasa de impuesto que la corporación debía pagar con la Ley 72 como 'el impuesto Walmart' y que su impresión era que estos estaban más atentos a recaudar el dinero necesario para pagar los gastos esenciales del Gobierno que a analizar si la ley era injusta para la compañía. Walkerno precisó quién o quiénes de los legisladores se refirieron al impuesto de esa manera.

Sin embargo, durante el contrainterrogatorio dirigido por la abogada Susan Seabrook, en representación del Gobierno de Puerto Rico, los esfuerzos por minar la credibilidad del testigo con respecto a ese alegato fueron infructuosos. Seabrook no logró convencer al juez Fusté de que esa parte del testimonio de Walker fuera desestimada como meros rumores.

Por otro lado, un momento tenso se suscitó entre el juez Fusté y el abogado representante del Gobierno de Puerto Rico, José Luis González Castañer, cuando este último retó la validez del testimonio de otro de los testigos de Walmart, el doctor Brian Richetti, experto en análisis económico y de procesos de recolección.

Richetti fue comisionado por los abogados de Walmart para analizar datos recopilados en las cortes locales por los abogados sobre el tiempo que toman los tribunales locales en procesar reclamaciones de reintegros. Según su testimonio, en Puerto Rico los casos sometidos en las cortes locales tardan un promedio de 1,326 días en ser atendidos. No estuvo del todo claro qué querían establecer los abogados de Walmart con este testimonio.

González Castañer argumentó que la información obtenida por Richetti fue a través de una tercera persona y no directamente, hecho que evita que se produzca un análisis no viciado de los datos.

'El señor Richetti no puede llegar a una conclusión si no ha examinado el universo de casos en la Corte de Apelaciones. Él no participó en la recolección de esos datos… el criterio utilizado para recopilar esos datos fue impuesto por una tercera persona', argumentó, a lo que el juez Fusté, visiblemente molesto, ripostó.

'Cuánto tiempo lleva usted como abogado? Voy a aceptar la evidencia porque yo sé cuánto se tardan los casos en verse a nivel local. No ha lugar', sentenció el Juez federal refiriéndose de manera despectiva sobre el proceso judicial de los tribunales en la isla.

Otro testigo llamado al estrado durante el segundo día de juicio fue Humberto Martínez Acosta, director de Controles y Contabilidad de Walmart Puerto Rico, quien indicó durante su testimonio que Walmart compra anualmente $400 millones en mercancía doméstica teniendo la posibilidad de adquirir los mismos artículos por un precio más bajo en los Estados Unidos continentales, dando la impresión de que la representación legal de la mega tienda pretendía establecer ante la Corte que esta le hace un favor a la Isla al comprar mercancía doméstica para su reventa.

Los últimos dos testigos llamados hoy fueron Ileana Molina Fernández, empleada de la División de Conciliación del Departamento de Hacienda (DH) y su supervisora inmediata Yaimé Rullán Cabrera, asistente del Secretario de esa dependencia.

A través de los testimonios de las funcionarias, el abogado Joseph Grinstein, dejó establecido que la Cuenta del Secretario o Cuenta de Operaciones, el DH mostró un balance de negativo 263 millones de dólares para diciembre 2015, posiblemente con el propósito de establecer claramente la necesidad del Estado de identificar fondos de manera urgente y por ende la implementación del impuesto.

Se espera que mañana, en la continuación del caso, el último testigo en ser llamado a comparecer sea el secretario del DH, Juan Zaragoza Gómez.