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Traducciones y mordaza complican disputa entre Walmart y Hacienda

Durante la vista de antelación al juicio en el pleito que la compañía multinacional Walmart lleva contra el Gobierno de Puerto Rico, Neal Manne, uno de los representantes de la corporación, indicó al juez Jose Fuste que se apresta a llamar mañana al estrado a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, y al secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, como parte de los 11 testigos que utilizará a lo largo del proceso.

Durante la vista para el caso, donde Walmart intentará impugnar la Ley 72 que establece un cambio de tributación entre la compañía matriz y sus operaciones en Puerto Rico, el juez Fusté señaló dos asuntos pendientes que podrían representar un problema en el caso.

El primero fue la traducción de la Ley 72 y el otro la orden de mordaza que pesa contra los documentos que se utilizarán como prueba durante el proceso judicial.

'He leído como tres traducciones diferentes al inglés de la Ley (72) y quisiera saber cuál es el correcto porque son difíciles de entender al ser traducidos. Si no me proveen un documento con una traducción que tenga sentido, voy a referirme a la ley en español', advirtió el Juez federal.

'Yo no puedo llevar este juicio en secreto. Le impuse la mordaza a los documentos para evitar discusiones públicas sin sentido, pero si uno de los testigos sube al estrado y se menciona alguno de esos documentos, no puedo hacer nada más. Las transcripciones se hacen públicas al cabo de unos días', señaló en referencia a la inquietud de los abogados del Gobierno de Puerto Rico sobre la divulgación de documentos sensitivos.

El pasado 4 de diciembre la empresa Walmart demandó al Secretario de Hacienda en el Tribunal federal alegando que la Ley 72 viola la Cláusula del Comercio Interestatal, la Cláusula de Igual Protección y la ley de Relaciones Federales.

Según asegura la empresa, el estatuto establece un cambio en la tributación entre la compañía matriz y las operaciones en la Isla. La empresa argumenta que por su propia naturaleza esa ley es una discriminación contra el comercio interestatal pidiendo que el mismo sea declarado inconstitucional.

El proceso judicial comenzará mañana a las 9:00 a.m. en la sala del juezFusté en el Tribunal federal de Hato Rey.

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(Archivo / NotiCel)
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