Serias preocupaciones de seguridad han surgido en el Ministerio Público luego del ataque a tiros del cual fue objeto la fiscal Francelis Ortiz Pagán y que le causara la muerte el pasado martes en la madrugada frente a su residencia en Río Grande, ataque que se presume está relacionado a uno de los casos que atendía.

El suceso que ha estremecido a todo el país evidencia el gran riesgo que diariamente los fiscales enfrentan en sus labores.

A tales efectos, tanto jueces, como abogados y fiscales han levantado su voz de alerta para que se tomen medidas contundentes que eviten una tragedia similar bajo la presunción de que el asesinato de la reconocida fiscal haya sido un crimen por acecho relacionado a algunos de los casos notorios que Ortiz Pagán haya trabajado, teoría que cada vez toma más fuerza.

Un fiscal de un tribunal de la zona metropolitana, quien pidió anonimato por temor a represalias, aseguró a NotiCel que el Departamento de Justicia (DJ) realmente no cuenta con mecanismos efectivos para proteger la seguridad de los fiscales en Puerto Rico.

'No hay ningunas medidas. Las escoltas a escena son relativas. Si la escena es de día y es en las jurisdicciones donde hay centro de denuncias, lo que nosotros llamamos CMID (Centros Municipales de Investigaciones y Denuncias), en esas jurisdicciones, entiéndase Carolina, Bayamón y San Juan, sí hay escolta disponible. Pero en todas la escenas de noche, y donde no hay CMID, el fiscal tiene que llegar en su carro personal o en el de fiscalía, que no tiene tintes y que tiene tablilla de gobierno. En algunas ocasiones tienes que llegar a la escena porque los policías no quieren buscarte porque no tienen personal. Porque ellos no le responden a Justicia, ellos le responden a la Policía', indicó el fiscal, quien posee más de 10 años de experiencia en el menester judicial.

'Claro que las medidas no son suficientes. La gente no sabe lo que nosotros pasamos. En las escenas, en muchas ocasiones en los residenciales, en la madrugada, mientras todo el mundo duerme, nosotros estamos allí metidos, y de momento cuando estas allí, está todo el caserío despierto, mirando lo que tú estás haciendo y dicen que hay una amenaza de que van a tirotear ahora, y qué tú haces? Tienes que sacar pecho porque te tienes que quedar y eres el único que no tiene entrenamiento de ‘law enforcement' (cumplimiento de la ley), el único, porque todos los demás son de Forense y de la Policía', aseguró.

El Fiscal explicó que, durante su carrera, ha sido objeto de varias amenazas de muerte relacionadas a casos criminales que ha litigado en los tribunales. El más notorio, un caso donde un individuo mutiló a una mujer a quien tenía como rehén.

'Tuve un caso en el que un hombre fue absuelto por incapacidad mental. El hombre dijo que me iba a matar a mí y al juez. Ahora mismo tiene una orden de arresto en el tribunal porque no han logrado localizarlo, está en algún lugar en Puerto Rico y eso me pone en riesgo a mí y a mi familia. Está obsesionado con la perjudicada y conmigo', relató el fiscal.

El fiscal aseguró que el DJ podría incrementar los esfuerzos de seguridad para proteger la vida de los servidores públicos que laboran como fiscales.

'Para las escenas, que los fiscales sean recogidos en las casas o en los cuarteles más cercanos. Que traten de evitar que fiscales trabajen fuera de las jurisdicciones en que viven para así facilitarte la escolta en turnos que terminas de trabajar físico a las 12 de la medianoche. Si esa muchacha (Ortiz Pagán) hubiese trabajado en Carolina o Fajardo, hubiera sido más factible llevarla a su casa y estoy segura de que los atacantes, sea cual fuera su motivo, lo hubieran pensado dos veces antes de emprenderla a tiros contra ella', aseguró.

No obstante, la Oficina de Comunicaciones del DJ sacó a la luz pública un recuento de medidas de seguridad vigentes para fiscales y procuradores donde el secretario de Justicia, César Miranda, aseguró que los funcionarios del orden público, como fiscales y procuradores de menores, tienen a su disposición para proteger su seguridad personal mientras desempeñan las funciones inherentes a sus cargos.

Entre ellos, el Secretario mencionó el derecho de portar armas de fuego, adiestramiento continuo y gratuito para el uso y manejo de estas, así como transportación, protección por parte de agentes, además de orientación en temas de seguridad.

La misiva subraya además que elDJ provee armas a todo aquel fiscal que así lo solicite y brinda adiestramiento, al tiempo que requiere que anualmente el funcionario se certifique en el uso y manejo de armas de fuego. También, se provee protección por parte de agentes de la Policía, así como de agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Según el documento, en las fiscalías se cuenta con el apoyo y es común que agentes de la Policía de Puerto Rico transporten al fiscal de turno a las escenas de crimen y de vuelta a la fiscalía o a sus hogares, según sea el caso.

Además, asegura que se les provee un vehículo oficial no rotulado, con el propósito de no ser identificados y maximizar su seguridad, mientras el funcionario está de turno. Asimismo, se le provee un teléfono inteligente para facilitar la comunicación.

Miranda dio a conocer que en el año 2014, solo cuatro fiscales –de 345–, solicitaron alguna medida de protección al DJ. Durante el año 2015, únicamente dos fiscales así lo solicitaron.

Según se explicó, en los pasados 23 años han sido asesinados un fiscal y un procurador de menores, José Ismael Rivera Ortiz (1983) y Antonio Barceló Jiménez (2004), respectivamente. El asesinato de Barceló Jiménez no estuvo relacionado a su desempeño como procurador, según se evidencia en la investigación.

Sobre la portación de armas, el Secretario reveló que 132 fiscales y siete procuradores de menores portan armas. El titular de Justicia expresó además que el DJ cuenta al día de hoy con armas suficientes para ser asignadas a solicitud. Dichas armas son propiedad del Estado Libre Asociado y se les asignan a los funcionarios durante su desempeño en el cargo.

No obstante, el documento no establece qué medidas adicionales se tomarían en el caso de que la investigación del asesinato concluya que en efecto, se trató de un crimen por asecho relacionado a algún caso que la fenecida fiscal litigaba.

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