El clima hostil entre la Junta de Síndicos de la Universidad Carlos Albizu (UCA) y el expresidente de la institución Ángel Collado Schwarz, que condujo a su eventual despido, comenzó en marzo de 2015.

En esa fecha, Collado Schwarz comisionó una investigación por supuestas irregularidades en la remodelación de un edificio en el Viejo San Juan propiedad de la Universidad, cuyas labores aún no habían concluido en el transcurso de cuatro años, incluso cuando ya se había emitido por adelantado un pago a la firma contratada que rondaba la cifra de $3 millones.

Detalles sobre el suceso los contó este martes Collado Schwarz, sentado en la silla de testigos en la sala 904 del Centro Judicial de San Juan, donde el juez Ángel Pagán presidía la vista por la demanda radicada contra la Junta de Síndicos de la UCA, a la que Collado Schwarz exige se le restituya en su cargo como presidente tras haber sido despedido por una Junta que considera ilegítima por su composición ya nula.

En su rol como presidente, decidió comisionar la investigación luego de toparse con un panorama que juzgó sospechoso respecto a la contratación de la firma Gutiérrez-Latimer CSP. El edificio 205 de la calle Luna lo había adquirido la Universidad en el 2011, y la remodelación aún estaba en una etapa prematura. Fue entonces que se enteró de que el ingeniero estructural no había sometido los planos estructurales de la edificación, lo cual impedía al contratista proceder ya que los planos resultan indispensables para maniobrar con los edificios antiguos de la ciudad amurallada.

Al indagar, descubrió que el ingeniero no había sometido los planos porque aún no había recibido la paga estipulada, a pesar de que el arquitecto Henry Gutiérrez, quien se encargaría de contatar al ingeniero, ya había cobrado por adelantado todos sus honorarios, incluso cuando el contrato establecía que el pago se despacharía por etapas y los honorarios se liquidarían una vez terminada la labor.

Fue entonces que comisionó una investigación con el contable Rafael Martínez Margarida y decidió comentárselo a la Junta de Síndicos, incluso cuando consideraba que quedaba a su discreción la contratación de estos servicios.

Las fricciones que entonces se produjeron, relató Collado Schwarz, marcaron un antes y un después en su relación con la Junta, que hasta el momento le había dado mayormente rienda suelta para que firmara contrataciones a personal de apoyo, agencias publicitarias y se encargara de toda la actividad administrativa, mientras la Junta se suponía velara por la gobernanza de la institución.

Por un lado, denunció Collado Schwarz a preguntas del licenciado José Andreu Fuentes, no se le permitió presentar su presupuesto para la Universidad, el cual había sido creado a base de los 'objetivos estratégicos aprobados por unanimidad en diciembre' en el pleno de la Junta.

Según Collado Schwarztres exsíndicos de la UCA, el banquero Salvador Calaf, el expresidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, y el exsecretario de Educación, Rafael Aragunde, reconocieron que el tranque en la discusión del presupuesto se debía a represalias contra el expresidente por comisionar la investigación.

Aquella vez, la Junta de Síndicos de la UCA defendió su demora en aprobar el presupuesto, alegando que se encontraban evaluando un aumento de $4 millones en gastos, así como un aumento en el costo de la matrícula a estudiantes de nuevo ingreso sin autorización del cuerpo rector.

Sin embargo, en su testimonio Collado Schwarz sostuvo que durante su estancia como presidente de la Universidad, que cuenta con un recinto en el Viejo San Juan y otro en Miami, triplicó las ganancias de la institución a $1.5 millones. A su vez, dijo que existían más gastos pues se había cambiado la estructura administrativa, con la inclusión de dos provosto dirigentes académicos para cada recinto.

En aquella reunión, prosiguió, también se le cuestionaron las contrataciones de su secretaria y una persona que 'lo ayuda con su carro', personas que entraron a laborar en el mismo momento que Collado Schwarz, y que hasta el momento no habían recibido señalamiento alguno. De igual forma, la contratación de una agencia publicitaria para fortalecer la imagen de la universidad, que había perdido estudiantes en Miami y estancado su matrícula en San Juan, fue igualmente cuestionada.

El expresidente de la institución hizo hincapié en que, en el momento que se entrevistó con el comité de búsqueda de la Junta de Síndicos para nombrar al presidente –momento en el cual Collado Schwarz era vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y profesor en su Escuela de Derecho– puso dos condiciones: que se le permitiera realizar transformaciones en la UCA, la cual llamó 'un diamante sin pulir', y que se trazara la línea entre gobernanza y gerencia.

'Si la Junta quería un coordinador para ejecutar lo que ellos querían, yo no era la persona… así me hubiese evitado todos estos problemas', reclamó.

La demanda de Collado Shwarz va dirigida a la supuesta ilegitimidad de la Junta de Síndicos, debido a que ocho de los diez síndicos permanecen en sus puestos, contrario al Certificado de Incorporación que establece que podrán permanecer en su puesto durante tres años con posibilidad de reelección para tres años más, y luego de culminados esos seis años deben estar fuera un año para poder ser reelectos a un último término de tres años adicionales.

En el documento consta que Ruth Prevor, Jorge González Monclova, Jaime Pla y Gualberto Rodríguez han excedido el término máximo de nueve años, que Jaime Albors y Anibel Colón han excedido el término consecutivo de seis años, y que Julio Juliá y Teresita Bolívar han excedido el término de tres años, sin ser reelectos a un término adicional.