Cuando la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) tomó la representación de Jaime Gómez Vázquez para batallar los intentos del Departamento de Justicia de procesarle por el mismo delito de armas por el cual cumplió sentencia en la cárcel federal, lo hizo por ser un caso de derechos humanos y civiles más que uno sobre el estatus político de Puerto Rico.

Así lo afirmó el licenciado Víctor A. Meléndez Lugo, quien junto a la licenciada Wanda T. Castro Alemán, marcará la primera vez en la historia de la SAL defiende un caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este caso no solo es criminal, sino que podría definir la naturaleza de la relación de Puerto Rico con EE.UU.

Aunque la Sociedad representa a Gómez Vázquez, también representa indirectamente a Luis Sánchez Valle, porque su caso por delito de armas fue consolidado con el mismo.

El abogado detalló que GómezVázquez está en EE.UU. y se le instruyó no hablar del caso. El paradero de Sánchez Valle se desconoce.Tanto Sánchez Valle como Gómez Vázquez fueron acusados de vender armas y municiones sin permiso a agentes encubiertos.

Meléndez sostuvo que luego de haber cumplido unos tres años en cárcel, los acusados se enfrentaron con que el Departamento de Justicia local quería procesarlos por los mismos delitos de armas por los que ya habían cumplido cárcel en la federal. La diferencia es que a nivel estatal enfrentaban penas triples de unos 20 años debido a que la ley de Armas local 'es una sumamente draconiana. Es una barbarie', opinó el abogado.

El tribunal local desestimó los cargos estatales con el fundamento de que violaban sus derechos a no ser procesados dos veces por los mismos hechos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que había doble exposición porque Puerto Rico no es una jurisdicción separada de la federal porque es un territorio sin soberanía.

'Pretender que esas personas que ya cumplieron, sean juzgadas otra vez y después ponerles bastantes años es algo que prohíbe la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos', sostuvo Meléndez, a la vez que indicó desconocer el paradero de Sánchez Valle.

Según Meléndez, el caso Sánchez Valle es un hito para la SAL debido a que es la primera vez que esa entidad va al Supremo federal a defender un caso. 'Nosotros no fuimos sino que nos llevaron, porque el Departamento de Justicia apeló la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico', dijo.

Irónicamente, esta oportunidad surge para la SAL en momentos en que encaran una reducción de fondos que provoca salida de abogados de la organización.

Para que se sostenga el alegato de doble exposición, la SAL tiene que defender la decisión del Supremo que establece que la fuente de poder para las leyes criminales emana del mismo lugar que la del gobierno federal, es decir, el Congreso. El Departamento de Justicia local defiende que la fuente de poder para las leyes locales es diferente a la del gobierno federal ya que emana de la Constitución o del pueblo de Puerto Rico, por lo que no hay doble exposición.

'La razón por lo cual enfocamos el caso de esa manera es porque no existe otra manera de enfocarlo. Estas personas dada la ausencia de soberanía separada, no pueden ser procesadas por el mismo delito. Estamos defendiendo la determinación del tribunal… No es puramente político, es velar por los derechos del cliente', argumentó.

No obstante, Meléndez admitió que existe un interés porque el Supremo federal defina la naturaleza de la relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos por los problemas que esto ha creado jurisprudencialmente.

El procurador general de EE.UU., Donald B. Verrelli Jr., sometió un escrito al Supremo federal como 'amigo de la corte' en el que defiende la determinación del Supremo local sobre que el ELA es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Según Verelli, hay interés en el caso porque una determinación puede afectar cómo se manejan 'la legislación y políticas federales relacionadas a Puerto Rico a lo largo de un campo amplio de áreas sustantivas, incluyendo representación congresional, beneficios federales, impuestos federales, quiebras y la defensa'.

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