El Colegio de Abogados y Abogadas compareció hoy ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, solicitando unirse al pleito de Pueblo v. Sánchez Valle como 'amigo de la corte' (amicus curiae).

'Este caso representa un hito en la historia constitucional del País. Desde los Casos Insulares, decididos a principios del siglo 20, el máximo foro judicial de Estados Unidos no atendía un asunto de esta naturaleza. Por casi un siglo de jurisprudencia y controversias judiciales el Tribunal Supremo federal se había mantenido alejado de toda controversia judicial que pudiera incidir sobre las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. En ese sentido el caso de Sánchez Valle rompe con décadas de retraimiento judicial norteamericano' señaló el licenciado Mark Anthony Bimbela, presidente del Colegio.

El licenciado Bimbela explicó que 'la controversia judicial tiene que ver sobre el poder que tiene el Estado Libre Asociado para acusar a un ciudadano por hechos que fueron juzgados en la esfera federal. A tales efectos, Bimbela recalcó que 'este asunto va a la médula de las facultades y poderes que el Congreso aún ostenta sobre Puerto Rico y es una evidencia más del carácter colonial de la relación entre ambos países.'

Así también, el presidente de la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio, Alejandro Torres Rivera, indicó que el Departamento de Justicia de Puerto Rico ha tenido que reconocer que la decisión Sánchez Valle es 'jurídica -y políticamente hablando- la decisión más importante en el desarrollo de nuestras relaciones con Estados Unidos desde 1952. La misma pone al descubierto el problema básico de subordinación política de Puerto Rico a Estados Unidos bajo la Cláusula Territorial de su Constitución. El caso, además, abre el espacio al Tribunal Supremo de Estados Unidos para revocar y dejar sin efecto la ignominia y racismo sentado por dicho Tribunal a través de las decisiones adoptadas en los Casos Insulares, que permiten a Estados Unidos mantener colonias a perpetuidad. Una vez más nuestra Institución ha asumido su responsabilidad históricadenunciado nuestra relación de subordinación política y reclamo de libre determinación.'

El documento presentado ante el Tribunal Supremo federal- esboza que los casos insulares fueron decididos bajo las doctrinas racistas que imperaban en la época. Bimbela también destaco que 'se hizo énfasis en que mantener los casos insulares vigentes sería tener a Puerto Rico en un estado permanente de coloniaje. Nuestra Institución ha combatido desde décadas dicha jurisprudencia, y ha recalcado insistentemente que Puerto Rico debe tener el control de su destino político bajo un proceso democrático de autodeterminación. En ese aspecto las tres ideologías mayoritarias en Puerto Rico han estado de acuerdo'.

Por su parte, Daniel Nina, profesor de derecho y miembro del Colegio de Abogados y Abogadas, destacó que 'la intervención del Colegio en el presente caso representa un paso acertado y concreto que contribuye a la resolución eventual del problema colonial de la Isla.

No es posible continuar viviendo año tras año bajo una relación de dominación por parte de Estados Unidos que no nos garantiza desarrollarnos como pueblo. De forma consistente el Colegio lleva desde 1944, a través de resoluciones y comparecencias ante organismos internacionales, exigiendo el derecho a la autodeterminación del pueblo boricua y sobre todo que se constituya una Asamblea Constitucional de Estatus para atender la resolución de los problemas de falta de soberanía que afecta a los y las residentes de la Isla.'

El Colegio comparecerá a la vista pautada para el 13 de enero de 2015, en la sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington, DC, representado por su presidente Bimbela y por el abogado constitucionalista,Brian Netter del bufete Mayer Brown, LLP, de Washington, DC. Así también, se unió al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico la organización legal puertorriqueña y latinoamericana, Puerto Rican Bar Association of New york, por conducto de su presidenta Betty Lugo y la presidenta entrante, Carmen Pacheco.

El caso de Sánchez Valle fue resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 20 de marzo de 2015, estableciendo que una persona que fue condenada en la esfera federal no puede ser procesada criminalmente por el mismo delito en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El pasado 5 de diciembre el Tribunal Supremo federal también decidió revisar el caso sobre la ley de quiebra criolla. A su vez se espera que el caso de Pablo Casellas, en el cual recientemente el Tribunal de Apelaciones determinó que en Puerto Rico opera la disposición constitucional norteamericana que exige unanimidad del jurado para condenar a un ciudadano, también pueda llegar hasta el máximo foro norteamericano.

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