Los sectores bancario y de bienes raíces han sido los grandes beneficiados por la controvertible Ley 22 de 2012, que atrae a individuos inversionistas a residir en Puerto Rico a cambio de exenciones contributivas.

Previo a la creación de la Ley, en 2011, h abían más de quince propiedades reposeídas en el área de Condado con un valor aproximado de un millón de dólares cada una. Las proyecciones eran bastante pésimas. 'Los tasadores pensaban que ese mercado tardada en absorberse 10 años porque obviamente, se estaba tomando en consideración únicamente el mercado local. Nunca se consideró que íbamos a ser impactados por personas extranjeras', contó el presidente de Reality Realty, Iván Zabala.

Dos años después de aprobada la Ley 22 de 2012, más de la mitad del inventario de propiedades reposeídas del área de Condado, se ha absorbido, resaltó el consultor en bienes raíces.

La reventa de propiedades reposeídas aumentó en un 21.5% en 2014, en comparación con el año anterior. Tan solo en el primer semestre de 2015, en comparación con los primeros seis meses de 2014, las transacciones de inmobiliario aumentaron en un 55%, y en un 42.5% las reventas de propiedades reposeídas, según datos recopilados por la empresa.

Además, el estudio sobre los rendimientos de la estrategia de atracción de millonarios y de empresas de exportación que presentará oficialmente hoy el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y que el Caribbean Business adelantó la semana pasada, abona a esta conclusión. El análisis comisionado por el propio DDEC dice que la relocalización de millonarios a la Isla resultó en $260 millones de inversión en bienes raíces durante 2014. Además, supuestamente dejó $50 millones en hipotecas.

Esto ha traído un impacto favorable a la hoja de balance de los bancos. 'Cuando estaban enfrentando la crisis en 2011, muchos bancos empezaron a tener en sus libros préstamos morosos, que causaban que tuvieran que ir separando un dinero para seguir afectando compras futuras o tuvieran que ser más cautelosos a la hora de conseguir préstamos', explicó Agustín Rojo, de Empresas VRN y expresidente de la Mortgage Bankers Association.

Las propiedades reposeídas por los bancos son un gran atractivo para los fondos de cobertura privados y otros inversionistas millonarios, ya que estos tienen la ventaja de adquirir edificios en lugares privilegiados a un costo muy por debajo del valor original de mercado. En ocasiones, los bancos se conforman con el saldo de la deuda millonaria que dejaron los desarrolladores anteriores, pero consiguen a cambio que sus arcas se inflen con capital del exterior. 'Ha sido algo muy favorable porque logran limpiar sus libros y enfocarse en la función económica de financiar negocios', acotó Rojo. No hubo cifras sobre el aumento, si alguno, de los préstamos o financiamientos a negocios por parte de las instituciones bancarias en Puerto Rico.

Los incentivos sirven de promoción para la atracción de capital, pero la isla es de por sí uno de los lugares donde mayor retorno pueden conseguir de una inversión, según Zabala. Mientras en Estados Unidos los negocios no pueden alcanzar un 10% de retorno de inversión, en Puerto Rico sí es posible por el bajo costo de las propiedades.

A juicio de Zabala, el sector se ha beneficiado grandemente a raíz de la Ley, con una inversión estimada de $2 mil millones en transacciones inmobiliarias, adquisición y remodelación de propiedades, además de empleos indirectos, seguros, patentes municipales, impuesto por habitación y CRIM. Las áreas que se han visto beneficiadas incluyen a Condado con los hoteles San Juan Beach Hotel, La Concha y Vanderbilt, todos los cuales pertenecen al dueño de fondos de cobertura, John Paulson; Santurce con el lujoso complejo de vivienda La Ciudadela, del millonario Nicholas Prouty; La Marina de Puerto del Rey, en Fajardo; Puerta de Tierra, en Viejo San Juan; Palmas del Mar, en Humacao; y Aguadilla con la entrada de Lufthansa Technik.

Zabala consideró, además, que esta Ley tiene un beneficio que la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal no tenía, en la medida en que exige que estas personas sean residentes de la Isla, compren casas o apartamentos, y creen lazos con los demás residentes.

'Si esto sigue como se vislumbra y proyecta, mirando lo histórico y el presente, va a provocar que los precios comiencen a estabilizarse, que los locales quieran mudarse a estas áreas y se va a seguir expandiendo', adelantó el corredor de bienes raíces.

A preguntas de este diario, Zabala comentó que sin las Leyes 20 y 22, la situación económica 'sería peor porque tendríamos 60 propiedades abandonadas. No tendríamos un Lufthansa, un Vanderbilt remodelado; un Ciudadaela, dando más de cien mil apartamentos a Puerto Rico. Es un salvavida que aunque a lo mejor no resuelve el problema enteramente, ayuda porque esos inversionistas contratan arquitectos, albañiles, ingenieros. Hay gente que ha regresado… Esa gente crea empleos. Necesitan un lugar donde vivir... Hay un corredor envuelto, un tasador… Cuando miras el efecto es multiplicador', aseguró.

Los incentivos bajo la Ley 22 han estado bajo fuego de la Cámara de Representantes y de consultores del Departamento de Hacienda que han señalado la falta de un beneficio tangible mayor a la economía de la Isla con estas dádivas contributivas que, según ha dicho el jefe del DDEC, Alberto Bacó, son un 'derecho' y no un 'privilegio' para sus beneficiarios.

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