Las medidas sometidas tanto por el senador republicano Orrin Hatch como por el congresista republicano Sean Duffy proponen controles más estrictos sobre las finanzas de Puerto Rico en la forma de un cuerpo externo que las controle, pero no proveen herramientas de desarrollo económico.

La medida de Duffy da la opción a que Puerto Rico pueda beneficiarse del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras y permite a la isla mantener algunos de sus poderes de gobernación interna, contrario a la de Hatch.

Ninguna de las medidas hace propuestas de desarrollo económico sino que meramente proponen que sea una junta de control fiscal, cuyas acciones no podrían ser examinadas, la que tome las decisiones con respecto al uso del presupuesto y otros asuntos fiscales.

Hatch sometió en conjunto con los senadores Lisa Murkowski y Chuck Grassley el llamado Proyecto de Asistencia a Puerto Rico 2015. La medida crea la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y Gestión de Asistencia de Puerto Rico, cuyos miembros serían nombrados por el Presidente de los EE.UU. con el asesoramiento del Congreso y el Gobernador. Tres de los cinco miembros tendría que ser residentes de Puerto Rico. No podrán haber servido como empleados o funcionarios públicos del ELA durante los últimos cinco años, y ningún miembro recibirá paga.

La entidad y sus miembros no serían responsables 'por cualquier obligación o reclamación en contra del ELA como resultado de las medidas adoptadas' por la Autoridad, cuyo presidente sería el Secretario del Tesoro. Este organismo estaría investido de amplios poderes de investigación y acceso directo a los sistemas de información del gobierno. La misma operaría con una resolución de la Legislatura local que certifique que apoya sus gestiones y cesaría cuando ya Puerto Rico no esté bajo un 'periodo de control'. La Autoridad podrá emitir citaciones y solicitar ayuda judicial para llevar a cabo sus tareas de asegurarse que la Isla salga de la crisis fiscal. La Autoridad tendrá que mantener al Congreso informado de todo lo que ocurre fiscalmente en la Isla. La entidad propuesta tendría la facultad de emitir nueva deuda para ayudar al ELA pero sin comprometer la fe y el crédito de los EE.UU.

Aunque el gobernador podría solicitar la emisión de nueva deuda, se le podría exigir al Gobernador que transfiera fondos no comprometidos o que transferir ingresos de impuestos para garantizar las obligaciones de la Autoridad. Además, la Autoridad sería la que toma la decisión de cómo se utiliza el dinero. Una parte importante de la medida son los llamados 'períodos de control', una disposición que establece que si el ELA o algunas de sus corporaciones no llenan expectativas fiscales, se les pondría en un periodo de control en donde la Autoridad toma las decisiones de controles y gastos. Luego del periodo de control, la Autoridad continuaría monitoreando las entidades y sus presupuestos.

Si una corporación pública gasta más de lo que recibe luego de dos trimestres, la Autoridad nombrará un 'gerente de emergencia' para que la dirija. El gerente de emergencia se haría cargo de todas las tareas realizadas por la junta de directores y gerencia de la corporación pública. Esto incluiría 'proponer aumentos, disminución de, u otros cambios en las tarifas, derechos, impuestos u otros cargos que la corporación pública tiene el poder de imponer a las personas o la propiedad dentro del ELA' pero la decisión tendría que ir acompañada 'de una demostración de la necesidad razonable' de dicha acción.

La medida también establece la creación de la Oficina del Director de Finanzas, una figura que serviría como asesor principal del gobernador en todos los asuntos fiscales. El proyecto de ley establece que una vez que el gobernador nombra debidamente el llamado 'CFO', las funciones y el personal del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se transfieren a esa Oficina. El gobernador nombraría a su CFO pero si el ELA está bajo un periodo de control, el candidato tendría que ser aprobado por la Autoridad. De lo contrario, seria evaluado por la Legislatura. Este funcionario sería la persona encargada de elaborar los planes financieros del ELA, los presupuestos anuales y las estimaciones de ingresos, tanto trimestrales y anuales durante un periodo de control. También sería responsable de supervisar la recaudación de todos los ingresos del gobierno. Actualmente, el gobernador Alejandro García Padilla tiene nombrada en esa posición a la presidenta del BGF, Melba Acosta.

La medida pone a la disposición del ELA unos $3 mil millones en fondos para ayudar a su estabilidad económica pero sería la Autoridad la que determinaría el uso de esos fondos.

De otra parte, la medida de Duffy, llamada Ley de Estabilidad Financiera y de Opción de Reestructuración de Deuda, establece la creación de una Junta de Control Fiscal o Consejo que aprobaría presupuestos y planes fiscales que sean creados por el Ejecutivo y que cumplan con ciertos estándares para promover la estabilidad fiscal del gobierno y creados por el propio organismo.

La medida le da a la Isla acceso al capítulo 9 si así lo decide.

Proyecto Duffy - NotiCel_16492

Proyecto Hatch - NotiCel_16493