El gobernador Alejandro García Padilla aplaudió el sábado, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de revisar la decisión del Primer Circuito de Boston en la que declaró inconstitucional la Ley 71 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico.

c'La Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas fue creada para proporcionar a las corporaciones públicas habilidades de reestructuración similares a las que tienen otras entidades en Estados Unidos, y esperamos tener la oportunidad de defender la constitucionalidad de esta legislación. Esto es un largo proceso pero nosotros tenemos la esperanza de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronuncie a favor nuestro. Los 3.5 millones de ciudadanos americanos de Puerto Rico no pueden seguir esperando por el alivio. La crisis en el país se hace más grave cada día que pasa y por ello instamos al Congreso a actuar ahora proporcionándonos herramientas para reestructurar nuestra deuda y permitir que nuestra economía crezca, y así poder aliviar la carga fiscal que enfrentamos. El hecho es que los servicios esenciales del pueblo puertorriqueño dependen de esta decisión', dijo García Padilla en declaraciones escritas.

Por su parte, el comisionado residente, Pedro Pierluisi elogió la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de examinar la constitucionalidad de la Ley de Ejecución de Deuda de Corporaciones y Recuperación de Puerto Rico conocida como la Ley de Quiebras Local.

'Esta es una decisión interesante que le provee al Congreso otra razón de peso adicional para aprobar de forma expedita la legislación que autoriza a Puerto Rico a reestructurar una porción significativa de su deuda bajo la supervisión de un juez federal. Mi preferencia es que el marco legal para autorizar a Puerto Rico a reestructurar su deuda se apruebe a nivel federal. El estatus quo—en el que Puerto Rico no tiene marco legal alguno para reestructurar deuda de forma justa, ordenada y equitativa—no beneficia a los 3.5 millones de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico ni a los acreedores de nuestro gobierno', dijo Pierluisi en declaraciones escritas.

'El primer error del Congreso fue excluir a Puerto Rico del Capítulo 9 en el 1984, sin razón de peso alguna. Treinta años más tarde, esa exclusión obligó al gobierno del territorio de Puerto Rico, altamente endeudado, a crear la Ley de Quiebra Local, la cual busca autorizar a ciertas corporaciones públicas a ajustar sus deudas, y la cual ha causado gran preocupación ante los acreedores de Puerto Rico. En febrero de 2015, un tribunal de distrito de Estados Unidos declaró inválida la ley local por ser campo ocupado del Código de Quiebras federal y estar sujeta a la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense. En julio de 2015, el Primer Circuito reafirmó la decisión del tribunal de distrito, concluyendo que el Congreso se reservó el poder de autorizar la protección del Capítulo 9 a las entidades de Puerto Rico. Según el Tribunal, Puerto Rico sólo tenía un recurso, 'acudir al Congreso para un remedio'. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha provisto un certiorari, abriendo la posibilidad de que el más alto foro revoque al Primer Circuito. Toda esta incertidumbre y confusión pudo haberse evitado si el Congreso no hubiera tomado la inexplicable decisión de excluir a Puerto Rico del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal en 1984', continuó diciendo Pierluisi.

'El Congreso ahora ha empeorado ese error original. El pasado año, y nuevamente este año, presenté legislación con el simple propósito de proveerle trato igual a un estado a Puerto Rico bajo el Capítulo 9, como lo tenía antes del 1984. Los argumentos a favor de mi proyecto de ley superan por mucho los argumentos en contra. Tiene el apoyo de expertos de todo el espectro político y no le costaría un sólo centavo al gobierno federal. No obstante, por 18 meses, el Congreso ha rehusado actuar. Mientras tanto, la situación en Puerto Rico continúa deteriorándose, perjudicando a mis constituyentes e impidiendo—en vez de promoviendo—que individuos e instituciones que le prestaron dinero al gobierno de Puerto Rico reciban los pagos que se les deben', concluyó.

De otra parte, la portavoz cameral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jenniffer González Colón, dijo que cuatro de los nueve jueces del Tribunal Supremo federal que declararon inconstitucional la ley de quiebra criolla de la administración García Padilla tienen 'otra oportunidad para definir los parámetros de nuestro estatus territorial y de cuán protegidos estamos los ciudadanos americanos de Puerto Rico por nuestra constitución federal'.

'Más importante que cómo se atenderá nuestra crisis fiscal, el Supremo de hoy tendrá en este caso la oportunidad de determinar si las discriminatorias reglas de antaño siguen vigentes a los territorios y sus residentes hoy, cien años más tarde', dijo González Colón.

Finalmente, la también expresidenta cameral le pareció interesante que la Fundación Angel Ramos solicitara y le fuera concedido la oportunidad de intervenir en este caso. 'Estamos seguros que en los próximos días esta importante entidad caritativa explicará públicamente su interés en intervenir', concluyó.

'Puerto Rico necesita un marco legal sensato bajo el cual reestructurar sus deudas. El Congreso debe proveerlo, tornando innecesario el caso en el Tribunal Supremo estadounidense'.