El caso contra el recaudador del Partido Popular Demorático (PPD), Anaudi Hernández, y que ha conllevado la comparecencia al Gran Jurado de altas figuras de ese partido, rompió esta mañana con el arresto de el y otras nueve personas.

El arresto de Hernández se realizó a eso de las 5:00 a.m. en su residencia del área metropolitana, confirmó en entrevista radial el portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Osorio.

El magistrado Carlos López puso en detención preventiva hasta el lunes a Hernández para ver más prueba sobre una alegada intervención con un testigo y determinar si lo deja salir bajo fianza. El hombre de 40 años y con dos años de universidad, se declaró no culpable de los cargos.

La acusación cubre tres esquemas separados de soborno y extorsión para obtener contratos por un valor de más de dos millones de dólares con agencias del Gobierno para entidades corporativas controladas por Hernámdez.

Estas agencias eran la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y la Cámara de Representantes. Aunque la acusación se centra en tres agencias, Hernández tuvo contratos con la Administración de Servicios Generales, con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), con la Compañía de Parques Nacionales, y con la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de. Puerto Rico (COSSEC).

Las firmas que tuvieron contratos fueron 3 Comm Global, Links Group, Kendall Consulting Group, JM Professional <><><><>& Training Group, Waffler Avenue and EKO Technologies. Aunque no era dueño, Hernandez uso su influencia para obtenerle un contrato a Mech Chem con la AAA. /p

p

La acusación incluye 25 cargos por conspiración a programas federales por medio de sobornos, cargos de fraude electrónico, declaraciones falsas ante un Gran Jurado, extorsión, lavado de dinero y obstrucción a la justicia, según anunció la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez./p

p

'Nos encontramos aquí hoy nuevamente para destapar uno de los problemas que más nos ha afectado a través de los años, la corrupción pública. El amiguísimo político y el favoritismo en la otorgación de contratos en el Gobierno nos ha ido vaciando las arcas gubernamentales. Hoy el pueblo paga dolorosamente el precio de las negociaciones por debajo de la mesa, en restaurantes y tiendas de lujo, tras bastidores, en cuartos oscuros, que resultan en la contratación del que está mejor conectado y no del mejor postor', afirmó Rodríguez, en una rueda de prensa junto al jefe del FBI, Carlos Cases; la contralora Yesmín Valdivieso; la directora de Ética Gubernamental, Zulma Rosario y los fiscales José Capó y Timothy Henwood.

Los 25 cargos son contra los siguientes individuos: Anaudi Hernández Pérez, Sally López Martínez, Sonia Barreto Colón, Ivonne Falcón Nieves, Javier Muñiz Álvarez, Carlos F. Luna Cruz, Xavier González Calderón, Víctor R. Burgos Cotto, Marielis Falcón Nieves y Glenn Rivera Pizarro.

La investigación salpicó a la Fiscalía federal con amenazas, que segúnCases,'no nos quita el sueño. Que tiren con todo lo que tengan', sostuvo.

Varias veces se dijo que el hermano del gobernador, Luis Gerardo García Padilla, ni el propio Gobernador, son tarjetas de investigación, pero la misma continúa.

Hernández hizo sus empresas con el propósito de obtener contratos bajo el gobierno PPD a tal punto que las mismas carecian de experiencia por lo que lo que subcontrataban los servicios con terceras personas, explicó Rodríguez.

Por su parte, Cases dijo que desafortunadamente este es un caso más de corrupción que en los últimos 20 años han contribuido a la situación financiera frágil de Puerto Rico y que afecta a los dos partidos. Le dijo a los oficiales de la minoría del Partido Nuevo Progresista que no cantaran victoria porque uno de los arrestados corrió para un puesto bajo ese partido.

De acuerdo a la acusación, Hernández Pérez usó su influencia política y personal con miembros del Gobierno, incluyendo el hermano del gobernador Alejandro García Padilla, Luis Gerardo García Padilla, para nombrar personas en posiciones críticas en el Gobierno y le proveyó objetos de valor a estas personas para obtener contratos.

Sobre Hernández pesan 16 cargos de conspiración para cometer fraude de programas federales y fraude electrónico; fraude para privar al gobierno de servicios honestos; soborno, extorsión, conspiración para cometer fraude electrónico. Enfrenta unos 30 años en prisión, miles de dólares en multas y además, se pidió confiscar una mansión de $4 millones que posee en Aguadilla.

Su esposa, Verónica Nadiaska Ponce, estaba entre el público mientras que Hernandez usaba un traductor y estaba acompañado de su abogado Osvaldo Carlo.

Cuando llegó el momento de estimar si se dejaba salir a Hernández bajo fianza, el fiscal José Capó, se opuso al alegar que el acusado era un riesgo de fuga y que además había tratado de intervenir con testigos que fueron ante el Gran Jurado. Abundó que Hernández ha ido de viaje a Las Bahamas, París, España y varias veces a República Dominicana. Dijo que tenía acceso a botes ya que es amigo del dueño de la compañía de ferries que va hacia República Dominicana desde Mayagüez, por lo que podría ser sacado del país.

Capó dijo que no sabía cuánta cantidad de dinero tiene Hernández disponible pues no radicó planillas de contribución sobre ingresos en el 2013 y 2014 pese a tener varias empresas, ni tiene tarjetas de crédito. Hernández conduce un Porsche y tiene un apartamento lujoso en Condado.

También expresó preocupación por la posible peligrosidad de Hernández, quien tiene permiso para poseer armas, tenía un arma de fuego en un 'fanny bag', pero el Juez no le dio importancia a ese alegato. Sin embargo, fue el argumento de que Hernández pudo haber intervenido con testigos del caso lo que persuadió al Juez a detenerlo preventivamente hasta el lunes para permitir que los abogados presentaran más prueba.

Aunque Hernández se comunicó con varios testigos, Capó dijo que solo tenía una llamada grabada en donde el acusado trató de decirle a un testigo lo que tenía que decir.

Carlo ripostó que Hernández no tenía cargos criminales y que todos sus contactos están en Puerto Rico, y añadió que todos los viajes que ha dado son familiares. Sostuvo que Hernández fue un testigo en otro juicio y que siempre ha estado en disposición de cooperar. A pesar de que sabe desde hace un año que era objeto de una investigación federal, siempre estuvo disponible.

Sostuvo que su única fuente de ingreso es la renta de su propiedad en Aguadilla que iba a ser confiscada y que entre familiares y amigos levantaron $100 mil para su fianza. Le dijo al Juez que el reunirse con testigos del Gran Jurado no es un delito y que su cliente no enfrenta ningún cargo por obstruir la justicia o intervenir con testigos.

Luego de media hora de receso para examinar una transcripción de la alegada llamada al testigo, el Juez expresó que necesitaba contextualizar la grabación. Luego de otro receso, el ordenó detener temporeramente a Hernández hasta el lunes.

Carlo dijo en WKAQ que, 'No sabíamos que iba a ocurrir hoy (el arresto), pero nos estábamos preparándonos ya para esa posibilidad ante los eventos que habían ocurrido en días recientes', pero admitió que, 'Después de más de un año de investigación, ya esta posibilidad la habíamos discutido en muchas ocasiones'.

En el caso de los otros acusados, cinco de los arrestados fueron sin abogados y se les pautó la vista de fianza para el 9 de diciembre. Ese fue el caso de la exadministradora de la Administración de Derecho Laboral, Sally López.

La magistrada Sylvia Carreño detuvo temporeramente hasta el 9 de diciembre a Javier Alexis Muñiz, exaspirante a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista, por amenazar testigos.

También se detuvo hasta una vista mañana a las 2:00 p.m. al exadministrador de la Cámara, Xavier González, por su historial de obstrucción a la justicia.

La magistrada ordenó el arresto domiciliario del comerciante Carlos Luna mientras que Ivonne Nieves Falcón, vicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y Marielis Falcón, hermana de Ivonne, tienen ciertas restricciones de horarios al igual que la directora de compras de la Autoridad de la AAA, Sonia Barreto.

En la pesquisa participaron también las oficinas de la Contralora, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor Electoral.

(Vídeo cortesía Telemundo)

*Actualizada. Publicada originalmente a las 5:58 am de hoy.

Pliego acusatorio caso Anaudi Hernández - NotiCel_16231