El gobernador Alejandro García Padilla partió la tarde del lunes a Washington, D.C. para participar el hoy, martes, en la audiencia sobre la situación fiscal de Puerto Rico que sostendrá el Comite de lo Jurídico del Senado federal.

Según el comunicado de prensa, en su discurso, el gobernador 'hará hincapié en que la crisis fiscal que heredamos y que vive Puerto Rico es seria y se agrava cada día. El testimonio del primer ejecutivo se produce en un momento en que existe, más que nunca, la necesidad de una acción del Congreso para dar a Puerto Rico acceso a una reestructuración de su deuda pública'.

El secretario de Estado, Víctor Suárez Meléndez, fungirá como gobernador interino hasta el regreso de García Padilla.

Miembros del colectivo Main Street Bondholders de los Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico estarán en Washington también a fin de llamar la atención hacia su causa mientras la Comisión Judicial del Senado llevará a cabo una vista sobre la crisis de la deuda en Puerto Rico.

'Lejos de enfrascarse en un proceso consensual ofrecido por los acreedores, el gobernador García Padilla se ha puesto en pie de guerra hacia la evasión total de la deuda', dijo en un comunicado Matthew Kandrach, vicepresidente de la 60 Plus Association.

'Sus acciones harán trizas la Constitución, empañarán la credibilidad económica de Puerto Rico, generarán inestabilidad en los mercados municipales y destruirán los ahorros para el retiro de miles invertidos en bonos de Puerto Rico', agregó.

Los miembros de Main Street Bondholders también asistirán a una rueda de prensa para pronunciarse en contra del peligroso e insólito plan del gobernador para Puerto Rico.

Según indicó, la audiencia del Senado está programada para incluir el testimonio del gobernador, Alejandro García Padilla y el CEO de Banco Popular, Richard Carrión, mientras los dirigentes de Puerto Rico siguen cabildeando en el Congreso para 'violar la Constitución de la isla' y eliminar a los tenedores de bonos mediante la restructuración de toda la deuda pública del Estado Libre Asociado.

Asimismo, señaló que la semana pasada diarios locales reportaron que algunos de los más grandes acreedores de la isla están dispuestos a enfrascarse en un proceso consensual para atender los problemas fiscales de la isla.

La vista se da el mismo día que vence el término del Gobierno para pagar una deuda de $354 millones. Como reseña Bloomberg, la decisión de pagar o no se mide a la necesidad de retener ese dinero para pagar servicios. El medio especializado en negocios destacó que de ocurrir un impago, los tenedores de esos bonos del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico pudieran demandar.

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