El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, urgió el martes, a la administración García Padilla a trabajar con los diversos grupos de acreedores de la deuda de Puerto Rico con el fin de llegar a un acuerdo que permita al gobierno de la Isla cumplir con sus obligaciones como deudor bajo la Constitución y evite la imposición por parte del gobierno federal de soluciones que no contribuyan al bienestar del Pueblo.

'Como siempre he dicho, Puerto Rico es una jurisdicción de ley y orden donde se tiene que respetar la Constitución por sobre todas las cosas. Informes en la prensa indican que existe la voluntad entre los principales acreedores de nuestro gobierno de buscar soluciones que no violen nuestra Constitución y que al mismo tiempo protejan los mejores intereses de nuestro Pueblo, asegurando que Puerto Rico pueda moverse adelante con la comunidad inversora como socios de nuestro desarrollo futuro y no como adversarios', señaló Pierluisi en un comunicado de prensa.

'Un dialogo creíble requiere que todos los involucrados estén en la disposición de sentarse a negociar y ceder en sus posiciones. Lo que hemos visto en los últimos días ofrece una esperanza de que esto sea posible, lo cual pudiera eliminar la necesidad de que el Congreso tenga que intervenir con soluciones adversas como la tan comentada Junta de Control Fiscal federal, que sólo exacerbaría la naturaleza colonial de la relación que hemos tenido que sufrir por más de un siglo, en lugar de moverse en la dirección opuesta, tal cual fue la voluntad mayoritariamente expresada por nuestro Pueblo en las urnas. El énfasis de la posible acción federal no debe ser el de imponernos un gobierno paralelo, sino el de armonizar el tratamiento que le da a Puerto Rico bajo programas federales como Medicaid y Medicare, al tiempo que continuamos trabajando para lograr la igualdad total bajo la estadidad', añadió el comisionado residente.

'Defender el sistema democrático que tenemos en Puerto Rico bajo nuestra Constitución es obligación de todos, empezando por el Gobernador, quien juró ante el pueblo defenderla ante todas las cosas. Cualquier persona en posición de liderazgo que promueva o apoye la creación de una Junta de Control Fiscal federal, acepta su fracaso como líder y se inhabilita para llevar las riendas de nuestro Gobierno. Es nuestro pueblo el que cada cuatro años tiene la oportunidad de elegir a los principales funcionarios de nuestro gobierno. Una cosa es que en el Congreso y en la Casa Blanca exista la voluntad de asistirnos para que podamos salir de la crisis fiscal y económica que enfrentamos y para ello establecer mecanismos de supervisión para asegurarse que tomamos todas las medidas necesarias para que nuestro gobierno sea más efectivo en el manejo de los fondos públicos federales y estatales. Otra cosa completamente distinta es que en el Congreso quieran culparnos por todos nuestros problemas—ignorando la parte de responsabilidad que ellos llevan precisamente por el trato injusto que hemos recibido por décadas en múltiples programas federales bajo nuestro actual estatus territorial y colonial—y que pretendan que nos gobiernen personas que no han sido elegidas por nuestro pueblo', concluyó Pierluisi.