El Senado aprobó el miercoles en la noche el proyecto 1513, que crearía la Junta de Supervisión y Recuperación Fiscal, enmendando entre otras cosas, el nombre con la cual dicho organismo llegó desde Fortaleza.

Con nueve votos en contra de la delegación de la mayoría popular, sumados a la oposición de los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, la medida se aprobó con 17 votos a favor. El senador Thomas Rivera Schatz se ausentó de la votación por problemas de salud.

Según lo aprobado, la ley persigue otorgar transparencia en el manejo fiscal del gobierno e inyectar credibilidad al Estado Libre Asociado ante los mercados. El lenguaje fue enmendado para que en vez de una junta de control sea de supervisión y evaluación de las acciones del Ejecutivo y la Legislatura para aprobar un Plan Fiscal y de Crecimiento Económico.

Otra enmienda crea una reserva de control presupuestario y un fondo para pagar cuentas pendientes con los proveedores y los reintegros a partir de 2017. Además, se elimina el artículo 104 que establecía la supremacía de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica sobre el resto de las leyes.

Por otro lado, la Junta no tendrá el poder de aprobar el presupuesto de las agencias.

El proyecto aprobado con más de 80 enmiendas fue duramente criticado por el senador Larry Seilhamer, quien indicó en comunicación escrita que 'este proyecto es la legislación requerida para darle vida a un plan que ya está presentado y que tiene más de 20 medidas que en su gran mayoría aún no han sido radicadas ante la Asamblea Legislativa. Atendiendo los defectos constitucionales presentaron un proyecto más aguado, una Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) con mayores facultades. La inmunidad que se les otorga a las cinco personas que compondrán la Junta es escandalosa. Para comenzar no es un ente independiente porque son nombradas por el Gobernador, que no tendrán que cumplir con la Ley de Ética Gubernamental, ni con la del Fiscal Especial Independiente y sobre todo, están exentos de cumplir con la Ley de Transición. La próxima administración no va a adoptar este plan y así se lo dejé saber a los tres miembros del Tesoro Federal que me visitaron. No va a tener continuidad y esto es un ejercicio fútil porque es la imposición del plan de gobierno para una próxima administración'.

Seilhamer destacó una enmienda que establece que el Grupo de Trabajo va a negociar la reestructuración de la deuda con los acreedores, por lo que cuestionó para qué entonces el gobierno pagó más de $25 millones en 14 meses para llegar a acuerdos con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 'Hay que preguntarse ahora si esto no hizo falta o porque no lo hizo este Grupo de Trabajo desde un principio, y si pueden hacer acuerdos, para qué entonces hace falta este embeleco de la Junta de Control Fiscal? Me parece que es totalmente innecesaria, que no va a cumplir con el objetivo'.

De igual modo, el senador de la minoría PNP advirtió que la Junta tendría una asignación de $1 millón mensual pero con las enmiendas no se sabe cuánto se le va a asignar.La medida ahora dispone que el presupuesto del organismo sea legislado como parte del proceso presupuestario que realiza la Legislatura cada año.