El secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, defendió el lunes la propuesta ley que crearía la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica tras asegurar que la misma no quita poderes a la Legislatura y respeta el balance entre las tres ramas de gobierno.

'La misma cumple con las disposiciones y límites constitucionales relacionados al balance entre las tres ramas de gobierno,' dijo Miranda en una vista de las comisiones de Hacienda y de Gobierno en la Cámara.

Miranda defendió que la aprobación de la pieza es necesaria para atender la crisis que enfrenta el País. 'Estamos buscando una entidad que nos imponga disciplina. La Junta será un instrumento de apoyo en el diseño y aprobación de un presupuesto. Con ello, esperamos que nuestro sistema recobre una credibilidad pública y que tenga la capacidad para volver a salir a los mercados', declaró.

El funcionario dijo que la Junta tampoco interfiere con el poder de la Rama Ejecutiva ni la Rama Legislativa para actuar sobre los asuntos relacionados al presupuesto. La Legislatura retiene sus potestades de modificar lo necesario.

'Se trata de una Junta que habrá de ejecutar funciones específicamente delegadas en el Proyecto de ley, dentro del marco de política pública que allí también se le ordena', señaló.

En su artículo 208, sin embargo, el proyecto cameral 2718 establece que la Junta revisará el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal que preparará el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica. Este sería sometido al Gobernador para que lo convierta en ley por medio de una orden ejecutiva sin pasar por la Legislatura.

'Si el Gobernador aprueba el plan de crecimiento económico y fiscal propuesto por el Grupo de Trabajo y aprobado por la Junta, deberá emitir una orden ejecutiva a esos efectos…', dice la medida.

Sobre la confección del presupuesto, la medida establece que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda, y las agencias, someterán un presupuesto a la Junta que tiene que determinar si cumple con las medidas de aumentos y reducciones incluidas en el Plan. El Gobernador y la Legislatura tienen que tomar en cuenta las certificaciones de cumplimiento a la hora de aprobar el presupuesto.

Mientras, la portavoz de la minoría en la Cámara, Jennifer González, sostuvo lo contrario a Miranda y aseguró que de convertirse en ley impugnará el proyecto en los tribunales por ser inconstitucional.

'Lo dijo el Secretario de Justicia, esta Administración no sabe administrar y necesitan a alguien que supervise', dijo González tras destacar que Miranda virtualmente admitió que el proyecto trastoca los poderes de las ramas de gobierno.

La también precandidata a comisionada residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP) sostuvo que crear un Plan a cinco años limita las facultades de futuras asambleas legislativas.

González argumentó que la Junta trastoca los poderes del Ejecutivo porque una de las funciones del organismo es administrar los recursos del gobierno ya que emitirá avisos de incumplimiento a las agencias que sobrepasen sus gastos y fiscalizará los ingresos y gastos todo con 'un presupuesto de $60 millones'. La Junta también tendría el poder de imponer contribuciones ya que una de las metas del Plan es eliminar brechas de financiamiento, aseveró la Representante.

Asimismo, González sostuvo que Puerto Rico no tiene soberanía para aprobar una Junta de Control Fiscal, lo que va en contra de la Ley de Relaciones Federales. Igualmente, favoreció una Junta de Control Fiscal federal.

Miranda refutó que otras jurisdicciones en Estados Unidos, como Nueva York y Pennsylvania, han recurrido a juntas de este tipo.

'La adopción de un plan de restauración a largo plazo tanto para esta como para otras Asambleas Legislativas, representa un serio, importante, y valiente llamado a la planificación estratégica para de esa forma concretar el mandato constitucional a mantener un presupuesto fundado en recaudos reales y balanceado', dijo.

El Secretario también defendió la disposición que establece que los miembros de la Junta solo pueden ser destituidos por justa causa. Dijo que la Legislatura puede válidamente restringir los poderes del Ejecutivo en torno a los nombramientos para darle certeza a la composición de la Junta.

Los miembros y las personas que trabajen para la Junta tendrán inmunidad contra demandas por trabajos hechos en buena fe y cualquier acción interpuesta tendrá que ser desestimada.

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