El Senado aprobó el jueves el proyecto 1456 que permite que entidades sin fines de lucro y municipios administren las escuelas públicas del país, pero ¿cómo quedó el proyecto luego del proceso de once vistas públicas? Te decimos a continuación.

Las enmiendas van desde reforzar el lenguaje de la medida para prevenir que se rete su constitucionalidad en los tribunales, hasta salvaguardar el rol del Secretario de Educación para clarificar que seguirá dictandocurrículo en todas las escuelas sin importar quién administre.Una de las más importantes, que fue solicitada por muchos deponentes es que la decisión del cierre de escuelas no se limite a una fórmula arbitraria, sino aun análisis más profundo basado en el perfil de la escuela.

Curiosamente, se agrega mayor agresividad para lidiar con cualquier irregularidad en la Junta o en las escuelas.

A continuaciónelresumen que preparó NotiCel de las enmiendas más importantes que fueron incluidas en el Senado luego de evaluar 53 ponencias tras un proceso de once vistas públicas.

1. Elimina la fórmula automática para determinar el cierre de escuelas. En su lugar, exige que el Secretario de Educación establezca un reglamento con los criterios de cierre, mientras delega al Principal Oficial Financiero (nombrado por el Secretario) la responsabilidad de dirigir ese proceso.

2. Da al Secretario un término de 60 días para eliminar las regiones. Debe distribuir sus funciones y personal a los distritos y oficinas centrales.

3. Se enfatiza la constitucionalidad que tiene la Asamblea Legislativa para crear la Junta de Alianzas e Innovación Educativa, al especificar que ese cuerpo tiene facultad para 'crear y reorganizar departamentos ejecutivos del gobierno y definir sus funciones', lo cual ha sido objetado por los gremios magisteriales.

4. Se especifica que a pesar de la autonomía de la Junta para velar por la administración y operación de las Escuelas Líder, estarán sujetas a la política pública del Secretario en el ámbito académico, así como al currículo de las materias básicas. Se añade estudios sociales a las materias básicas.

Sobre este particular, Bhatia defendió que el currículo continúa siendo una prerrogativa del Secretario de Educación, aún en el 15% de las escuelas denominadas 'Escuelas Líder'. 'Yo no le voy a establecer el currículo a nadie(...) Sería terrible para Puerto Rico abrir esa puerta', dijo en una conferencia de prensa luego de aprobado el proyecto.

5. Agrega dos sillas rotativas en la Junta de Alianzas en representación de la escuela siendo intervenida. Agrega, además, el requerimiento de que el líder magisterial sea nombrado por el Gobernador de una lista sometida por los gremios. Nombra al Presidente/a de la Universidad de Puerto Rico como presidente de la Junta de Alianzas.

6. Permite la remoción de cualquier miembro de la Junta por el Gobernador en caso de que esté incapacitado o incurra en negligencia. Refuerza también el poder de la Junta para retirar la certificación de una Escuela Líder, en caso que resulte inefectiva.

7. Se elimina el tope (90% del salario del Secretario de Educación) para el salario del director Ejecutivo de la Junta.

8. Establece que ninguna organización o municipio podrá retener más del 15% para propósitos administrativos, ni lo que resulte de ahorros. Toda economía deberá ser invertida en la escuela y estudiantes, según el proyecto.

9. Permite que el estudiante reponga una clase fracasada durante verano, en lugar de que automáticamente tenga que reprobar el año. Cualquier funcionario que pase de grado a un estudianteque haya fracasado unaclase, será despedido.

10. Permite que el Secretario de Educación establezca mediante reglamento los parámetros para la evaluación de docentes y directores, en lugar de imponer un sistema desde la legislatura.

11. Se elimina la multa de mil dólares diarios al DE en caso de que incumpla con la compra de libros electrónicos o de equipo tecnológico e Internet para los salones.

12. Disminuye la pena para los padres y madres que permitan la ausencia de sus hijos e hijas. Será una multa de entre $500 a $5,000 y una pena de hasta seis meses de cárcel, en comparación con una pena de un año de cárcel.