El juez federal Paul J. Barbadoro dijo estar 'sumamente inclinado' a aceptar el último acuerdo de transacción en el caso Morales Feliciano, un demanda de clase radicada en el 1979 por confinados por violaciones de sus derechos civiles debido a las condiciones infrahumanas existentes en las cárceles del país.

Barbadoro dijo, sin embargo, que todavía le faltaba decidir cómo se va a lidiar con los $140 millones en multas impuestas contra el Estado Libre Asociado como parte del caso que todavía no se han pagado.

De esos $140 millones, se le dará un crédito al gobierno por la construcción del Centro Médico Correccional de Bayamón que costó unos $80 millones. De ese remanente, se supo que hay unos $20 millones en el Banco Gubernamental de Fomento, por lo que el juez tiene que decidir cómo se podrán pagar el resto de los $40 millones y si se le daría algún crédito al gobierno.

El juez pareció estar inclinado a que el gobierno le provea un paquete de beneficios a los confinados de la clase en vez de pagar multas, lo que se conoce como un 'in kind compensation remedy' en gran medida por la crisis fiscal que tiene el país

De paso, aplaudió lo que llamó la 'extraordinaria creatividad' y flexibilidad que mostraron las partes en llegar a un acuerdo.

Según el abogado de la clase, Guillermo Ramos, la transacción establece una paquete de beneficios a cinco grupos de confinados dependiendo del período histórico en el cual estuvieron encarcelados. Esto debido a que los confinados que estuvieron encarcelados en la década del setenta no enfrentaron las mismas condiciones carcelarias que aquellos que llegaron a la cárcel en la década de los 90 cuando ya había mejoría en las condiciones de las cárceles, explicó Ramos.

Los confinados se dividieron como sigue:

Grupo A: Reclamantes cualificados encarcelados desde el 1980 hasta el 1987. Estos recibirán beneficios por diez (10) años.

Grupo B: Reclamantes encarcelados desde el 1988 hasta el 1994, quienes recibirán beneficios por cinco años.

Grupo C: Confinados encarcelados desde el 1995 hasta el 2000. Recibirán beneficios por un año.

Grupo D1: Reclamantes cualificados encarcelados después de 1980 pero antes de 1987 por menos de seis meses pero más de cuarenta y ocho horas. Estos ecibirán beneficios por un año.

Grupo D2: Reclamantes encarcelados después del 1987 por menos de seis meses pero por más de 48 horas. Estos recibirán beneficios por seis (6) meses.

Grupo E: Reclamantes cualificados bajo los Grupos A-D que están encarcelados al presente recibirán los beneficios de acuerdo con el tiempo asignado a los Grupos A-D.

Los beneficios no son monetarios sino que consisten en beneficios como cursos de educación en la Universidad de Puerto Rico o en el Departamento de Educación, los cuales podrán obtener de forma gratuita a los reclamantes cualificados. También podrán obtener ciertos beneficios por medio del programa de ayuda de materiales y rehabilitación de viviendas del Departamento de la Vivienda.

En el área de salud, el acuerdo ordena que no se le cobre a los confinados por los certificados médicos. El Departamento de Salud también ofrecerá todos los servicios que proveen los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Contagiosas bajo la cubierta de 'Mi Salud.' Los deducibles cobrados varían entre los distintos proveedores de cuidados de la Salud pero el acuerdo prohíbe al ELA cobrarle deducibles a los confinados que visiten los centros. Los confinados podrán alquilar villas de la Compañía de Parques Nacionales pero no se les podrá cobrar más de 75% en el alquiler. Se le prohíbe al ELA cobrar más 50% del precio de admisión a áreas públicas bajo la compañía.

La Autoridad Metropolitana de Autobuses no podrá cobrar más de 35 centavos en tarifas de transporte a los reclamantes que cualifiquen.

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico no podrá cobrar más del 50% del cargo cobrado para los permisos emitidos por el Negociado de Prevención de Incendios ni más de 50% por cursos ofrecidos por el Negociado de Capacitación a los reclamantes que cualifiquen. También, el Cuerpo de Bomberos de PR tiene que reservar cinco espacios a los confinados cualificados que deseen participar de esos cursos.

El Departamento de Estado no podrá cobrarle a los confinados que cualifiquen los costos de inscripción de marcas. De otra parte, la Oficina de Gerencia de Permisos no cobrará a los reclamantes que cualifiquen los costos para solicitar permiso de uso.

El Departamento de Agricultura y las agencias bajo su sombrilla están obligadas a darle prioridad a los reclamantes que cualifiquen para ser colocados en sus programas. Se le prohíbe, de otra parte, cobrar más del 85% de los precios establecidos en la lista de precios para suministros disponibles en las comisarías operadas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Los confinados tienen que solicitar los beneficios dentro de un periodo de seis meses luego que se haga el acuerdo.

El acuerdo ya había sido publicado en varios medios y los confinados tenían hasta septiembre para objetarlo.

Durante la vista, Manuel Quilichini, el principal oficial ejecutivo de Correctional Health Services Corp, sacó relucir que ya se está trabajando un acuerdo con el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR para que sus estudiantes de medicina atiendan a confinados aunque le dijo al juez que estaban teniendo problemas reteniendo a especialistas médicos debido a que muchos se están yendo del país debido a la situación económica, aseguró que se le están dando servicios médicos a los confinados.

El juez también tiene que decidir en torno a una moción radicada por Ramos para que se le den $7.5 millones en honorarios para que se paguen a una entidad sin fines de lucro que se creará para dar servicios gratis a los confinados. Esto es porque Ramos estimó el costo de los beneficios dados a los miembros de la clase en $75 millones