El Tribunal Supremo acogió el viernes un certiorari luego que se apelara una decisión del más alto foro judicial a nivel estatal en la que se determinó el pasado mes de marzo que los tribunales locales no pueden radicar cargos contra personas convictas por delitos en el foro federal porque eso violenta la disposición constitucional en contra de la doble exposición al mismo delito porque no existe una soberanía dual.

El Supremo de Puerto Rico hizo esa determinación en el caso de una persona convicta por cargos criminales en un tribunal federal que enfrentaba acusaciones por los mismos delitos en un tribunal de Puerto Rico. Al sustentar su decisión, el Supremo dijo que debido a que los poderes de Puerto Rico como territorio fueron delegados por el Congreso, cuerpo que hace las leyes federales, la Isla no tiene una soberanía separada de la soberanía federal.

El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, dijo que 'este es el primer certiorari que el Supremo Federal acoge sobre una controversia que involucra al Gobierno de Puerto Rico desde los años noventa. Las últimas decisiones del Supremo federal atendiendo casos de Puerto Rico son del año 1993. Se trata de un caso sumamente importante para la justicia y la lucha contra el crimen en Puerto Rico. Es por ello que estamos convencidos en que tenemos razón en este caso al insistir en que se reconozca que Puerto Rico y los Estados Unidos son jurisdicciones distintas, por lo que no aplica la doctrina de doble exposición'.

Miranda indicó que en el último caso de Puerto Rico visto por el Supremo Federal en 1993 fue Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, en el que el máximo foro federal revocó una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico y dispuso que la vista preliminar en casos penales graves en Puerto Rico, debe ser pública.

En aquel momento, cuando el Supremo estatal tomó su decisión, Miranda dijo que la decisión permitirá que personas que ya fueron convictas en el foro local por los mismos delitos por los cuales fueron convictos por el Tribunal Federal puedan solicitar la revisión de sus casos. Además, destacó que la decisión 'dañina' trastoca acuerdos con las autoridades federales de colaboración para combatir el crimen.

Ciertamente, la representación legal del convicto exlegislador Jorge De Castro Font se proponía a presentar el pasado mes de julio una moción para la anulación de la sentencia impuesta por el Tribunal de San Juan por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, a la Ley Electoral, al Código de Rentas Internas y varios otros cargos criminales, argumentando el principio de doble exposición.

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