Varios exgobernadores, funcionarios, y el Jefe del FBI en Puerto Rico hicieron sugerencias para lidiar con la corrupción, que fueron recogidas en el informe presentado por la Comisión de Derechos Civiles titulado 'Derechos Humanos y Corrupción', y coescrito por el exlegislador Víctor García San Inocencio y el exsecretario del Trabajo, Víctor Rivera Hernández.

Entre los hallazgos de la Comisión, se detectó que:

1.Existen instancias de corrupción reiteradas y masivas que también involucran la comisión de delitos y de las cuales participan decenas o, acaso, cientos de miles de personas. Entre estas, las apropiaciones de parte de miles de comerciantes del Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) —que son cobrados, pero no se remiten al Departamento de Hacienda— agravando el déficit fiscal; el aprovechamiento ilícito de subsidios y beneficios en decenas de programas gubernamentales para los cuales no se cualifica; la elusividad contributiva corporativa como,la alteración e interferencia con los medidores de servicios como contadores de agua y electricidad, e interceptación de servicios; la operación de máquinas electrónicas tragamonedas de apuestas; y la interferencia y anulación ilícita de millones de dólares en multas de los terminales informatizados del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

2.Se desvincula en la conciencia de las personas y quienes trabajan en el servicio público la relación entre vigencia o menoscabo de derechos humanos y corrupción.

3.Existe un anquilosamiento o inoperancia de estructuras gubernativas encargadas de programas dirigidos a evitar lo enumerado en el apartado dos.

4.Pareciese que existe en demasiados sectores un clima de indiferencia, desgano, pasividad y hasta aceptación de la cotidianidad del fenómeno de la corrupción.

5.Las entidades encargadas de trabajar, combatir, controlar, prevenir y enfrentar la corrupción pública o privada fueron creadas en tiempos distintos para atender instancias diferentes. Por consiguiente, carecen de unidad estructural, operan independientemente, y cubren áreas relativamente pequeñas del universo de actividades sociales y gubernativas.

6.El crecimiento notable de las actividades gubernativas de las pasadas tres décadas puede haber afectado la actividad fiscalizadora de los entes encargados de afrontar la corrupción.

7.La operación de dos sistemas jurídicos y administrativos en el marco de la actividad gubernativa expande la superficie y las áreas de acción a fiscalizar y complica los procesos.

8.La expansión de agencias y programas que multiplicó el tamaño del Gobierno en el último medio siglo, aumentó también las áreas de oportunidad para las personas corruptas.

9.El aumento irrestricto en el número de los proyectos gubernativos-privados, la cuantía presupuestaria involucrada, la contratación y subcontratación privada y privatizante ampliada, y el creciente autodesprecio a lo público frente a lo privado, han creado grandes áreas en las cuales los entes fiscalizadores existentes tienen una menor cubierta, y n donde elementos empresariales consideran como parte de la inversión asumir los costos de los riesgos de incurrir en prácticas ilícitas (tales como participar en hechos de extorsión y soborno).

10.Existe una creciente y arraigada práctica de inversionismo político como lo demuestra el tipo y número de casos que han aflorado en las pasadas dos décadas.

11. El ordenamiento jurídico ha abierto las puertas de la participación política a las personas jurídicas (corporativas) a través de la irrestricta participación en campañas a través de comités de acción política.

12. El costo creciente de las campañas políticas, unido a su irrestricta duración, hacen que la clave del éxito de estas se deba a la presencia e imagen en los medios de comunicación, más que la participación educativa y deliberativa. De ahí una dependencia notable en el capital que las subsidia y en sus fuentes, cada vez más ajenas al ciudadano/a de a pie.

13.La fiscalización del funcionamiento, del manejo de los recursos públicos, de la efectividad y el cumplimiento de los programas gubernativos está carente de una participación ciudadana real y efectiva.

14. La operación de los entes fiscalizadores se presenta ante quien observa externamente como carente de integración, de signo ritualista y con muy poco incentivo a la innovación.

15. La ética gubernamental como realidad orientadora de la actividad gubernativa requiere de esfuerzos concertados y extraordinarios de todos los entes gubernativos y de todos los/as servidores/as públicos/as. No se trata de un simple esfuerzo burocratizado, sino de una nueva visión, impulso y creación de mística del servicio público.

16. En el empeño por mejorar la fiscalización y combatir la lacra de la corrupción gubernamental, es necesario contar con una fina sensibilidad que permita fortalecer los instrumentos sin vulnerar el disfrute de los derechos humanos. Recordemos que en nombre de la seguridad se golpean derechos fundamentales. En nombre de la pureza y pulcritud de la función pública no pueden lacerar derechos humanos.

17.Es necesario robustecer y reforzar los instrumentos de investigación preventiva de actos de corrupción gubernamental. El fenómeno corrupto puede consumarse en una serie de actos, puede ser de daño y efecto continuado, y puede tener un carácter repetitivo cuando no es atendido, por lo que requiere de acción oportuna y ágil.

18. Informar de actos corruptos es un evento riesgoso. Deben fortalecerse las medidas protectoras de los/as informantes eincentivar su colaboración con los entes fiscalizadores de la corrupción.

19. El ordenamiento jurídico contiene lagunas en cuanto a plazos, términos y marcos operativos entre los entes fiscalizadores que deben ser atendidas.

20.La promoción de la integridad pública y la prevención de la corrupción requieren de un profundo componente educativo general y especializado que debe ser atendido por todo el aparato gubernativo y que no puede concentrarse en ningún ente fiscalizador particular.

21. En vista de nuevas modalidades de actos u omisiones corruptas, hay que actualizar algunas de las prohibiciones existentes e incorporar otras nuevas.

22. Algunos nuevos entes o instancias renovadas de fiscalización, procesamiento y manejo son necesarios a nivel judicial y administrativo. Del mismo modo, nuevos remedios de carácter civil e institucional deben estar al alcance real de las personas.