Al cerrar la vista senatorial que investigaba los retos financieros y económicos de Puerto Rico, el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado federal, Orrin Hatch, advirtió que no aprobaría nada que extendiera los problemas de la isla luego de expresar preocupación de que no tenía información confiable y certera sobre el estado fiscal de Puerto Rico.

'No creo que nadie quiera verlos sufrir', dijo a los deponentes. Sin embargo, Hatch pidió que le entregaran informes auditados de las finanzas de la isla con número certeros al reclamar que 'entiendo que todavía no tenemos información suficiente', luego de que deponentes, como Sergio Marxuachdel Centro para la Nueva Económia, le dijeran que entregaron un estudio de análisis de las finanzas del gobierno.

Hatch admitió que compartía las mismas preocupaciones que Douglas Holtz-Eakin, presidente del American Action Forum-organización de política pública de derecha-, quien se opuso a legislación para permitir que Puerto Rico pueda buscar la protección de la Ley de Quiebras federal tras opinar que eso no promoverá el crecimiento de la isla.

De hecho, Hatch le pidió a Holtz-Eakin que proveyera recomendaciones sobre cómo ayudar a Puerto Rico para traer 'un poco de realidad a la situación', luego de que el comisionado residente Pedro Pierluisi, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF),Melba Acosta, y Marxuach, hablaran por separado sobre la necesidad urgente que tiene Puerto Rico de obtener ayuda para lidiar con su deuda ya que la crisis fiscal ha llegado a su punto culminante y amenaza la seguridad y salud de los puertorriqueños.

Puerto Rico tiene una deuda de $72 mil millones y unos $45 mil millones en deuda acumulada de sus pasivos en los sistemas de retiro.

Los deponentes expresaron la necesidad de que Puerto Rico tenga disponible el capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal así como paridad en la asignación de fondos de salud.

En su testimonio de apertura a la vista, Hatch dijo que no es sorprendente saber que existen desigualdades y daños económicos resultantes de la inequidad en los fondos de salud. 'Aun así, estos problemas y las soluciones propuestas son multidimensionales y extremadamente complicadas. Las cuestiones de la financiación y la asignación de recursos son siempre difíciles, e implican una serie de cuestiones. No es tan simple como decidir dar más fondos para la salud de Puerto Rico, porque hacerlo significaría necesariamente la reducción de fondos para otras prioridades, el aumento de los impuestos, o incluso más deuda federal', sostuvo.

Mientras, el demócrata Ron Wyden, de Oregon, criticó las políticas contributivas de Puerto Rico como el impuesto al ron, del cual dijo que en su mayoría ha ido a las destilerías y no a inversiones en escuelas o carreteras.

'Puerto Rico recoge menos de la mitad de su impuesto sobre las ventas. Recientemente ha puesto en marcha un programa para atraer a ciertos estadounidenses y sus empresas mediante la exención de impuestos locales sobre las ganancias de capital, sin necesidad de que contribuyan a la economía. Mediante una rebaja de impuestos local conocida como Ley 20, los proveedores de servicios que se trasladan al Estado Libre Asociado tienen una baja en su tasa corporativa de impuestos del 30 por ciento al cuatro por ciento. Estas estrategias pueden apelar a algunas empresas y atraer algo de riqueza, pero no hay mucha evidencia para sugerir que están dirigiendo la economía de Puerto Rico hacia la prosperidad', sostuvo.

En el debate sobre Puerto Rico, Wyden dijo que algunas personas han hecho el argumento de que los programas de protección social de Puerto Rico son demasiado generosos y necesitan ser revertidos. Por ejemplo, criticó la idea de eximir a la isla de los aumentos en el salario mínimo debido a que ya en Puerto Rico se gana menos de la mitad del salario promedio de los Estados Unidos y promoverá que los puertorriqueños jóvenes se vayan de la isla.

Asimismo, Wyden afirmó que un mejor sistema de financiación para Medicaid y mejoras a Medicare debe estar sobre la mesa. Tambien dijo que Puerto podría adoptar el Crédito por Ingreso del Trabajo para fomentar el empleo así como el Crédito Tributario por los Hijos.

En su presentación, Pierluisi destacó que la crisis de Puerto Rico es económica, fiscal y demográfica ya que muchos de sus constituyentes se están mudando a los Estados Unidos. Aseguró que el gobierno local necesita implantar medidas de crecimiento económico y de generación de empleos.

También pidió al gobierno federal explorar si puede ayudar al gobierno de Puerto Rico arefinanciar la emisión de bonos de $3,500 millones en condiciones más asequibles, o para obtener financiamiento a corto plazo para satisfacer las necesidades inmediatas de liquidez.

El Comisionado argumentó que hay aproximadamente 18 entidades del gobierno en Puerto Rico con bonos en circulación y criticó que el gobierno local quiera tratar la misma de forma monolítica. 'La estrategia de este Gobernador para tratar esencialmente la deuda del territorio como monolítica es imprudente y poco probable que produzca el resultado deseado. En lugar de ello, cada entidad debe ser considerada en una base de caso por caso', sostuvo.

Destacó que el gobierno de Puerto Rico debe tener en cuenta que un número incontable de sus propios residentes poseen bonos de Puerto Rico, ya sea directa o indirectamente a través de los fondos de pensiones, cooperativas de crédito, fondos de inversión y cuentas de jubilación. Muchas de estas personas dependen de sus pagos de intereses mensuales a fin de mes.

Sin embargo, dijo que el Congreso tiene responsabilidad sobre lo que ocurre en Puerto Rico al tratarlo de manera discriminatoria en programas federales como Medicare, Medicaid, seguro social suplementario, así como al no extender el crédito por ingreso de trabajo a la isla.

'El Congreso no puede a conciencia criticar a Puerto Rico sin aceptar el hecho de que el Congreso comparte la culpa de los problemas que tiene el territorio', planteó.

El Comisionado Residente hizo hincapié en la necesidad de que Puerto Rico pueda acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, aunque esta no forma parte de la jurisdicción de la comisión, y solicitó que cuando la Comisión trabaje con la reforma contributiva recuerde no hacer algo que pueda afectar la creación de empleos en Puerto Rico.

Pierluisi no dejó fuera el tema del estatus. 'Para que Puerto Rico pueda verdaderamente prosperar, debe convertise en estado', sostuvo.

Mientras, Acosta advirtió que la crisis económica ha pasado su punto culminante y que amenaza la seguridad de los 3 millones de residentes. Destacó que los sistemas de pensiones se quedarían sin fondos en el 2018. Habló en detallle de los esfuerzos del gobierno para lidiar con la crisis, como los impuestos para aumentar ingresos y hacer recortes, además de la congelación de las cláusulas económicas de los convenios colectivos. Hay unos 116 mil empleados públicos comparados con 158 mil en el 2008. Destacó la creación de la anulada Ley de 'quiebra criolla'.

Además, habló a fondo del informe Krueger, copia de la cual entregó a la Comisión, así como de la creación del Grupo de Trabajo que hizo el plan de Ajuste Fiscal y la propuesta creación de una Junta de Control Fiscal, idea que a Hatch no le satisfizo.

Acosta dijo que las medidas que ha tomado el gobierno no serán suficientes y recalcó la necesidad de que Puerto Rico tuviese un régimen ordenado bajo la Ley de Quiebras. Argumentó que acogerse a la quiebra tiene dos ventajas. Primero, la disponibilidad de financiación provisional o 'deudor en posesión', mientras que las negociaciones con los acreedores sobrevienenpara evitar una crisis de liquidez. 'Dicho financiamiento no está disponible bajo la ley actual. Sin un tribunal competente para aprobar y supervisar este tipo de financiación, la ELA y sus agencias continuarán agotando los recursos tan necesarios hasta que se consume una reestructuración consensuada. En segundo lugar, en caso de que los esfuerzos para alcanzar un acuerdo consensuado fallen, habría una paralización contra demandas de los acreedores que ayudaría a proteger a los residentes de Puerto Rico y la economía de la isla', dijola titular del BGF.

Entretanto, Holtz-Eakin favoreció la reducción del salario mínimo federal y sugirió que necesita ser de $4.50, liberar las leyes en el sector privado, y privatizar servicios donde sea necesario. También se mostró a favor de devolver fondos a Puerto Rico, pero dijo que la disparidad en fondos federales se debe a que la Isla no paga impuestos federales.

Por su parte, Marxuach reveló que está haciendo un estudio con universidades extranjeras sobre el istema tributario. Dijo que el Congreso puede ayudar a Puerto Rico removiendo algunas barreras para su crecimiento, como la exención a las leyes de cabotaje, dar paridad en los fondos federales de salud, y en el crédito por trabajo. A cambio, Puerto Rico puede prometer aumentar sus recaudos, mejorar su sistema educativo y erradicar la corrupción.

Sin embargo, luego de la intervención de varios legisladores en una sesión de preguntas y respuestas, Hatch sostuvo que quería ver un análisis de la sostenibilidad de la deuda, entre otros documentos.