Como resultado de la disparidad entre las investigaciones del Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) decidió ordenar una investigación a fondo ante el uso de armas de fuego en el Polígono de Ia Uniformada por los alcaldes de Cataño, Corozal y Toa Alta.

De acuerdo con una resolución emitida por el PFEI, la investigación contra los alcaldes José Rosario Meiéndez, Sergio L. Torres, y Clemente Agosto Lugardo, surge de un referido del Departamento de Justicia en relación con unos hechos ocurridos en el Polígono de la Policía de Puerto Rico el pasado 16 de mayo de 2015, durante la celebración de la 13ra. Copa de Tiro Policía.

El Panel también sopesó el abultado informe sobre los mismos acontecimientos, sometido por el Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales de la Uniformada.

Las inconsistencias entre ambos informes motivó la determinación del Panel de encomendar la investigación a fondo de este asunto.

El informe de Ia Policía expone que los alcaldes hicieron uso de armas de fuego sin estar autorizados para ello. Asimismo, se argumenta que se 'utilizaron fondos públicos, bebidas alcohólicas' mientras 'había menores de edad en el área de la Cancha de Tiro'.

Igualmente, dicho documento destaca serios señalamientos en cuanto a la responsabilidad de los instructores de la Policía de Puerto Rico, los cuales se aduce permitieron las posibles violaciones de ley y reglamento, así como las contradicciones de algunos de los testigos.

En tanto, el informe referido por el Departamento de Justicia, entre otros aspectos, prescinde de información en cuanto el alegado uso de bebidas alcohólicas y la presencia de menores de edad en el área de la Cancha de Tiro.

Finalmente, el Panel informó que designó a la licenciada Iris Meléndez Vega, como Fiscal Especial Independiente y a lalicenciada Leticia Pabón Ortiz, como Fiscal Delegada, para que realicen la investigación a fondo sobre estos hechos. Ello incluye a los otros funcionarios mencionados en el informe de la Policía, a los cuales se les imputa responsabilidad en dicha actividad.

Las Fiscales designadas disponen del plazo de 90 días para presentar eI Informe Final de su Investigación.