El presidente del Sindicato de Bomberos, Jose Tirado García, reclamó el domingo del gobernador Alejandro García Padilla, del secretario de Justicia, la Contralora y de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) el procesamiento y fijación de las penalidades que conlleve las violaciones a la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal por parte de las agencias que incumplieron la misma.

'Luego de publicada la noticia en un diario de circulación general en la Isla y de haber transcurrido varios días sin escuchar una sola reacción afirmativa a la denuncia sobre las violaciones a la Ley 66 por múltiples agencias del gobierno, entre ellas el Departamento de Bomberos por más de un millón de dólares, estamos reclamando del gobernador, el secretario de Justicia, la Contralora de Puerto Rico y la Oficina de Ética Gubernamental que procedan a fundamentar, procesar e imponer las penalidades que correspondan a los jefes de agencias que incumplieron con la Ley 66', dijo Tirado García en un comunicado.

El líder sindical dijo no se puede permitir que se haga evidente la doble vara de la justicia en el país y que de la misma manera que los trabajadores públicos del país han visto congelados los aumentos de salario negociados en los convenios colectivos, reducidas las aportaciones al plan médico y la reducción en el bono de Navidad, entre otras condiciones de la Ley 66, es justo que quienes han violentado la misma, asuman su responsabilidad y sean llevados ante la justicia por incumplir con su responsabilidad.

Cuestionó en qué se ha gastado el exceso sobre lo presupuestado en el Cuerpo de Bomberos 'porque a lo largo de este año no hemos visto que se hayan comenzado a llenar las cientos de plazas vacantes, comprado los equipos necesarios o hecho las gestiones para poner al día nuestra deteriorada flota de vehículos'.

'A los jefes de agencia que han incumplido con su responsabilidad de mantener sus operaciones dentro de los límites del presupuesto deben imponérsele las sanciones con la misma severidad que los trabajadores hemos tenido que enfrentar el deterioro de nuestras condiciones de trabajo, el aumento en el costo de vida y el empobrecimiento de nuestras familias', sentenció Tirado García.