Recetan el modelo de Colorado para desarrollar el cannabis aquí
El Departamento de Salud se debe limitar a regular, no monopolizar, el cultivo y distribución de marihuana medicinal mediante la emisión de licencias a entidades privadas.
Esa fue la primera recomendación hecha por Chloe Villano durante las vistas públicas organizadas por el Departamento de Salud para discutir la creación de un código que regule toda la industria naciente de la marihuana medicinal desde su cultivo hasta su consumo.
Chloe Villano es la dueña y fundadora de Clover Leaf Consulting, una empresa que a través de los años se ha convertido en una de las más importantes empresas de consultoría para la industria del cannabis. Villano, que en su momento ejerció como asistente legal y trabajó numerosos casos sobre el tema, también cuenta con 15 años de experiencia en consultoría para el éxito de nuevas empresas.
'Luego de trabajar con cientos de dispensarios, centros de marihuana medicinal, instalaciones de cultivo masivo y marcas de cannabis, se le reconoce por usar su experiencia para influir en un crecimiento de la industria seguro, bien administrado y beneficioso para todos', lee su página web.
Villano ha seguido de cerca el caso de Puerto Rico, comentó a NotiCel. El hecho de que Puerto Rico se haya convertido en el primer territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos en tomar una acción ejecutiva para legalizar la marihuana medicinal, es un evento histórico que Villano ha mirado con detenimiento, dijo. Además, que ocurra en el Caribe es 'perfecto', aseguró.
La empresaria comenzó su alocución con datos que reflejan el éxito de la industria en Colorado. El turismo creció en billones de dólares el año pasado, los impuestos recolectados por el Gobierno subieron en 70 millones de dólares, el crimen disminuyó dramáticamente, los homicidios se redujeron en un 53% y 10 mil personas encontraron empleo en la industria de la marihuana.
Entre las recomendaciones que emitió el pasado jueves, a las 9 de la mañana, en una sala del Departamento de Salud, insistió en que el Departamento de Salud debe mantenerse al margen del control total de la industria ya que, por un lado, dijo, es una acción ilegal bajo la ley Sherman, y por otro, representa el 'peor modelo' a seguir para cumplir con las disposiciones federales de la Ley de Sustancias Controladas.
Además, señaló que debido a que el Gobierno solo firma contratos de seis meses a un año para no comprometer el presupuesto futuro, crea una inestabilidad en el sistema, con un mecanismo que además abre la puerta para finalizar contratos de forma arbitraria debido al cambio de administración, fenómeno que a Puerto Rico le toca muy de cerca.
No obstante, coincidió con otras empresas presentes en la sesión, en la necesidad de mayores regulaciones. En la distribución y transportación de la marihuana, dada su condición actual de sustancia ilegal para uso recreativo - y siendo una de las primeras fuentes de ingreso del narcotráfico -, Villano exhortó a que se exija a los distribuidores completar reportes de inventario, pago por licencias, documentos oficiales para operar, entre otras medidas para garantizar que el vehículo no sea usado para propótisos ilegales, así como para proteger la seguridad del distribuidor.
El sistema de la semilla a la venta, o la cadena 'seed-to-sale', tampoco está debidamente regulada en el borrador de Reglamento, de acuerdo a la empresaria. Este sistema permite monitorear cada planta desde el cultivo hasta la etapa final para reducir el riesgo de desvío al mercado negro.
A su vez, para velar por la calidad del producto, Villano recomendó que se estableciera un sistema de prueba por terceros, o 'third-party testing', con el fin de que una entidad independiente debidamente certificada identifique los químicos contenidos en el perfil del producto. Combinado con la cadena 'seed-to-sale', el resultado es una mejor calidad, dosis controlada y una medicina adecuada para el consumo del paciente, concluyó.
Otro de los señalamientos que subrayó Villano, fue la definición de paciente, que actualmente se limita a una persona que resida en Puerto Rico y que haya sido diagnotiscada por un profesional autorizado con una condición debilitante que le permita obtener una certificación para el uso de marihuana medicinal.
'El paciente es el aspecto más olvidado de todo el proceso regulador y debería ir primero en la consideración de cualquier aspecto de leyes y regulaciones', dijo Villano.
Propuso que, a la vez que le da alternativas a los pacientes del mundo, Puerto Rico explote al máximo su potencial para el turismo médico a escala global. Tomando en cosideración el débil estado de la economía y la vasta cantidad de profesionales de la salud que abandonan Puerto Rico en busca de mejores oportunidades laborales, la industria de la marihuana medicinal, si se abre al mundo, podría ser altamente beneficiosa para la mejoría económica del país.
Además, recomendó que los pacientes también pudieran ingerir el producto fuera de la privacidad de sus casas, una vez se acepte su uso medicinal. Sin embargo, a la vez, sugirió que se limitara la cantidad de marihuana que puede poseer una persona a diez onzas para evitar la entrada del mercado negro a la acción.
Otra de sus recomendaciones es la inclusión de sustancias como el cannabidiol (CBD) y cannabiniol (CBN), dos sustancias que han demostrado ser muy efectivos por sus valores terapéuticos en el caso del CBD, y por sus cualidades como sedante y antiinsomnio, en el caso del CBN.
La experta en el campo, que además es la fundadora de Clover Leaf University, la única universidad debidamente acreditada que emite certificados orientados a la industria del cannabis, enfatizó que cualquier referencia a cannabinoids debe referirse al cannabis sintético, también conocido como 'spice', el cual carece de propiedades medicinales, ya que solo reproduce una experiencia psicoactiva similar a la marihuana.
También incluyó en sus sugerencias limitar la publicidad y estrategias de mercadeo para velar por la seguridad de los empleados de la industria, que se puedan utilizar ratas de laboratorio para propósito investigativo, que se prohíban los productos derivados del cannabis que contengan pesticidas, entre otros.