El Ministerio Público radicó hoy, viernes, un total de 73 cargos contra dos personas privadas y cinco funcionarios públicos que operaban un esquema fraudulento desde la Superintendencia del Capitolio, el cual permitió la erogación de $2.9 millones en fondos públicos para obras de remodelación de sus predios entre 2010 y 2012.

Los acusados se allanaron a la determinación de causa para que se les pudiera entregar la documentación bajo la Regla 45 ya que era sumamente voluminosa.

Según el licenciado Roberto Alonso, abogado de uno de los acusados, hay sobre mil páginas de documentación y 80 declaraciones juradas.

Una de las fiscales explicó que a cada acusado de le fijó una fianza de $100 por cada cargo debido a que se allanaron a la determinación.

La fiscal Wilda Nin explicó que la investigación continúa y que posiblemente habrán más acusaciones.Añadió que no habían legisladores envueltos, pero a preguntas sobre la posibilidad de que algún pasado superintendente pudiera estar envuelto en el esquema, no quiso contestar.

Uno de los acusados, a su salida, solo se limitó a decir que 'el trabajo lo hacen los grandes intereses', mientras otra dijo que Jesucristo estaba de su parte.

El esquema acumuló 141 transacciones en las que se falsificaron documentos y se apropiaron ilegalmente de dineros del erario mediante la presentación de cotizaciones falsas de obras de construcción, actuaciones que privaron al Estado de una justa competencia entre licitadores para otorgar órdenes de compra por servicios al menor costo posible.

El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, condenó dicho esquema y lo catalogó como un crimen más contra los contribuyentes. 'Con la presentación de estos 73 cargos criminales estamos dando un golpe muy firme allí en donde se orquestó y ejecutó este flagrante acto de corrupción, uno de los más serios que hemos visto en tiempos recientes. Estas siete personas manipularon ilegalmente casi $3 millones de los dineros que tanto los trabajadores como las empresas aportan al Estado para la obra pública. Mientras el país atravesaba –y atraviesa– por una crisis fiscal sin precedentes, estas personas trastocaron los controles internos de la Superintendencia del Capitolio para privar al pueblo de Puerto Rico de una libre competencia para la realización de dichas obras. Por eso hoy yo digo que ese mismo ‘Pueblo de Puerto Rico' que aparece en las denuncias presentadas, es para mí el pueblo contribuyente que acusa y reclama por haberlo defraudado y por haberlo atacado en su fibra más frágil y sagrada: el dinero público, el dinero de Puerto Rico', afirmó el titular de Justicia. Miranda reconoció la labor de los auditores y la colaboración de la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, en esclarecer el esquema de fraude que se extendió por más de dos años.

El Capitolio se encuentra envuelta en reparaciones en estos momentos, y no se supo si la Superintendencia del Capitolio ha tomado alguna medida para evitar una repeticion de lo ocurrido. Ni el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, o el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, reaccionaron a las acusaciones. Por voz de su asesora de prensa, Bhatia refirió las preguntas a Superintendencia, mientras que Perelló no contestó llamadas inmediatamente.

Fragmentación de las obras

Por otro lado, el Ministerio Público estableció que por la cantidad de 141 órdenes concentradas entre 2010 y 2012 en la Superintendencia del Capitolio, el proceso formal que requería era uno de subasta entre licitadores dado lo abarcador de los trabajos de construcción, como establece el reglamento para contrataciones de más de $50,000. No obstante, hubo una fragmentación en la conceptualización de las obras, lo que resultó en que todas las remodelaciones se contrataran de manera individual, sin subasta, por ser todas por menos de $50,000.

73 cargos

Los ciudadanos privados lo son el matrimonio compuesto por Edil Danois Román y Eliena Cuervo Sierra a cargo de las empresas Restaura Contractor, Inc. y Fasan Construction, Corp. Danois Román enfrenta 31 cargos en total por falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsos, apropiación ilegal de fondos públicos y privados, y fraude. Cuervo Sierra, enfrenta un cargo por fraude.Los cinco funcionarios que laboraban para la fecha de los hechos en la Superintendencia del Capitolio son: Jamilette Ramírez Sánchez, Gladys Alberti Torres, Álex E. Martínez Morales, Juan Carlos Acosta Ramírez y Endel Rodríguez Cortés.

Contra Ramírez Sánchez se presentaron 15 denuncias en total por apropiación ilegal de fondos públicos, omisión en el cumplimiento del deber, aprovechamiento ilícito y enriquecimiento ilícito.

Por su parte, Alberti Torres enfrenta 5 cargos: un cargo por apropiación ilegal de fondos públicos, tres cargos por omisión en el cumplimiento del deber y un cargo por aprovechamiento ilícito.

Asimismo, Martínez Morales tendrá que responder por los 4 cargos consistentes en la apropiación ilegal de fondos públicos y omisión en el cumplimiento del deber.

Por último, Acosta Ramírez enfrenta 3 cargos por omisión en el cumplimiento del deber, mientras que Rodríguez Cortés encara 14 cargos por perjurio.

Esquema fraudulento

El esquema fraudulento consistía en que Danois Román logró falsificar documentos de dos compañías de construcción y generaba cotizaciones falsas, las cuales presentaba junto a una cotización de sus empresas Restaura Contractor, Inc. y Fasan Construction, Corp., dando la falsa impresión de competencia para lograr hacerse de órdenes para la remodelación de oficinas y otras instalaciones. Luego de presentadas, la participación de los cinco funcionarios imputados permitía que se adjudicaran las órdenes y se emitieran los cheques.

El orden normal de la contratación de servicios debía iniciarse con una orden de solicitud de servicios, documento que daría justificación para la gestión de cotizaciones de las obras a realizarse. Sin embargo, Ministerio Público se apresta a mostrar evidencia ante el juez Edgar Figueroa Vázquez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan la presentación de tres cotizaciones ante la Superintencia un mes antes de que la propia dependencia solicitara las cotizaciones para dichos servicios. Más aún, se presentó prueba documental que demostró la realización de gestiones por parte de los imputados para que se procesaran todos los documentos y aprobaciones requeridas dentro de un mismo día laborable, incluso la emisión de los cheques correspondientes para la obra en cuestión.

A su salida del Tribunal, Carlos Caldeóon, abogado del acusado ingeniero Álex Martínez, aseguró que su cliente nunca tomó decisiones sobre contratistas. Mientras que Danois Román y Cuervo Sierra no hicieron comentarios.

Danois Román llegó a cobrar en más de una ocasión por la misma obra, pues facturó doble y hasta triple por la labor realizada previamente. Estas facturas fueron pagadas a través de una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y fondos de la Superintendencia del Capitolio.

La investigación fue iniciada durante una auditoría de la Superintendencia del Capitolio realizada por los auditores Jesús Cruz y Héctor Ortiz de la Oficina del Contralor. La auditoría e investigación contó con la colaboración de la División de Análisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico, creada por la Contralora en el 2012. Dicha dependencia realizó un análisis forense digital de las computadoras de la Superintendencia y halló evidencia que forma parte de las acusaciones.

'Estamos muy complacidos con la dinámica de trabajo que se dio entre auditores, investigadores y fiscales, que resultó en la radicación de estos cargos. La Contraloría sigue laborando estrechamente con las entidades estatales y federales en la fiscalización de los fondos públicos', indicó la Contralora.

Cruz y Ortiz trabajaron junto al agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia, Orlando Rodríguez, y las fiscales Carmen Padilla y Wilda Joy Nin de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor adscrita al DJ.