La Oficina de la Contralora refirió varios hallazgos en su más reciente informe sobre el Municipio de Ponce al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.

'Éstos y otros hallazgos no permiten una sana administración de la propiedad y de los fondos públicos, por lo que hemos hecho varias recomendaciones a la Alcaldesa y a su personal administrativo, así como a la Legislatura Municipal. Además, los hemos referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para su atención', lee el comunicado del informe.

Entre los problemas que se destacan está que la alcaldesa del municipio sureño, María 'Mayita' Meléndez, concedió exenciones para el pago de arbitrios de construcción por $1,983,781 a 15 dueños de proyectos. Dichos dueños se supone que pagaran al Municipio $2,636,190 en arbitrios de construcción por dichos proyectos, pero pagaron $652,409. A éstos se les expidieron 30 permisos de construcción por proyectos que costaron $53,036,303.

Además, de febrero de 2009 a junio de 2012, se le pagó $40,706 en exceso a la Secretaria de la Legislatura Municipal. Dicha persona estaba pensionada por años de servicio del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, por lo tanto, su sueldo no podía ser menos de $1,629, pero no más de $2,607, según la Resolución Interna 5 del 15 de diciembre de 1999 de la Legislatura Municipal. Dicho nombramiento tampoco fue reportado a Oficina Central de Asesoramiento Legal y Administración de Recursos Humanos (OCALARH) en el informe semestral que el Municipio tiene que enviar informando los nombramientos de pensionados.

El informe también revela que el municipio tenía un déficit acumulados en el Fondo Operacional correspondientes a los años fiscales 2011-12 y 2012-13 por $18,480,789 y $36,280,976. 'Situación que ya habíamos comentado anteriormente en nuestro informe M-13-07 del 21 de agosto del 2012. A pesar de que se radicó una resolución para autorizar una transferencia y cubrir los déficit, se quedó un balance sin cubrir por la cantidad de $1,036,369 y $20,375,187', se añadió.

Por otra parte, a pesar de que para las obras de construcción cuyo costo exceda de $200,000 se requiere subasta pública, en octubre de 2011 se formalizó un contrato por $529,470 para el suministro de asfalto regado y compactado en las zonas urbana y rural.

Meléndez achacó las recomendaciones 'respecto a actuaciones del ex administrador de la Ciudad, Arturo Picó Valls, por lo que ese asunto será atendido por las agencias concernidas'.

'Nosotros por nuestra parte estaremos haciendo una investigación administrativa con un recurso externo al municipio para determinar si proceden acciones administrativas por los hechos señalados por el Contralor', indicó la alcaldesa en un comunicado de prensa.

Meléndez Altieri indicó además, que la Oficina del Contralor audita más a Ponce que cualquiera de los restantes municipios de la isla.

'Reiterando que el Municipio de Ponce es el más auditado por la Oficina del Contralor, acogemos este nuevo informe que es el segundo que presenta esta oficina en tres meses, y agradecemos que en el mismo se destaquen las medidas de austeridad que hemos realizado. En el informe se señalan acciones individualizadas cuestionables de un exfuncionario que en su momento tendrá que responder por esos hechos. Pero igualmente destaca el informe que las pruebas efectuadas por los auditores del Contralor también reflejaron que las demás operaciones municipales, objeto de este informe, se realizaron sustancialmente de acuerdo con la ley y reglamento', informó la alcaldesa de Ponce.

Meléndez destacó que aunque hay discrepancias con ciertos puntos en el informe se acogerán las recomendaciones. 'Como cuestión de hecho, desde que tuvimos conocimiento del borrador de este informe, trabajamos diligentemente con las medidas correctivas. Debo destacar que los señalamientos atendidos incluyen asuntos bajo el licenciado Arturo Picó Valls quien no trabaja para nuestra administración desde diciembre del 2012 y que serán objeto de examen por distintas agencias', dijo la alcaldesa.

En relación al déficit, la alcaldesa dijo que el mismo se ha atendido 'responsablemente con las medidas de rigor tales como reducción de salario de la alcaldesa y de los funcionarios del personal de confianza, la reducción de jornada a empleados en el servicio de carrera en ciertas áreas, y la reducción de contratos, reducción en la adquisición de seguros'. 'Los empleados que prestan servicios esenciales en áreas de seguridad, salud y transportación, tales como Policía Municipal, Oficina de Manejo de Emergencias, Centro de Vacunación y Sitras, nunca han estado en reducción de jornada, ni los programas federales', destacó.

Informe Contralora - Ponce_13736