La decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones que declaró la ley de 'quiebra criolla' inconstitucional, es un duro golpe para el sector del Partido Popular Democrático (PPD) que defiende la naturaleza bilateral y no territorial del Estado Libre Asociado, opinaron tanto adeptos como refractarios del actual estatus de Puerto Rico.

El Tribunal de Boston confirmó una sentencia de la corte federal que declaró la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico inconstitucional porque invade el campo del Código de Quiebra federal. Sin embargo, el Tribunal también argumentó que enmiendas introducidas a la Ley de Quiebra federal en el 1984 excluyeron a Puerto Rico de su protección para permitir al Congreso ejercer otras opciones en base a sus poderes plenarios sobre la isla.

'La decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston, sobre la Ley de Quiebra Criolla, pone de manifiesto, una vez más, las duras limitaciones de la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Es un duro golpe a las posibilidades del país, de atender el gran reto de la deuda de forma ordenada y poniendo primero los intereses del pueblo frente a los bonistas', opinó el senador Cirilo Tirado. 'Exhorto al gobierno de Puerto Rico a apelar esta nefasta y vergonzosa decisión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. A mi Partido Popular, le recuerdo su responsabilidad histórica de impulsar una agenda descolonizadora para el desarrollo del ELA', añadió.

Por su parte, el abogado, exsenador y excomisionado electoral, Eudaldo Baez Galib, quien trabajó el tema de la asamblea constitucional de estatus, dijo que el Tribunal de Apelaciones utilizó el caso de Harris vs. Rosario, caso insular en el cual se determinó que el Congreso podía discriminar contra Puerto Rico en cuanto a la cantidad de ayuda social para familias con hijos dependientes, para decir que también se puede tratar a Puerto Rico diferente en cuanto a la Ley de Quiebra.

'Eso abona al argumento de que Puerto Rico está bajo la clausula territorial… El problema es que luego de ese caso han habido otros casos', dijo Báez Galib, al destacar que luego de Harris los argumentos a favor de la existencia del ELA parecían cobrar fuerza y se fueron dejando atrás los casos insulares, jurisprudencia del Tribunal Supremo del Siglo 20, en más de una decena de controversias relacionadas con las leyes orgánicas que el Congreso promulgó para los territorios.

Sin embargo, el Supremo federal revivió los casos insulares en el 2014 en el caso de Boumediene v. Bush, para sostener que los prisioneros que Estados Unidos retiene en la base naval de Guantánamo, Cuba, tienen derecho a habeas corpus, destacando que los poderes de los Estados Unidos cuando actúa fuera de sus fronteras están limitados por la Constitución. Según el caso, los Estados Unidos mantienen una soberanía de facto sobre ese territorio.

'El Circuito lo que dice es que los casos insulares están vivos, y en materia de quiebra se puede legislar diferente', sostuvo Báez Galib.

El Tribunal de Apelaciones dictaminó que permitir que Puerto Rico tenga su propia ley de quiebra para corporaciones públicas socavaría los plenos poderes que el Congreso tiene sobre Puerto Rico.

'El Congreso podría aprobar otra - y, posiblemente, mejores - opciones para hacer frente a la insolvencia de los municipios de Puerto Rico que no están disponibles para abordar problemas similares en los estados ... Nuestra construcción es consistente con una elección de un Congreso para ejercer opciones de conformidad con los plenos poderes conferidos por la cláusula territorial', sentenció el Tribunal.

El juez Juan R. Torruella estuvo de acuerdo con la opinión mayoritaria pero escribió una opinión separada en la que afirmó que las enmiendas del 1984, que excluyeron a Puerto Rico de la Ley de Quiebras federal ,discriminan contra la isla y también son inconstitucionales porque violan la cláusula de la Constitución de EE.UU., que establece que las leyes de quiebras deben ser homogéneas. Señaló que el Tribunal de Boston continuó el tratamiento colonial hacia Puerto Rico.

'La indiferencia de la mayoría de la naturaleza arbitraria e irrazonable de la legislación promulgada en el 1984 muestra nuevamente la aprobación de este tribunal de una relación en virtud del cual Puerto Rico carece de representación política nacional en ambas Cámaras del Congreso y que desea tener derechos electorales para los cargos de Presidente y Vicepresidente. Esa relación discriminatoria permite legislación - como las enmiendas del 1984 para que sean promulgadas y aplicadas a los millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico sin su participación en el proceso democrático. Esto es claramente una relación colonial, una que viola nuestra Constitución y las leyes de la Nación según lo establecido en tratados ratificados', opinó Torruella en su voto de conformidad.

'Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de estos ciudadanos ante los poderes políticos del gobierno, es un deber especial de los tribunales de los Estados Unidos estar atentos en su defensa', dijo Torruella.

El Supremo pronunció en Estados Unidos v. Carolene Productos que el 'prejuicio contra las minorías insulares puede ser una condición especial, que tiende a reducir seriamente el funcionamiento de los procesos políticos', destacó Torruella.

Entrentanto, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reiteró en expresiones escritas su exigencia de que el gobierno de Puerto Rico deje de seguir dándole vueltas a la noria y enfrente de una vez y por todas el tema del estatus.

'La casa se nos está cayendo encima y el gobierno de Puerto Rico sigue insistiendo que lo que hay que hacer es cambiar de lugar los muebles de la sala. Luego de la decisión de Boston, qué más espera el gobierno de Puerto Rico para darse cuenta de que no se le puede seguir dando vueltas a la noria y que hay que enfrentar el problema del estatus para comenzar a resolver los graves problemas que tiene Puerto Rico?', cuestionó el presidente del PIP, Rubén Berríos Martínez.

'Al ratificar la decisión del Tribunal Federal en San Juan que declaraba inconstitucional la ley de quiebra criolla la mayoría del Tribunal de Circuito en Boston afirma que el fundamento principal para sostener dicha decisión es precisamente que los poderes del Congreso de Estado Unidos sobre Puerto Rico son poderes plenarios', añadió por su parte, el presidente ejecutivo de la colectividad, Fernando Martín.

Para Martín, con esta determinación queda el colonialismo una vez más al descubierto. 'Y queda igualmente retratada la impotencia del estatus colonial para poder enfrentar el colapso económico de Puerto Rico', sostuvo.