Representantes de diversos sindicatos del país se manifestaron hoy en contra de la aprobación de la posible implementación del sistema de videolotería en los pueblos de la Isla, debido a la falta de fiscalización, la posible perdida de empleos y el impacto en las finanzas de distintas corporaciones que se nutren del juego en los casinos.

A pesar de que el proyecto de la videolotería ha sido rechazado por la Legislatura en cuatro ocasiones pasadas, el Departamento de Hacienda impulsa nuevamente la iniciativa a través de un reglamento para viabilizarla, bajo el argumento de que podría allegar $100 millones anuales al Gobierno.

Sin embargo, los manifestantes criticaron la ausencia de un estudio que sustente la cifra. Incluso, Orlando Vega, de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar, mostró que el único estudio al respecto se trata de un análisis económico, reglamentario y social sobre el impacto de la violotería en los casinos de Puerto Rico, hecho en el 2009 por la compañía privada Spectrum Gaming Group, impulsado por el propio Gobierno.

El estudio establece que, si las máquinas ilegales que actualmente operan en la Isla se regularan de forma debida, los ingresos de los casinos aumentarían en $150 millones, nutriendo así el fondo de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el desarrollo de la industria turística y el Gobierno central.

Vega añadió que el año pasado se aprobó la ley 77 que transfiere la facultad de fiscalización de los casinos a la Compañía de Turismo, única corporación que posee especialistas en el tema, pero que la propia compañía 'no ha hecho nada para hacer cumplir la ley'.

La medida también ha provocado incomodidad en los operadores de máquinas de entretenimiento para adultos, debido a la posible pérdida de empleo de más de 5000 personas. El temor está infundado en la posibilidad de que el Gobierno se comprometea con un consorcio de empresas extranjeras para que opere el sistema, entre las que figura Caribbean Cage como cabildera.

El presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), José Torres, denunció que con la aprobación de la videolotería la UPR podría perder alrededor de 60 millones de dólares. Torres añadió que la gerencia universitaria aún no se ha expresado en contra de un proyecto que afectaría las finanzas de la institución.

Por otro lado, la Compañía de Turismo podría perder hasta 23 millones de dólares, ya que el 82% de su presupuesto, según Vega, proviene de los casinos del país. Además, también podría impactar al sector hotelero, que aunque Torres se apresuró a aclarar que no están saliendo en defensa del mismo debido a conflictos laborales que sostienen por su ánimo de lucro, los empleados podrían verse afectados.

Dentro del impacto social de la videolotería, los manifestantes dijeron que hasta los menores de edad podrían estar participando, y que fomentando el uso de la misma, se podría deteriorar la salud mental y financiera de un sector amplio de la sociedad.

El presidente de la Asociación de Empleados de Casinos de Puerto Rico (AECPR) y de la Federación de Trabajadores de Empresas Privadas (FETEMP) aseguró que existe una amplia oposición en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero que existe una gran fuerza de cabilderos que se moverán, entre los que incluyo a Pedro Ortiz Álvares del Partido Popular Democrático, al exsecretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, al senador Edel Ortiz, y a Andy Guillerán.

'Hay intereses encontrados, el dinero que hay detrás es algo temerario', aseguró Vega. El inspector de juegos de azar se dedica a fiscalizar todo el movimiento de dinero en los casinos, algo que sería muy difícil en la video lotería.

Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, comentó el pasado lunes que la iniciativa será discutida, más allá de la pelea interna. No obstante, dijo que la aportación que recibe la Universidad de Puerto Rico de los juegos de azar 'es necesario' para nutrir las arcas del principal centro docente del país.

Los manifestantes también objetaron la acción del secretario de Hacienda Juan Zaragoza como un acto de gobernar por decreto, a la vez que cuestionaron el viraje de Alejandro García Padilla, que mientras era senador en el 2009 se opuso al proyecto de videolotería, debido a que 'no representaba los intereses del país'.

Como en la mayoría de las protestas que han surgido desde diversos sectores de la sociedad en los últimos meses, los manifestantes hoy una vez más invitaron al Gobierno a impulsar una verdadera reforma contributiva, donde quienes tengan mayores recursos económicos aporten más, y donde se les aumenten las contribuciones a las empresas foráneas.

Por ahora, los grupos sindicales, que también incluye a la Unión de Tronquistas y la Unión Gastronómica, iniciarán una campaña de cabildeo con los senadores, para demostrar 'el daño que puede hacer a toda la industria' la implementación de la iniciativa. 'Exhortamos a los legisladores a que no le den paso al chanchullo', concluyó Villalba.