El Tribunal Supremo denegó recientemente una moción de reconsideración al bufete McConnell Valdes (MCV) que apeló una decisión del Tribunal Apelativo que sostuvo que una abogada exsocia capital de la firma podía reclamar como empleada por alegados daños sufridos por discrimen por genero.

'Atendida la segunda moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria se declara no ha lugar, aténgase a lo resuelto por este Tribunal', lee la decisión.

Era la segunda moción en reconsideración solicitada por la firma de abogados, a cual fue apoyada por tres de los jueces asociados. La misma fue emitida el 29 de mayo.

MCV había solicitado al Supremo que determinara que la licenciada Maggie Correa podía reclamar causas de acción por discrimen de género y represalias usando como base el acuerdo operacional que rige a la firma legal al que se suscribió, así como el Código Civil y la Constitución tras alegar que ella era socia de la firma y no empleada. El Apelativo determinó que Correa era socia pero también era empleada porque las dos cosas son separadas.

Inicialmente, Correa demandó a la firma bajo el pseudónimo de Jane Doealegando discrimen y trato desigual por razón de sexo y edad. Sostuvo que la marginaron de su empleo al denunciar el discrimen para luego ser destituida por el organismo rector como consecuencia de sus denuncias. La abogada solicitó $3 millones en daños, y doble daño por haber sido destituida en represalia.

Los tribunales de Primera Instancia y Apelativo fallaron a favor de Correa al sostener que MCV es una entidad separada de los socios capitales, es decir, es un patrono. Por lo tanto, Correa podía hacer su reclamo de discrimen bajo las leyes laborales que rigen.

El caso presenta una controversia novel que impacta a la profesión legal, ya que según MCV, un socio capital por la naturaleza misma de su contrato no puede ser empleado a la vez.

Correa llegó a la firma en 1979 y se convirtió en socia capital o propietaria en el 1987, ejerciendo controles propios sobre su condición patronal. Con el ánimo de eliminar la doble tributación y limitar su responsabilidad, Correa y los demás socios capitales firmaron un acuerdo para operar como una compañía de responsabilidad limitada en donde los socios capitales mantuvieran el control y la toma de decisiones de la firma. La abogada fue electa al consejo directivo de la firma en el 2009 e incluso aportó capital en los 1990 para construir las nuevas instalaciones del bufete. La abogada supervisó por 15 años la División Laboral y como miembro de consejo votó para escoger al licenciado Arturo García, quien figura como demandado, como director general.

El 9 de abril del 2012, debido a diferencias sobre cómo atender su reclamo contra una reducción a su compensación, Correa fue expulsada de la firma con el voto del 80% de sus pares capitales, según MCV. 'La decisión fue consecuencia natural de que le perdieran insalvablemente la confianza tras los términos absolutos y hostiles de su reclamación del 24 de enero del 2012, y la negativa a resolverla dentro del pacto que suscribió con los socios', alegó el bufete.

McConnell Valdés alegó que Correa no fue bajo la casuística aplicable 'despedida', sino expulsada con el voto afirmativo de sus pares. También arguye que Correa no era empleada ya que nadie la supervisaba y gozaba de total autonomía y control en su trabajo.

De otro lado, Correa, argumentó que ambas partes trataron de resolver la situación por medio de arbitraje pero que no funcionó. También alegó que desde que llegó a McConnell fue remunerada y tratada de manera inferior y discriminatoria en relación a sus pares. Una semana después que radicó su reclamación, el ente rector de la firma la expulsó.

El caso de la licenciada Correa contra MCV adquirió relieve en el 2013 cuando se convirtió en el primer juicio civil transmitido en vivo bajo el programa piloto del Poder Judicial para transmitir las incidencias en los tribunales.

Resolución Supremo Correa v McConell - NotiCel _13041

Sentencia Apelativo - NotiCel _13042