La Cámara de Representantes aprobó el jueves en votación de 26 a 24 el proyecto de ley que aumenta la parte estatal del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) de siete por ciento a 10 por ciento, para un total de 11.50 por ciento al añadírsele la parte municipal de 1.5 por ciento.

Los votos en contra fueron de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Vargas y Ángel Matos, tal y como se había anticipado.

'El pasado 29 de abril emití un voto en contra del nuevo sistema contributivo radicado por nuestra administración al no lograrse un balance adecuado entre los modelos y estructuras de recaudo municipal, y el efecto negativo de lo propuesto en las operaciones de los municipios, muy en especial, nuestra ciudad de Carolina', dijo Matos.

'Hoy, una vez más me opongo a cualquier restricción a estos fines. Confío que el estudio sobre el recaudo del impuesto general en los muelles pueda traer el dinero que nuestro gobierno necesita sin afectar la competitivad de nuestro país', dijo.

El proyecto sufrió numerosas enmiendas y tomó al Oficial de Actas un largo rato leerlas.

Las enmiendas surgieronluego que varios legisladores de Mayoría que habían votado en contra de la medida original del gobernador de Reforma Contributiva hace varias semanas, amenazaran con votarle en contra nuevamente al proyecto si no se incluían.

Los legisladores 'disidentes' Luis Raúl Torres, Ángel Matos, Luis Vega Ramos y Luisa 'Piti' Gándara, querían garantías de que el Gobierno evaluará volver al sistema de arbitrio general en los puertos. Las enmiendas proponen el establecimiento de un mecanismo de evaluación al sistema contributivo local que consistirá de la creación de una Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (CATIC). El mismo tendrá como función evaluar distintos modelos tributarios, incluyendo el arbitrio general, y rendir un informe en el cual se establezcan recomendaciones sobre la viabilidad o no de implementar algún modelo como transformación al sistema actual del impuesto al consumo.

El proyecto de la Cámara 2482 propone un período de transición de nueve meses a partir del 1ro de julio hacia un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Durante el periodo de transición la tasa del IVU actual será de 10.5%, la del IVU municipal será de 1%, y habrá un impuesto a los servicios de 4%. Se eximirán los servicios de educación, medicamentos, salud, alimentos no procesados, materia prima y las rentas comerciales y residenciales.

'Honramos hoy este acuerdo de consenso', dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Hernández, poco antes de la votación. Hernández había ofrecido en su turno una descripción del proyecto.

Con el proyecto así como con la medida de presupuesto que contiene recortes de unos $674 millones y cierres de escuelas, el gobierno espera recaudar dinero suficiente para poder cumplir con el pago en el aumento en el servicio de la deuda. Horas antes de la sesión, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, no pudo garantizar que el país pueda cumplir con los pagos de sus obligaciones porque todavía existen retos fiscales.Moody's degradó nuevamente el crédito de la Isla ayer mismo en anticipo a la posibilidad de que Puerto Rico no tenga dinero para pagar sus deudas a los bonistas tan pronto como este verano.

El presidente del PNP dijo en declaraciones escritas luego de finalizada la sesión, queel gobernador Alejandro García Padilla yla mayoría del PPD en la Cámara de Representantes se leríenen la cara al pueblo puertorriqueño. 'Este gobierno ledice nuevamentea laclasetrabajadora puertorriqueña: 'Me tienes que dar más de tu dinero porque vamos a seguirgastandoigual quesiempre', dijo.

'Estamos ante un gobernador queen un Mensaje de Estadonos dijo que nos olvidáramos para siempre del IVU del 7%, dizque porque lo iba a abajar a 6.5%, y acabó subiéndolo a 11.5%. Ose colgó enmatemáticas, o no dice la verdad, o ambas!', sostuvo Pierluisi.

La portavoz de la minoría en la Cámara, Jenniffer González, criticó que se hable de medidas transitorias cuando en el proceso se está matando la economía del País.Además tronó contra la forma en que se confeccionó el presupuesto para el próximo año fiscal ya que tiene que verse con base cero o partida por partida. González destacó que el IVU es el octagésimoprimerimpuestode la actual administración.

El vicepresidente de la Cámara de Mercadeo de la Industria de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso se expresó sorprendido ante la inclusión de casi todos los alimentos en el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) de 11.5 por ciento que aprobó el jueves la Cámara de Representantes.

'Hasta hace media hora la política pública expresada en todos los anuncios y en la versiones originales de los proyectos era que los alimentos no iban a tributar. Por qué cambió la política pública pues tendrán que explicarlo. Si hubiésemos salido lo hubiésemos podido explicar', dijo Reyes Alfonso al culminar la sesión de la Cámara.

Por su parte, el empresario anticipó que será sumamente difícil cobrar el impuesto ya que a los recipientes de la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) no se les puede cobrar el impuesto. 'Esto quiere decir que los que tienen el PAN no pagan el IVU y los demás pagarán un 11.5 por ciento más caro', demandó.

El proyecto, según Reyes Alfonso pone a tributar los alimentos refrigerados, los enlatados y los congelados.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, declaró no tener conocimiento sobre cómo quedó el proyecto aprobado finalmente en la Cámara de Representantes y alegó que los estimados que hizo su agencia no incluían los alimentos. 'En el estimado de ingresos, los alimentos no tributan', se limitó a decir Zaragoza.

La medida cambia la definición de alimentos no procesados para incluir los alimentos congelados y enlatados los cuales tendrán que pagar el IVU.

Los servicios legales de casos de familia, alimentos, impericia médica y daño físico y mental no paguen el IVU de 4% en servicios.

Otras enmiendas en la medida le ordenan al Departamento de Hacienda rendir informes trimestrales sobre los recaudos de los impuestos al gobernador, la Legislatura y el Instituto de Estadísticas. El Secretario de Hacienda podrá contratar un consultor externo de tecnología para evaluar los programas de la agencia.

Pese a incluir un recorte del gasto de 674 millones de dólares, Puerto Rico planea para el que puede ser su décimo año de recesión un presupuesto más elevado que el actual, ya que tendrá que destinar más del 15 % de sus fondos al pago de la deuda, cuyas obligaciones son cada vez más elevadas.