Un polemico estudio titulado 'Humillación y abusos en centros de 'tratamiento' para uso de drogas en Puerto Rico' ha puesto en entredicho las prácticas realizadas en centros residenciales para la rehabilitación de adictos, en específico Hogar CREA, cuyas terapias cataloga como violaciones de derechos humanos, civiles y del paciente que han traído consigo consecuencias 'desastrosas' para la población.

El estudio, presentado oficialmente la noche del martes en un foro en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, fue elaborado por los psicólogos sociales Rafael Torruella y Debora Upegui Hernández y financiado por la Open Society Foundation.

En él se denuncian las prácticas llevadas a cabo en estos centros privados, que representan el 90 por ciento de los programas de tratamiento residencial ofrecidos en la Isla. Hogar Crea es la entidad más grande, dando el 45 por ciento de estos servicios en Puerto Rico.

Según el estudio, y en virtud del artículo 13.02 de la Ley 408 del 2000, según enmendada en el 2008 , estos programas residenciales están exentos de cumplir con los derechos de los pacientes y los estándares de tratamiento basados en evidencia científica debido a que se les permite prestar servicios comunitarios según 'su práctica histórica, tradicional y ordinaria, sin importar el carácter o contenido de dichas prácticas'.

Entre las llamadas terapias que ofrecen, el estudio denuncia las 'terapias de confrontación', la más utilizada en Hogar CREA, en la que se humilla al paciente en una sesión grupal con el propósito de que 'toque fondo' y, así, pueda comenzar su recuperación de manera expedita.

Al momento, no existe literatura científica que pruebe la efectividad de estos tratamientos sino, por el contrario, se ha demostrado que son dañinas para la salud emocional y psicológica del adicto, expone el documento.

'Te decían ‘puerco', te decía ‘sucio', ‘bruto', ‘estúpido', ‘tecato', ‘gusano', como si tu no valieras nada para después subirte. Eso es parte de la ‘re-educación' y eso se tarda dos años', reza el testimonio de uno de los entrevistados en el estudio.

'La persona se supone que acuse a otro. Lo sientan en una silla en el centro y empiezan a decir insultos y palabras que pueden ser bastante fuertes. Se supone que eso rompa tu carácter moral para que aceptes que hiciste la falta y estás dispuesto a cambiar. Desde la psicología clínica, se entiende que eso no es adecuado. La persona debe estar recibiendo apoyo y mejorando su autoestima. No hacerlo tocar fondo', explicó Upegui en entrevista con NotiCel.

Además, se denuncia la utilización de castigos crueles e inhumanos como obligar al paciente a portar un cartel en todo momento que denuncie una falta cometida para humillarlo. De igual forma, se castiga con la extensión arbitraria de tiempo de reclusión mas se obliga a 'romper en frío', sin ayuda de medicamentos, a adictos en proceso de desintoxicación por uso de heroína, lo que causa dolor físico y mental severo.

'Eso es normal en CREA, que si te estás masturbando (en el baño) te ponen con un papel de toilet [en la mano] y tienes que ir a cada visita a contarle porque tu estás con eso o con un cartel. Eso es una humillación increíble. Uno se siente como una porquería. Lo que crea es rebeldía y odio a la vida', recalcó otro de los entrevistados para el estudio.

'Ese día habíamos cuatro que estábamos rompiendo vicio. (Me dieron)Tylenol, Motrín. A mi no me vio ningún médico', recuentaun tercer entrevistado.

Otra práctica catalogada como una violación de derechos civiles en el informe son las terapias de representación y ventas, en las que se obliga al trabajo sin paga alguna. Los residentes deben realizar ventas en los semáforos por largos periodos bajo el sol, expuestos a condiciones de peligro y con altas probabilidades de sufrir accidente, sin recibir paga alguna, lo que representa trato cruel y trabajo forzado.

Todo el dinero recolectado en las ventas va a las arcas de la institución. También las propinas.

Adicionalmente, dicha práctica pudiera incurrir en violaciones a los derechos del paciente, como de la ley HIPPA, ya que, vestidos con sus tradicionales camisas fosforescentes, son personas fácilmente identificables como adictos bajo tratamiento y no tienen potestad para mantener su tratamiento bajo confidencialidad.

En entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo(CPI), el director Hogares CREA, Héctor Figueroa, aceptó y defendió todas los tratamientos criticados en el estudio.Sobre la terapia de confrontación abundó que 'no se permite hablar palabras obscenas, no se permite poner etiquetas (sobrenombres), no se permite hablar malo. Lo que pasa es que sí, que el que te lo está diciendo, te lo está diciendo con carácter. Eso es como cuando tienes un hijo adolescente, si no le decimos las cosas con carácter, qué es lo que va a pasar? Pero es una terapia profesional, está probado científicamente que funciona y por eso nosotros los seguimos haciendo.Por su parte, también en entrevista con el CPI, el director de la Oficina de Relaciones Publicas de la institución, Jorge Cruz Fuentes, defendió la llamada terapia de representación y ventas diciendo que 'nosotros en nuestra buena fe, siempre hemos cubierto sus necesidades, ropa, en ocasiones se les puede dar algunos incentivos, pero no hay sueldo ni compromiso alguno que digamos que le vamos a pagar, porque ellos no están trabajando. Ellos son personas que están en tratamiento, que el término es ‘residente', que viven en los hogares. Ellos están ahí consumiendo, generan unos gastos'.Otra observación hecha por los psicólogos sociales es que Hogar CREA es una organización de base de fe debido al enfoque espiritual y cristiano que se le da a los servicios ofrecidos. Como gran parte de los residentes de Hogar CREA son enviados a través de un programa de desvío ordenado por el tribunal, se pudiera estar violando derechos constitucionales de los adictos que no profesan la religión cristiana.'Siempre que hacen una oración, tienes que estar presente y tienes que participar. No puedes decir ‘no creo' y ausentarse. Los que están allí voluntariamente pueden hacer eso y, tal ves, no tienen muchas repercusiones, pero los que están allí por desvío (judicial) no pueden', recalcó Upegui, al enfatizar en los castigos a los que son sometidos aquellos que se oponen.Entre las recomendaciones hechas por Torruella y Upegui está el cese inmediato de las violaciones de derechos y la revocación de licencias de operación por parte del estado a las instituciones que no cumplan con la ley. También, se recomendó eliminar el Artículo 13.02 de la ley 408 y una mayor supervisión por parte del estado a los centros que proveen este tipo de servicio.Igualmente, el gobierno debe proveer mayores opciones de tratamiento basados en evidencia científica y no debe enviar presos por desvío judicial a instituciones privadas que no provean tratamiento basado en la ciencia y que tratan a sus residentes de manera cruel, inhumana y degradante, violentando su integridad y dignidad.Asimismo, se exhorta investigar las violaciones de derechos y, sobre todo, decriminalizar a los usuarios de droga, génesis de toda la problemática. Hogar CREA ha sido una de las organizaciones más vocales en contra de la decriminalizaciónde la droga.'Estas organizaciones están invertidos en este sistema que no funciona y en la guerra contra las drogas porque se lucran. Porque tienen un negocio (establecido) sobre el mal tratamiento a personas que necesitan ayuda de salud. Vienen del ámbito moralista y prohibicionista que sabemos a nivel internacional que ya no está funcionando pero tienen una inversión en él', dijo Torruella a NotiCel.'Si el problema de las drogas es malo, peor es ir a un centro donde te hacen sentir mal y se lucran de la falta de tratamiento de uno y de la necesidad que uno tiene', añadió el psicólogo.Según informaron, la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) actualmente no tiene la potestad de fiscalizar los tratamientos ni prácticas realizadas en estos centros debido a las estipulaciones del Artículo 13.02.