Los miembros de las Empresas Puertorriqueñas de Recreación (EMPRECOM), operadores de máquinas de entretenimiento para adultos, repudiaron que el gobernador Alejandro García Padilla traiga la videolotería mediante un reglamento de operación de máquinas de entretenimiento sin vistas públicas y usurpando los poderes de la Rama Legislativa.

'Nosotros hemos venido denunciando que La Fortaleza estaba trabajando un nuevo Reglamento Operacional de la Lotería. Adicional, que no es otra cosa que 'traer por la cocina' la 'videolotería'. El propio Gobernador ha dado instrucciones para que no se hable de esta acción que permite la eliminación de todas las máquinas de entretenimiento actualmente en operación en la isla, y así dar paso a la 'videolotería'. Esto significa la pérdida de más de 5,000 empleos, a cambio de no más de 30 empleos, ya que se trabaja con una compañía que opera la LOTO para que se encargue del negocio de la 'videolotería'', señaló Pablo Javier Rivera Corraliza, presidente de EMPRECOM, en declaraciones escritas.

En el 2013 y 2014 se trató de legalizar la videolotería por medio de dos diferentes proyectos que no completaron el trámite legislativo. Ahora, el Departamento de Hacienda aprueba un Reglamento para dar paso a lo que esta legislatura rechazó en dos ocasiones.

Para la empresa de operadores, Hacienda está usurpando poderes que le competen a la Asamblea Legislativa. Rivera Corraliza se expresó decepcionado con la actitud del Gobernador, quien le había jurado que la videolotería no tenía espacio en su gobierno.

'Estamos frente a una persona que no tiene palabra, que falta a sus compromisos, y sobre todo, sorprende con el envío de un Reglamento Operacional de la Lotería Adicional, que no es otra cosa que entregar el negocio de entretenimiento a manos extranjeras', dijo en declaraciones escritas.

'Esto lo están haciendo en forma planificada, el documento lo enviaron solo al Senado de Puerto Rico, para que se agoten los 30 días reglamentarios, y de allí saltar a la aprobación de un reglamento con la firma del propio Gobernador, cuyo caso una vez agotado el tiempo, no se necesita la aprobación de los cuerpos legislativos', dijo.

De paso, Rivera Corraliza dijo que el documento enviado a la Legislatura tiene la firma del Secretario de Justicia, César Miranda, lo que constituye un serio conflicto de intereses,ya que el Secretario encabeza el grupo de confiscadores de máquinas en toda la isla.

'Entendemos que el Secretario de Justicia tenía que inhibirse en estampar su firma en este documento… No cabe duda que estamos evaluando seriamente radicar una querella, porque usted no puede ser acusador, juez y parte en una controversia, que está ante los tribunales. Más aún, estampar su firma para autorizar sustituir las máquinas de entretenimiento es una conflicto castigado por ley y conlleva hasta la pérdida del título de abogado, ya que como Secretario de Justicia está participando de un pleito contra los operadores de las máquinas existentes', dijo Rivera Corraliza.