La versión cameral de la Ley de Transformación del Sistema Contributivo creará dos estructuras para monitorear y evaluar los incentivos contributivos y otra para combatir la evasión de las corporaciones e individuos.

Actualmente, hay una gran cantidad de agencias al igual que municipios que otorgan beneficios o incentivos por lo que la información sobre la efectividad de los mismos está esparcida.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael ‘Tatito' Hernández sostuvo que se creó una estructura para fiscalizar los incentivos debido a que no se sabe 'cuál es el efecto certero'.

El llamado 'Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico' sería administrado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. El mismo recopilará de manera ordenada y en un mismo lugar la información necesaria para hacer una adecuada estrategia y fiscalización de los incentivos. Aunque la Cámara ordenó un estudio sobre los incentivos, los investigadores tuvieron dificultades en obtener data que permitiera medir la efectividad de estos.

El mecanismo no solo ayudará a que los comerciantes agilicen el proceso de solicitud de incentivos o créditos, sino que también le proveerá al gobierno una fuente empírica que le permita conocer la productividad de los beneficios otorgados.

El portal, que costará unos $2 millones, será el instrumento exclusivo que utilizarán las agencias que emiten algún tipo de incentivo o beneficio contributivo y permitirá la comunicación entre todas a fin de procesar, fiscalizar, validar y conceder los incentivos o beneficios.

De acuerdo a la ley, las agencias emisoras de incentivos deben evaluar las solicitudes de beneficios o incentivos contributivos y emitir un certificado de cumplimiento con toda la información necesaria por ley. Además, deben evaluar que los negocios o personas cumplan con los incentivos y certificarlas anualmente.

La certificación de cumplimiento, que será publicada en el portal, incluirá la disposición específica de la ley que ofrece el incentivo o beneficio, la naturaleza del mismo, cualquier variante respecto a la cantidad concedida de este, toda aquella información pertinente, según dispuesta en las leyes particulares, que refleje el resultado del impacto de la actividad incentivada en la economía de Puerto Rico, a fin de extraer información para análisis y estadísticas; la firma del funcionario certificando que toda la información es correcta y que la persona natural o jurídica cumple con todos los requisitos dispuestos en la ley.

El Instituto de Estadísticas tendrá el deber y responsabilidad de mantener el Portal y estará encargado de recopilar y transmitir la información. Además, debe preparar, en forma de gráficas, tablas o cualquier mecanismo que estime conveniente, el análisis de la información suministrada en las certificaciones de cumplimiento para saber el impacto de los incentivos concedidos sobre la economía puertorriqueña. Ese análisis será enviado a la Legislatura.

La medida enmendada también crea el 'Portal Interagencial de Fiscalización de la Responsabilidad Contributiva del Individuo y las Corporaciones' con el fin de corroborar que la información sometida por el contribuyente sobre sus ingresos se ajusta a la realidad de sus gastos.

El portal será una herramienta informática que permitirá correlacionar los datos enviados por las agencias sobre los ingresos reportados por los individuos y corporaciones, su responsabilidad contributiva, y las posesiones sobre propiedades muebles e inmuebles de estos a fin de identificar posibles discrepancias en la información.

Según la medida, con la creación de ambas herramientas tecnológicas, se innovará el proceso de fiscalización actual, en donde el Departamento de Hacienda se verá liberado de velar por el cumplimiento de las leyes de incentivos, delegándole a las agencias pertinentes el poder de evaluación y certificación de estos. De esa forma, Hacienda se enfocará en combatir la evasión.

Este portal estará bajo Hacienda y recibirá información de distintas agencias como el Departamento de Estado y la Oficina de Instituciones Financieras, que puedan permitir tener un cuadro sobre el ingreso y gasto del contribuyente.