La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo el jueves que no cree en la advertencia de los miembros de la Junta de Directores del Banco Gubernamental del Fomento (BGF) sobre la posibilidad de que se cierre el Gobierno en los próximos meses, dada la falta de liquidez en esa entidad y si no se aprueba la Reforma Contributiva.

'No. (No les creo). Francamente me parece acomodaticio que digan eso justamente el día después que no tienen los votos entrando a Fortaleza y no los tienen saliendo de Fortaleza', dijo Cruz en una entrevista en WKAQ, en la que además cuestionó por qué este planteamiento no se discutió en el caucus de los legisladores populares con el gobernador Alejandro García Padilla.

De acuerdo con la alcaldesa, en el pasado ya habían alertado que cerrarían las corporaciones de transportación en la isla si no se aprobaba el impuesto al petróleo, conocido como la crudita. Sin embargo, el temido cierre de operaciones nunca se produjo.

El martes trascendió que los miembros del equipo económico de García Padilla, que forman parte de la Junta de Directores del BGF, adelantaron la probabilidad de un 'cierre del gobierno' en los próximos tres meses. La advertencia está contenida en una carta que le remitieron al gobernador y a los presidentes del Senado y la Cámara, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, respectivamente.

Esta semana también se supo que en la Legislatura no existen los votos para aprobar la Reforma Contributiva que contempla un impuesto al valor añadido (IVA), cuya tasa aun es incierta, aunque se examina una tasa intermedia de entre 10 y 14 por ciento. La propuesta original del ejecutivo era de 16 por ciento.

Mientras tanto, la presidenta del BGF, Melba Acosta, confirmó que no se descarta la posibilidad de un cierre del gobierno, aunque aseguró gestionar todo lo necesario para evitarlo.

'Tengo que reconocer que en los pasados años se han tomado decisiones bien difíciles. Son decisiones importantes pero el problema que heredamos es tan grande que todavía hace falta más y por eso estamos donde estamos. Esto no es cuestión de bonistas, aquí está el pueblo de Puerto Rico que recibe los servicios del gobierno. Por eso queremos evitar que se de ese posible cierre… Esto es simplemente recordándoles que no hemos accedido al mercado, que la liquidez del Banco se está reduciendo y que necesitamos movernos un poco más rápido', dijo la funcionaria.

Reiteró que a pesar que se aprobó la nueva ronda de enmiendas a la 'crudita', aun no han podido acudir al mercado de bonos, pues es necesario se aclaren otros aspectos de la situación del país para poder explicarlos a los inversionistas.

Por su parte, el portavoz de la mayoría en el Senado, Aníbal José Torres dejó claro que no actúa por presión y aseguró el ejecutivo también tiene culpa por la situación fiscal y la incertidumbre en los mercados.

'Creo que es un mecanismo de presión y creo que no gana un solo voto si parte de esa premisa de que es un mecanismo de presión… Aquí no se trata de repartir culpas. Si se trata de repartir culpas, creo que ellos (el ejecutivo) también su cuota de responsabilidad y su deber de fiducia', dijo Torres en entrevista radial (NotiUno).

'Yo no actúo bajo esa presión', afirmó.

Azules catalogan como 'chantaje político' posible cierre de gobierno

Cualquier mención sobre un cierre gubernamental lo único que traerá es una devastadora incertidumbre en los mercados financieros y un gran desasosiego en el pueblo, aseguraron el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, la senadora Migdalia Padilla y el representante Waldemar Quiles.

Según dijo Aponte Hernández, el sólo hecho de que oficiales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), así como varios líderes del Partido Popular Democrático hagan mención de un posible cierre de las operaciones gubernamentales, tendrá un efecto detrimental en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento porque esto aumentará la percepción de los inversionistas sobre una de ‘alto riesgo' y exigirán garantías más estrictas lo que resultará en mayores impuestos a la gente.

'Estamos hablando de una administración que ya no tiene ninguna credibilidad en los mercados. Hace más de cuatro meses que viene hablando de tomar un préstamo usando como fuente de repago la segunda versión del impuesto al barril de petróleo, la crudita como se conoce, y no lo han logrado porque ni tan siquiera pueden presentar los informes financieros del gobierno a tiempo. Ayer, inclusive, un gerente de fondos de cobertura de riesgo (hedge funds) fue claro al decir que los bonistas están exigiendo más controles de gastos y garantías de estabilidad. Con este desacertado anuncio de un posible cierre, el mensaje que se lleva es todo lo contrario. Aquí lo que reina es la inestabilidad y la improvisación. El gobernador Alejandro García Padilla vino a experimentar con Puerto Rico y todos hemos perdido', comentó el expresidente de la Cámara de Representantes en un comunicado.

Por su parte Quiles, quien es el portavoz de la delegación del PNP en la Comisión cameral de Hacienda, aseguró que con el anuncio, que calificó como un mecanismo de presión política dirigido a cuatro o a cinco legisladores populares, el mercado clasificará la deuda de Puerto Rico a los niveles más bajos de la historia. 'En esencia, se hará casi imposible tomar prestado a intereses menores que el 14 por ciento', dijo.

'El mensaje que esto lleva es devastador. Los bonistas e inversionistas lo único que pensaran es que con el cierre del gobierno, más de 140,000 empleados públicos se quedarán sin cobrar su sueldo. Esto tendrá un efecto dominó en la economía ya que la mayoría de los funcionarios dependen de su salario para el día a día. Varios gobiernos municipales anunciaran, sin duda, que cesarán operaciones ya que reciben la mayor parte de sus remesas del gobierno central. Las escuelas y universidades públicas también tendrán que cerrar sus puertas. Ese es el mensaje que García Padilla y el resto del incompetente equipo económico del gobierno le está llevando a quienes nos prestan', manifestó Quiles, quien representa los municipios de Utuado, Lares, Adjuntas y Jayuya.

Por otro lado, Padilla, senadora de la Palma por el distrito de Bayamón, cuestionó la necesidad de 'chantajear a los legisladores populares nuevamente'.

'Este desgobierno ha aprobado una plétora de nuevos impuestos para alegadamente solucionar el problema de solvencia del Banco. Si el resultado es el que están diciendo, entonces esta es una admisión histórica que la destrucción del Sistema de Retiro de Empleados Públicos, así como la de los Maestros y hasta la de la Judicatura, no sólo fue en vano, sino que resultó ser un colosal error. No se supone que medidas de austeridad fiscal evitaran esto? Qué pasó con la Ley 66? Realmente todos los impuestos que le han metido a la gente han sido por gusto. Las tres versiones de la crudita, el impuesto a las remesas y las transacciones bancarias, por mencionar algunos, fallaron. Tiene que haber un responsable, pero este gobierno no le importa eso, es improvisación tras improvisación', añadió Padilla.

Mientras, Aponte Hernández volvió a pedirle a los legisladores populares a no dejarse amedrentar con esta táctica del miedo. Además, exhortó al liderato popular en la Legislatura a poner un alto al gobernador en sus pronunciamientos sobre un posible cierre de gobierno debido al efecto detrimental que tienen esas expresiones en los mercados.

'Los populares tiene que recordar que el noviembre este Gobernador amenazó con cerrar la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), el Tren Urbano, el servicio de las lanchas hacia Vieques y Culebra, entre otras cosas, porque alegaba que no tenía dinero para pagar la nómina del 15 de diciembre. Utilizó esto para intentar aprobar la Crudita II. Como sabemos la crudita no se aprobó pero no hubo que hacer el cierre, fue todo presión, lo mismo que están haciendo ahora. Parece ser que se les olvido el resultado desastroso del cierre innecesario que provocaron en el 2006 que causó el comienzo del periodo recesionario en que nos encontramos todavía', sostuvo.

Para concluir, los legisladores estadistas volvieron a pedir la dimisión de la presidenta del BGF, Melba Acosta, 'por llevar al gobierno a la insolvencia en menos de tres años'.